Las claves
El CGPJ examina la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado debido a sus declaraciones sobre los escoltas de Begoña Gómez.
En un auto, el juez Peinado insinuó que los policías encargados de la protección de Begoña Gómez podrían facilitar su huida de España.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, formuló una queja formal ante el CGPJ, calificando las afirmaciones del magistrado como un serio desafío a la profesionalidad de los agentes.
La Comisión Permanente del CGPJ se reunió de urgencia para analizar la posibilidad de abrir un expediente y podría celebrar una nueva sesión el lunes.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera iniciar un proceso disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que custodian a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían colaborar en su fuga de España.
Este domingo, desde las 10:00 horas, la Comisión Permanente del CGPJ celebró una reunión urgente de forma telemática para decidir si se remite el caso al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.
Los integrantes de la comisión están evaluando diferentes propuestas y existe la posibilidad de convocar un nuevo encuentro el lunes desde las 9:00 horas, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Esta convocatoria extraordinaria del domingo sigue a la queja formal trasladada el sábado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la que expresó la «más enérgica reproche» respecto a las declaraciones del juez Peinado sobre los agentes que protegen a Begoña Gómez en su auto.
En esa resolución, que consta de 84 páginas y está fechada el sábado, el magistrado sostiene que «no hay duda» de que los agentes que acompañan a Gómez podrían, «ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de superiores», facilitar «la acción o acciones destinadas a posibilitar esa fuga, impidiendo así que la acusada esté disponible para la justicia».
Para el ministro, tales afirmaciones constituyen un serio cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor se ejerce estrictamente dentro del marco legal y es una de las principales garantías del Estado de Derecho.
Marlaska añadió que las sospechas expresadas por el magistrado se extienden tanto a los agentes que prestan el servicio de escolta como a sus superiores, al afirmar la posibilidad de que emitieran órdenes ilegales.
El ministro de Interior considera estas afirmaciones «un asunto de máxima gravedad» y ha solicitado al CGPJ que tome «las medidas que correspondan conforme a sus competencias», destacando la «total profesionalidad» tanto de los agentes como de sus superiores.