Francisco Martínez denuncia la obligación de seguir conduciendo pese a que su salud representa un riesgo
El caso de Francisco Martínez, un conductor de autobús que presenta varios problemas de salud, ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en trabajos con riesgos. A pesar de padecer desde hace años dolencias cervicales, lumbares y en las manos, además de depender de medicamentos que pueden afectar su capacidad de respuesta, se le ha declarado apto para continuar manejando un vehículo.
Martínez comentó en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 que su situación médica es complicada y que ha empeorado con el tiempo. Actualmente, consume hasta cinco medicamentos diferentes, entre ellos diazepam, antidepresivos y opiáceos que, según él, “en conjunto constituyen un riesgo”, dado que influyen negativamente en la concentración, los reflejos y la habilidad para reaccionar al volante.
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Durante siete años, Martínez ha intentado obtener el reconocimiento de incapacidad laboral debido a sus múltiples problemas de salud. Sin embargo, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) de Barcelona dictaminó que es apto para seguir en su empleo, resolución que el conductor ha impugnado al considerar que no refleja adecuadamente su condición ni las exigencias del trabajo.
“No me siento capacitado para conducir un autobús”
El conductor realiza la ruta interurbana entre Mataró y Barcelona, un recorrido que combina tráfico urbano, vías convencionales y autopistas. Esta diversidad de escenarios, explica, demanda una atención constante y una capacidad de reacción que considera comprometida debido a su estado de salud.
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Su mayor preocupación no es por su propia seguridad, sino por las consecuencias que su estado podría tener para los pasajeros y para otros conductores en la carretera. “Si sufriera un accidente y hubiera personas heridas o fallecidas, esa carga sería muy difícil de soportar. No me siento capaz de conducir un autobús”, asegura.
El tribunal médico de Barcelona le impone continuar trabajando
Martínez fue evaluado por el tribunal médico de Barcelona basándose en un informe sintetizado de la Seguridad Social que recabó información sobre sus enfermedades y tratamiento farmacológico. Sin embargo, asegura que ciertos datos clínicos importantes no fueron considerados en la decisión final, obligándolo a seguir desempeñándose en el transporte de pasajeros.
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Frente a esta resolución, el conductor recurrió a un médico forense para que revisara su caso, pues considera que su estado clínico no fue valorado de manera integral.
Este caso evidencia el funcionamiento del sistema de valoración de incapacidades en España, establecido por la Ley General de la Seguridad Social, que delega al Instituto Nacional de la Seguridad Social la responsabilidad de determinar la existencia de una incapacidad permanente. En el proceso intervienen órganos médicos especializados como el ICAM en Barcelona, que emiten informes sobre la aptitud laboral del trabajador.
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Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone a las empresas la obligación de velar por la seguridad y salud de sus empleados, así como la de adaptar los puestos de trabajo cuando existan limitaciones médicas que puedan suponer un peligro.
Más allá de su caso particular, Martínez afirma que no es un hecho aislado y que conoce a colegas del sector en condiciones similares. Su testimonio reabre el debate sobre el equilibrio entre la evaluación médica, la continuidad laboral y la seguridad vial en profesiones en las que un error puede tener consecuencias graves.
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