Las claves
La Policía Nacional rechaza las sugerencias del juez Peinado acerca de una posible cooperación de los escoltas de Begoña Gómez en una eventual fuga y defiende el honor del cuerpo.
El juez Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez y planteó la hipótesis de que los agentes de su escolta podrían facilitar la evasión de la justicia.
El CGPJ analizará si incoar expediente a Peinado por sus declaraciones, tras la queja formal presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Begoña Gómez, su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés serán llevados a juicio por delitos como tráfico de influencias, corrupción y malversación vinculados a la cátedra de la Complutense.
La Policía ha respondido negativamente a las afirmaciones del juez Peinado, luego de que este magistrado ordenara la retirada del pasaporte de Begoña Gómez ante el riesgo de fuga, a pesar de que cuenta con escolta.
El juez incluso sugirió que podrían ser los propios escoltas quienes ayudaran a la esposa del presidente a evadir la justicia, algo que fue rechazado rotundamente por el cuerpo policial.
Por ello, la Dirección General de la Policía Nacional ha calificado de «valoración especulativa» las insinuaciones del juez y ha defendido con firmeza «el honor, la integridad y el prestigio» de sus integrantes.
«Cualquier afirmación que coloque bajo la sombra de la duda la labor de los agentes, insinuando que puedan colaborar en la evasión de la justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares de personas bajo su custodia o protección, es completamente injustificada», sostiene la Policía Nacional en un comunicado divulgado este domingo.
La institución recuerda que desempeña su trabajo «bajo principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto acatamiento a la ley».
Basándose en estos principios, los agentes aseguran que esto «excluye totalmente el cumplimiento de órdenes que sean manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico».
«La honorabilidad de la Policía Nacional se sostiene en su historial de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en sus miembros», destacan.
Igualmente, subrayan que esta defensa de la integridad de los funcionarios «no entra en contradicción con el respeto institucional debido a la independencia judicial y a todas las decisiones que provienen del Poder Judicial».
El pasado sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y estableció como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
En el auto, el magistrado señala que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que componen la escolta de Gómez «en algún momento podrían, ya sea por iniciativa propia o acatando órdenes superiores, ser precisamente quienes colaboren en las acciones destinadas a facilitar esa fuga que impida que la acusada esté a disposición de la justicia».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá previsto estudiar este lunes si incoa expediente a Peinado por sus manifestaciones en el auto, al considerarlas una posible «falta grave de respeto» hacia los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Después de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó el sábado su «más enérgica queja» al CGPJ y solicitó la adopción de «las medidas oportunas dentro de sus competencias».
En su escrito, Marlaska se dirigió a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para manifestar su desacuerdo ante el «serio cuestionamiento a la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» expresado por el juez Peinado, hecho que el ministro considera «de extrema gravedad».
La investigación
Luego de casi dos años de investigación, Peinado ha abierto juicio oral contra Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, imputándoles los mismos cargos a su asesora Cristina Álvarez.
Asimismo, el empresario Juan Carlos Barrabés será juzgado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios privados entre particulares.
El juez mantiene, como en ocasiones anteriores, que los hechos deben ser juzgados por un tribunal de jurado, debido a la «conexidad» entre los distintos delitos.
Desde abril de 2024, Peinado indaga asuntos relacionados con la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el desarrollo del ‘software’ asociado y las funciones desempeñadas por su asesora, así como su vínculo con el empresario Barrabés, a quien, según el juez, pudo favorecer en concursos públicos.
La resolución de Peinado emitida el sábado, que marca el cierre de la instrucción, se ha retrasado más de lo previsto, considerando que la ley establece un plazo de tres días desde la vista del lunes anterior.
En las 84 páginas del auto, Peinado detalla cómo, a su juicio, los tres investigados cometieron los delitos por los que propone llevarlos a juicio.
En el caso de Gómez, el magistrado concluye que utilizó su influencia para obtener patrocinadores para la cátedra y beneficiarse económicamente, señalando una «actuación conjunta y coordinada» entre la esposa de Sánchez y su asesora en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra, utilizando para ello a Barrabés y el ‘software’ desarrollado.
«La acusada fue la promotora de la captación de fondos privados y, presuntamente, no para la cátedra universitaria pública, sino para incorporarlos a su patrimonio personal», señala sobre Gómez.
Además, el magistrado indica que Gómez deberá responder como responsable civil por un gasto de 113.765 euros, derivado del perjuicio señalado por la Universidad Complutense de Madrid, parte afectada en el caso.