La Unión Europea asigna 846 millones para la recuperación de Valencia tras la DANA, la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en su historia

El dinero, que se suma a los 100 millones ya liberados en marzo, financiará desde la reparación de carreteras hasta la recuperación del patrimonio cultural destruido por las riadas

Imagen de Paiporta, Valencia, tras la dana. (Cedida a Infobae)

Casi 850 millones de euros del Fondo de Solidaridad europeo serán enviados próximamente a España para apoyar la reconstrucción de las áreas devastadas por la DANA de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. La suma, que asciende a 846 millones, se añade a los 100 millones adelantados por Bruselas en marzo de 2025 para cubrir las primeras tareas de recuperación, alcanzando un total comprometido de 946 millones.

“Las inundaciones en Valencia fueron una tragedia a nivel europeo”, afirmó Ursula von der Leyen en un comunicado oficial recogido por Europa Press. En su declaración, la presidenta de la Comisión Europea describió el desembolso como una “manifestación tangible de la solidaridad de la Unión Europea” con los españoles que “siguen soportando el peso de la pérdida y el sufrimiento”, concluyendo con un mensaje a la ciudadanía: “A España, hoy y mañana, Europa está con vosotros”. El Parlamento Europeo aprobó la transferencia en noviembre pasado con 622 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

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Infraestructuras, vivienda y prevención de nuevas inundaciones

Los fondos están destinados a varias áreas concretas. Una parte se empleará en la reparación de infraestructuras esenciales que sufrieron daños durante las riadas: carreteras, puentes, sistemas de suministro de agua y redes energéticas. Otra porción se destinará al alojamiento temporal de las personas que continúan desplazadas de sus hogares.

El tercer segmento de inversión se centrará en la prevención. Los recursos permitirán fortalecer los sistemas creados para mitigar el impacto de futuras inundaciones, incluyendo las redes de drenaje urbano, la recuperación de las orillas de los ríos y la mejora de los mecanismos de alerta temprana que fallaron o resultaron insuficientes durante la emergencia.

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Esta partida también cubre la restauración de sitios del patrimonio cultural afectados por las riadas, una dimensión que trasciende la infraestructura física e incide en el tejido histórico e identitario de los municipios dañados. Además, se incluyen las operaciones de limpieza a gran escala que siguen en marcha en varias zonas: la retirada de escombros acumulados y la descontaminación ambiental de terrenos y cauces impactados por el paso del agua y el barro.

La segunda mayor ayuda de solidaridad en la historia de la UE

La Comisión Europea valoró los daños directos totales ocasionados por la catástrofe en 18.080 millones de euros, aunque inicialmente las autoridades españolas habían estimado 20.280 millones en su solicitud oficial de ayuda. La DANA causó al menos 230 fallecidos, afectó a más de 500 kilómetros cuadrados y dañó aproximadamente 2.600 viviendas, además de destruir infraestructuras completas en la provincia de Valencia.

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Debido a esta magnitud, la Comisión Europea llevó a cabo una evaluación pormenorizada del impacto y estableció en 945 millones de euros la contribución total posible de los fondos comunitarios para apoyar a España en la reconstrucción. El Consejo, que reúne a los gobiernos de los estados miembros, y el Parlamento Europeo aprobaron esta cifra. Ese respaldo institucional posibilitó la liberación ahora de los 846 millones restantes tras el anticipo de marzo.

El monto del desembolso convierte esta acción en la segunda mayor en la historia del Fondo de Solidaridad desde su creación en 2002, únicamente superada por los 1.200 millones asignados a Italia en 2017 tras los terremotos que afectaron el centro del país. Además, los 946 millones otorgados a España representan el 81% del total previsto para el fondo en 2025, que suma 1.167 millones.

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Este fondo fue creado precisamente para que los países miembros no enfrenten solos las consecuencias de desastres a gran escala, y su activación necesita la autorización conjunta de las dos principales instituciones legislativas de la UE.

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