Sólo el PP y Vox han votado en contra del dictamen que propone modificar el Código Penal.
La imposición de penas de prisión para quienes lleven a cabo las llamadas «terapias de conversión», destinadas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, se acerca a su fase final. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, contando con la oposición de PP y Vox, el dictamen sobre la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Socialista para reformar el Código Penal y permitir la aplicación de sanciones que incluyan privación de libertad.
«Las terapias de conversión constituyen una forma de violencia, un tipo de tortura psicológica y, a veces, física, cuyo objetivo es destrozar la autoestima, la dignidad y el proyecto de vida de las personas afectadas», expone el ponente socialista, secretario LGTBI del PSOE y diputado por Madrid, Víctor Gutiérrez. «Por eso, en este momento debatimos algo mucho más amplio que la reforma del Código Penal; definimos la postura de una democracia frente a quienes intentan convencer a una persona de que su orientación sexual o identidad de género es un error que necesita ser corregido», agrega.
La reforma legislativa, cuya aprobación en el Pleno del Congreso está prevista para el 25 de junio, avanza para impedir «las llamadas terapias, ya prohibidas por la Ley Trans». Establece penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes las apliquen a terceros, «incluso con el consentimiento del afectado o su representante legal», además de inhabilitar para ciertas profesiones.
«No se trata de una discrepancia de opiniones, sino de una modalidad de violencia que continúa vigente», continúa Gutiérrez. «Estas terapias han aprendido a camuflarse tras consultas pseudoterapéuticas, grupos de acompañamiento o retiros espirituales, aunque siempre mantienen la misma falsedad: hacer creer a las víctimas que el problema reside en ellas», enfatiza.
Nuevas penas
Por ello, la iniciativa del PSOE contempla castigar con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a 24 meses a quien aplique o practique en una persona, aun contando con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, técnicas, programas o procedimientos de conversión o aversión, sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de otro tipo, con la finalidad de modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.
Además, la pena prevista se elevará a su mitad superior «cuando la víctima sea menor de edad, se use violencia o una situación de superioridad, el culpable pertenezca a una organización o asociación, o el acto tenga fines lucrativos», según el texto que, salvo sorpresa, será aprobado en la Cámara Baja.
Asimismo, en todos los casos se impondrá «la pena de inhabilitación especial para trabajos docentes, deportivos y de tiempo libre entre tres y cinco años adicional a la duración de la pena de prisión que se imponga». Cuando la víctima sea menor, esta inhabilitación podrá alcanzar hasta cinco años «para cualquier profesión o actividad, remunerada o no, que implique contacto directo y habitual con menores».
Si los delitos fueran cometidos por una persona jurídica, se le podrá imponer multa de seis meses a dos años, así como la disolución, suspensión de actividades, cierre temporal de locales o inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.
«Una persona LGTBI no requiere ni curación ni reparación ni corrección. Nuestra identidad no es el problema; el problema es que alguien pretenda convencernos de lo contrario. Esta ley representa nuestra determinación como país para perseguir penalmente a quienes intenten destruir nuestras vidas», concluye el secretario LGTBI del PSOE.