Las claves
José Luis Ábalos considera «excesiva» la pena superior a 24 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo, alineándose con otros miembros del PSOE.
El exministro señala especialmente la excarcelación del empresario Víctor de Aldama, a pesar de su condena, debido a su colaboración con la Justicia.
Ábalos denuncia que tanto él como su antiguo asesor Koldo García sufrieron «tortura física y psicológica» durante el proceso judicial.
Opina que la sentencia tiene «clara repercusión política» y anuncia su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
José Luis Ábalos ha roto su silencio, valorando por primera vez en persona la condena superior a 24 años impuesta por unanimidad por el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes y ex mano derecha de Pedro Sánchez calificó la sentencia como «excesiva», coincidiendo con comentarios de varios dirigentes del PSOE.
El exsecretario de Organización del PSOE, quien no reconoce los cargos que se le imputan, centró sus críticas en el «premio al colaborador» y la «impunidad», refiriéndose a la decisión judicial de eximir de prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años de cárcel.
Estas declaraciones surgieron de la prisión de Soto del Real, donde Ábalos cumple la pena de más de 24 años por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el caso Mascarillas, recogidas en audios difundidos por la Cadena Ser.
«Recibí la sentencia con decepción. Tenía la intuición de que habría condena, pero no esperaba unas penas tan elevadas que, estoy seguro, sorprendieron incluso a quienes deseaban la máxima pena», comentó el exministro socialista.
En una línea similar se expresó Óscar Puente, sucesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, quien calificó la sentencia como «extremadamente aleccionadora» y desproporcionada «a ojos de cualquiera».
Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, profundizó en esta crítica: «Aceptamos que Ábalos haya sido condenado a 24 años, aunque nos parece desproporcionado comparado con otros casos. Pero no comprendemos cómo ser corruptor en este país resulta rentable. No solo evita prisión, sino que además conserva el dinero de su corrupción y se le recompensa por colaborar con la Justicia».
Juicio «político» y «preestablecido»
La suspensión de la pena para Víctor de Aldama, quien cumplirá un año de trabajos comunitarios, fue el aspecto más cuestionado del fallo del Tribunal Supremo por parte del Gobierno y el PSOE.
«Aldama confesó por conveniencia propia, buscando la impunidad y para evitar consecuencias en otros procesos», aseguró Ábalos. «Ese fue su verdadero objetivo, logrado mediante un acuerdo [con la Fiscalía Anticorrupción]». Según él, el comisionista «continúa en sus actividades ilícitas» y no mostró «ningún arrepentimiento ni intención de clarificar hechos».
«Considero que la corrupción es arbitrariedad. También hay otros factores que socavan la democracia, como la desproporción y el premio al delator sin remordimientos», reflexionó el exnúmero dos del presidente del Gobierno, recordando que Aldama ya estuvo privado de libertad por liderar una organización criminal vinculada a hidrocarburos.
Finalmente, Ábalos denunció que él y su exasesor Koldo García soportaron «más de un mes de tortura física y psicológica«, destacando lo humillante que resulta llegar esposado cada día al Supremo, además de las enormes dificultades para su defensa debido a las condiciones penitenciarias.
«El señor Aldama no implicó a nadie que no tuviera un carácter político (…) Sólo señaló a personas con cargos políticos y, por tanto, estimo que todo esto tiene claras implicaciones políticas«, concluyó, asegurando que el fallo «estaba predeterminado» y que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.