Las claves
El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa del presidente, obligándola a presentarse en los juzgados cada 15 días debido al riesgo de fuga.
Peinado ha acelerado el proceso investigador y ha ordenado la apertura de juicio oral contra Gómez, su asistente y el empresario Juan Carlos Barrabés, sin aguardar la resolución de recursos esenciales.
El juez ha manifestado desconfianza hacia los agentes de la Policía Nacional que custodian a Gómez, insinuando que podrían colaborar en un posible intento de fuga.
La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir en las semanas próximas si el caso contra Gómez continúa y será juzgado por un tribunal de Jurado.
Por primera vez, la esposa de un presidente del Gobierno tendrá que acudir a ‘fichar’ en los Juzgados de Plaza de Castilla cada quince días junto a personas investigadas por delitos como violación, estafa o falsificación, cuando los jueces detecten riesgo de fuga.
Begoña Gómez, a diferencia de esos imputados, asistirá acompañada por agentes de la Policía Nacional que regularmente la escoltan. No obstante, su presencia constante no ha bastado para que el juez Juan Carlos Peinado descarte el peligro de que la mujer del jefe del Ejecutivo eluda la justicia.
Peinado desconfía tanto de esos policías como de sus superiores, creyendo que podrían incurrir en delitos para facilitar la huida de Begoña Gómez. «Esos agentes, en determinado momento, podrían, ya sea por iniciativa propia o acatando órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la ejecución de acciones destinadas a favorecer esa fuga, que imposibilite que la acusada esté a disposición judicial», escribe en la resolución divulgada ayer.
El juez formula esta seria sospecha sobre el comportamiento de agentes de la autoridad sin aportar justificación. No es raro que Peinado no fundamente adecuadamente sus decisiones.
Como en el caso en que, mediante una providencia sin motivar, solicitó la totalidad de los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre 2018 y 2025 desde su cuenta institucional. La Audiencia Provincial de Madrid le recordó un derecho fundamental básico y anuló esa resolución, instando al juez instructor a presentar un auto debidamente motivado.
O cuando la misma Audiencia le exigió un «mínimo esfuerzo» para precisar los indicios delictivos contra Gómez, dejando sin efecto la primera transformación de las diligencias en procedimiento ante el Jurado. En consecuencia, el instructor tuvo que emitir un segundo auto ajustando el procedimiento para el juicio por Jurado, el pasado 10 de abril.
La orden de imponer medidas cautelares a Gómez y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, puede ser apelada por las defensas. Sin embargo, mientras tanto, se encuentran en vigor. Y cuando la Audiencia Provincial de Madrid revise la apelación, Peinado ya estará jubilado. Salvo que el órgano de apelación impulse con rapidez la resolución, algo que hasta ahora no ha ocurrido en recursos anteriores.
Aceleración
El juez tendrá que abandonar su puesto en la carrera judicial obligatoriamente el próximo 27 de septiembre. Desde abril pasado, Peinado ha acelerado el proceso para concluir la investigación, solicitar el único escrito de acusación existente (presentado por las acciones populares lideradas por Hazte Oír, dado que el fiscal no aprecia delito), realizar la audiencia preliminar y emitir el auto que abre juicio oral.
Todo ello en dos meses, tras dos años de investigaciones exhaustivas.
Peinado ha denegado las pocas diligencias solicitadas por la defensa de Begoña Gómez consideradas esenciales, como la declaración del profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Ruano, codirector junto a la esposa del presidente de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
Tampoco ha aceptado debatir los informes periciales aportados por la defensa sobre las funciones de los asistentes de las esposas de presidentes del Gobierno o el que niega que haya habido perjuicio para la UCM.
La resolución emitida ayer, sábado, que abre juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, es firme salvo en lo referente a las medidas cautelares. Por ello, Peinado sitúa a los tres acusados al borde del banquillo ante un tribunal de Jurado.
El juez dictó esta resolución sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que determinarán el avance del procedimiento. Aunque la suspensión no es obligatoria, muchos instructores prefieren no avanzar hasta conocer el resultado de las apelaciones.
La Sección 23 de la Audiencia madrileña debe resolver, en particular, los recursos contra el auto del 10 de abril de Peinado, en el que finalizó la instrucción, detalló los presuntos delitos (malversación de fondos públicos, corrupción en negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida) y fijó la competencia del Jurado.
Hasta ahora, la Audiencia nunca ha tardado menos de dos o tres meses, a veces más, en dirimir los numerosos recursos interpuestos por el fiscal, las defensas y, en menor medida, las acusaciones populares.
Por ejemplo, la Sala resolvió el 9 de diciembre de 2025 las impugnaciones frente a la providencia del instructor del 3 de septiembre anterior para solicitar los correos electrónicos de Gómez.
La primera adecuación de las diligencias al procedimiento por Jurado fue acordada el 6 de octubre de 2025 y revocada por la Audiencia el 20 de enero de este año.
Si se mantienen los mismos plazos, la decisión clave sobre si el ‘caso Begoña’ debe continuar y ser juzgado por un Jurado deberá dictarse a finales de este mes o a comienzos/mediados de julio. Fuentes de la Audiencia Provincial confirman esta previsión.
Hasta ahora, ningún recurso contra las decisiones de Peinado ha prosperado en lo fundamental. La Audiencia ha presentado reparos menores, especialmente en aspectos procesales, pero ha respaldado la investigación contra la esposa del presidente a raíz de la creación y desarrollo de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Asimismo, ha rechazado desimputar a los actuales acusados.
Si en las próximas semanas se rechazan los recursos contra el auto que adecúa el procedimiento al Jurado, las actuaciones pasarán a la sección correspondiente de la Audiencia de Madrid encargada de organizar el juicio, en un plazo aún indeterminado.