El encargado de la Sala de lo Penal, que presidió el tribunal que juzgó a Ábalos, Koldo y García Ortiz, releva a Pablo Lucas, quien se jubilará el próximo 13 de julio.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido hoy jueves nombrar al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado encargado de conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Según lo indicado en un comunicado, el Pleno del CGPJ ha acordado que Martínez Arrieta asuma el cargo tras el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pablo Lucas, que se retirará el 13 de julio próximo y había estado supervisando las operaciones de los servicios secretos españoles desde 2009.
Martínez Arrieta, quien lidera la Sala de lo Penal desde el año pasado, presidió el tribunal encargado del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por posibles irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, además del juicio que terminó con la condena del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha resuelto designar al magistrado de la Sala Tercera del Supremo Eduardo Calvo Rojas como magistrado suplente, cargo que Martínez Arrieta desempeñaba desde diciembre de 2017.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado del Tribunal Supremo encargado de autorizar las actividades del CNI que puedan afectar a derechos fundamentales, como la entrada en domicilios y el secreto de las comunicaciones, será nombrado por un período de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o la Sala Tercera del tribunal, que cuenten con al menos tres años de servicio en esa categoría.
Seis plazas nuevas
Además, el Pleno del CGPJ ha acordado solicitar la creación de seis plazas de magistrado en el Tribunal Supremo: dos en la Sala de lo Civil, dos en la Sala de lo Penal y dos en la Sala de lo Social.
Esta solicitud forma parte de la respuesta a un oficio del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, respecto al proyecto de real decreto para la creación de 500 unidades judiciales previstas en la programación de 2026 y la adaptación de la planta judicial.
Se ha propuesto un calendario para la activación de estas nuevas plazas en tres etapas durante 2027: el 1 de enero para aquellas que se integren en órganos colegiados (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales) y las de adscripción territorial (JATs); el 1 de junio para las creadas en juzgados de ciudades sede de tribunales superiores de justicia o audiencias provinciales, incluidas sedes desplazadas; y el 1 de noviembre para el resto de las plazas establecidas.
El CGPJ ha destacado que resulta «esencial» que las nuevas plazas judiciales dispongan «de medios materiales, tecnológicos y humanos adecuados para el desempeño efectivo de la función jurisdiccional».
Por otro lado, el CGPJ ha dado luz verde a las propuestas relacionadas con varias secciones de Violencia sobre la Mujer, como la extensión de la sección de Córdoba para abarcar los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.
También ha aprobado la creación de esta sección en el Tribunal de Instancia de Lucena, ampliando su jurisdicción a los partidos judiciales de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera.
De igual forma, ha respaldado la creación de una nueva plaza judicial en esta sección del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, extendiendo su competencia al partido judicial de Amurrio.