Aumenta la inquietud sobre que el indulto a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia incentive a que Julito Martínez o Leire Díez destapen otros casos que afectan a los socialistas
La resolución del caso mascarillas ha funcionado para el Gobierno y el PSOE como un recordatorio contundente. La sentencia, que condena a José Luis Ábalos, ex ministro y antiguo mano derecha de Pedro Sánchez, a 24 años de cárcel, se convirtió en un duro golpe para el PSOE. Representó un recuerdo palpable de la corrupción interna. Frente al discurso del núcleo central de La Moncloa y Ferraz, que sostiene que la corrupción, especialmente esta trama, «está superada» y «no representa un costo electoral», el fallo removió a los socialistas, en especial a los cuadros y cargos intermedios que lidian diariamente con la gestión. «Estamos hartos de que nos acusen de corrupción. Ellos no [la cúpula], pero a nosotros sí nos afecta», comenta una dirigente.
Ábalos fue uno de los dirigentes que Pedro Sánchez decidió apartar. A diferencia de lo ocurrido con José Luis Rodríguez Zapatero, públicamente cortó vínculos con él antes incluso de su imputación. Esa medida es el argumento que emplea el presidente del Gobierno y secretario general socialista para eludir responsabilidades políticas pese a la condena. «El PSOE actuó desde el primer momento», aseguran desde Ferraz. «La corrupción no solo define a quienes la cometen, sino también a quienes intervienen y a quienes prefieren mirar hacia otro lado. Esa es la diferencia esencial entre el PSOE y el PP. Nosotros tomamos acción. Ellos continúan en una sede donde existía una caja B«. Sánchez es el primer presidente que permanece en el cargo teniendo a un ministro condenado por corrupción.
Mientras la cúpula socialista continúa intentando limitar esta trama corrupta a «un par de manzanas podridas» y niega la existencia de «corrupción sistémica» en el Ejecutivo, dentro del partido lamentan que ese discurso pierda fuerza y credibilidad. Recordemos que fue con esa bandera con la que Sánchez impulsó la moción de censura contra Mariano Rajoy. «Lo decía Zapatero, aunque ahora no sé si podrá sostenerlo, pero Pedro ya no podrá afirmar que en su gobierno no ha habido corrupción. Cuenta con un ministro condenado», señala un cargo socialista.
La sentencia fue dada a conocer minutos antes de la intervención de Sánchez en el cierre del foro ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación‘, al que asistieron los principales miembros del Ejecutivo, hasta diez ministros. Ninguno hizo referencia alguna al tema. «Lamentamos y condenamos sin reservas conductas que vulneran claramente esos principios, y reiteramos nuestro compromiso para seguir construyendo una España ejemplar, donde la corrupción no sea aceptada ni permitida», declararon fuentes de La Moncloa. «Somos un gobierno que apuesta por la transparencia, el mérito y la integridad como pilares fundamentales del servicio público».
El Ejecutivo desvincula esta causa judicial de otras investigaciones que afectan, por ejemplo, a Begoña Gómez o David Sánchez, esposa y hermano del jefe del Gobierno. «No cuestionamos el proceso», afirman fuentes gubernamentales, aunque muestran su descontento respecto al calendario de esta sentencia o la pesquisa que involucra a Zapatero. «No es casualidad que estos procedimientos coincidan con las semanas en que se juzga la Kitchen, que afecta al PP».
No obstante, lo que genera mayor preocupación en el Gobierno y el PSOE es que el Supremo haya premiado a Víctor de Aldama por su cooperación con la Justicia, evitando así su ingreso en prisión. «Es un mensaje muy claro: quien colabora, recibe beneficios», señala un dirigente. «Parece evidente que este mensaje está dirigido al resto», indican fuentes oficiales. En especial, la atención se centra en Julito Martínez y Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, ya que, si decidieran destapar irregularidades, complicarían el futuro tanto del ex presidente Zapatero como del propio PSOE.
«Si Julito decide delatar, estamos acabados», confesaban recientemente fuentes de la dirección socialista, evidenciando el temor a que realmente destape secretos vinculados al expresidente. «La colaboración en este país sí tiene recompensa», manifestó el propio Aldama tras conocer la sentencia. «Espero que esta resolución sirva para que los demás involucrados colaboren».