Las claves
Pedro Sánchez establece distancia con José Luis Ábalos tras la condena de este, ubicándolo en el pasado del PSOE.
El Ejecutivo mantiene una táctica de aparente normalidad y evita pronunciarse públicamente sobre la condena por corrupción a Ábalos.
En Moncloa temen que otros implicados como Leire Díez o Santos Cerdán colaboren con la Justicia y provoquen más perjuicios para el PSOE.
La sentencia del Supremo refuerza la postura del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, partidario de acuerdos con coimputados.
En Moncloa se esperaba una sentencia condenatoria en el primer proceso judicial en el que se juzgó a José Luis Ábalos.
De igual forma, se muestran pesimistas respecto al juicio que llevó al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente, cuya resolución aún está pendiente.
Por ello, existía una estrategia ya diseñada y afinada para responder al fallo del Tribunal Supremo dado a conocer este lunes.
La primera medida en este protocolo es marcar distancia respecto a Ábalos, sobre quien reaccionan oficialmente con estas palabras: «Lamentamos y condenamos sin reservas conductas que claramente han vulnerado nuestros principios».
En otras palabras, en este caso no sucede lo mismo que con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a quien siguen respaldando a pesar de su condena, continuando con las críticas a la sentencia del Supremo.
Ahora solo hay frialdad y distanciamiento, como si Ábalos no hubiera cometido los delitos en su etapa como ministro y secretario de Organización del PSOE.
Sánchez, según fuentes cercanas, considera que la responsabilidad política por este asunto ya está saldada. Se considera que ya se ha pasado página tras la expulsión de Ábalos.
La estrategia incluye el intento de mantener una apariencia de normalidad, es decir, que el Gobierno continúa enfocado «en la defensa de los intereses ciudadanos» apoyado en los datos económicos.
Así, mientras se daba a conocer la condena, el presidente del Gobierno hablaba en el Teatro Real sobre fondos europeos, baldosas fotovoltaicas y cohetes, con un acto musical, sin mencionar la corrupción.
Poco después difundió un vídeo en TikTok con recomendaciones para protegerse de la ola de calor y este martes llevará a cabo un acto relacionado con la discapacidad. En definitiva, la instrucción es mantener la normalidad aparente.
En esta línea se desarrollará la intervención del presidente en el pleno del Congreso el miércoles, donde se referirá a los escándalos que le afectan.
Compareció en la sede del PSOE cuando se imputó a Ábalos y luego frente a la imputación de Santos Cerdán, pero ahora, con la sentencia, considera que no es necesario hacerlo, pese a que el Tribunal Supremo confirma que, siendo ministro, mano derecha del presidente y secretario de Organización, tuvo un papel destacado en esta trama delictiva.
Defiende a José Luis Rodríguez Zapatero y, por supuesto, a Begoña Gómez, pero a Ábalos y Cerdán el presidente los ubica en el pasado.
La estrategia para este caso se entrelaza con duras críticas contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente, lo que permite al Gobierno y al PSOE sostener la narrativa de persecución, conspiración y, en definitiva, del lawfare.
Miembros del Ejecutivo consideran que este caso fortalece esa postura, disminuye la credibilidad de la actuación judicial en otros procesos abiertos y une a militantes y votantes del partido.
La ‘doctrina Luzón’
En la reacción a la sentencia del denominado caso Mascarillas existe un aspecto al que se aferra el Gobierno y el PSOE para criticar, y a la vez, desviar la atención sobre los hechos juzgados y condenados. Se trata de la reducción de la condena para Víctor de Aldama gracias a su colaboración con la Justicia, aplicándole un atenuante en su grado máximo.
Aquí converge el habitual rechazo de los partidos hacia quienes, estando imputados, colaboran y delatan, como ha ocurrido en casos como GAL, Filesa, Gürtel o Púnica, temerosos del efecto que puede generar la aplicación del atenuante, es decir, el temor a un efecto imitativo.
No es ningún secreto que temen que Julio Martínez (Julito), supuesto testaferro de Zapatero, tome ese mismo camino.
Pero también podría tratarse del caso de Leire Díez o de Santos Cerdán, quien ha sido aislado como posible protagonista exclusivo de la corrupción en el PSOE durante su etapa como secretario de Organización y principal responsable de la creación de las cloacas del partido.
Una colaboración de alguno de ellos con la Justicia derrumbaría al PSOE, al Ejecutivo y al propio presidente.
Por otra parte, el Gobierno interpreta que la sentencia unánime del Tribunal Supremo avala al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, defensor de pactos con coimputados y partidario de concesiones para ellos, como en el caso de Aldama. La sentencia confirma, de hecho, casi todos los detalles de su informe final durante el juicio.