Las claves
Pedro Sánchez es el primer presidente en democracia que cuenta con un ministro en activo condenado por corrupción.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y colaborador cercano de Sánchez, ha recibido una condena de 24 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo.
Ábalos fue relevado de su cargo en 2021, aunque Sánchez no aclaró las causas y mantuvo su candidatura número uno del PSOE por Valencia en 2023.
La sentencia contra Ábalos representa la mayor pena impuesta a un exministro en la historia democrática española.
Pedro Sánchez se ha convertido en el primer presidente del Gobierno en democracia con un ministro en ejercicio condenado por corrupción.
José Luis Ábalos fue sentenciado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo debido a hechos ocurridos durante su gestión como ministro de Transportes entre 2018 y 2021. Además, ejercía como secretario de Organización del PSOE y era una figura clave para Sánchez tanto en la administración como en el partido.
Fue quien defendió, en nombre de Sánchez, la moción de censura contra Mariano Rajoy que facilitó su llegada a La Moncloa, con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción.
Ábalos fue cesado por Sánchez en julio de 2021, sin que se hayan dado detalles oficiales sobre el motivo, aunque persisten dudas razonables acerca del conocimiento que el presidente tenía respecto a las actividades irregulares de su colaborador más próximo.
Incluso, en 2023 le mantuvo como cabeza de lista del PSOE por Valencia, ignorando reportes que ya señalaban «conductas inapropiadas» por parte de Ábalos.
Al estallar el caso en 2024, inicialmente con la detención de su asesor Koldo García, también condenado en este proceso, Sánchez relegó a Ábalos del Grupo Socialista, solicitó la devolución de su escaño, aunque este optó por permanecer en el Grupo Mixto.
Solo un año después fue expulsado del partido; tras su imputación, Sánchez compareció ante la prensa en la sede central del PSOE para ofrecer disculpas.
Al ser cuestionado sobre si asumía responsabilidades políticas por las acciones de su mano derecha, afirmó que sí, pero sin traducir esas palabras en acciones concretas. Lo mismo ocurrió en junio de 2025 tras la imputación del sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán: asumió la responsabilidad política sin aplicar medidas específicas, sin contemplar ni dimisión ni elecciones anticipadas.
Actualmente, todo apunta a que se repetirá esta dinámica, tras conocerse una sentencia firme, sólo susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que adelanta lo que podría suceder en otros casos en instrucción que también involucran a Ábalos.
Por otro lado, la sanción leve impuesta a Víctor de Aldama abre la posibilidad a que otros imputados en diferentes procesos vinculados al Gobierno y al PSOE opten por colaborar con la Justicia.
Sánchez no toma medidas
La difusión de la sentencia del Tribunal Supremo coincidió este lunes con la participación de Sánchez en el acto de clausura España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación, celebrado en el Teatro Real de Madrid.
Siguiendo la estrategia de Moncloa, que consiste en mostrar que la actividad gubernamental continúa al margen de los escándalos de corrupción, el presidente no hizo referencia alguna a la sentencia en su discurso.
Desde Moncloa explicaron que son «un gobierno que sostiene la transparencia, el mérito y la integridad como pilares fundamentales del servicio público. Durante estos años, hemos formado equipos, actuado y promovido numerosas leyes y regulaciones amparados en estos valores».
«Por ello lamentamos y condenamos sin reservas comportamientos que han transgredido claramente dichos principios y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar donde la corrupción no sea tolerada ni premiada», añadieron.
Fuentes gubernamentales reiteran que la condena a Ábalos no motivará ninguna acción adicional por parte de Sánchez, pues consideran que la expulsión del partido ya representa una medida suficiente.
En democracia, otros exministros han sido condenados por corrupción, como Jaume Matas, Eduardo Zaplana o Rodrigo Rato, todos del PP, pero en casos ocurridos después de abandonar sus cargos; además, los presidentes de esos gobiernos, como José María Aznar, ya no estaban en funciones cuando se dictó la sentencia.
Situación similar vivió José Barrionuevo, ministro del Interior con Felipe González, condenado por el secuestro de Segundo Marey cuando ambos ya habían dejado sus responsabilidades gubernamentales.
La pena impuesta a Ábalos es la sanción más severa otorgada a un exministro en la etapa democrática.