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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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La Fiscalía de Colombia inició una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta vinculación con la formación de un grupo paramilitar, así como por las masacres en El Aro y La Granja y el asesinato de un activista de derechos humanos.
Estas atrocidades sucedieron a finales de los años 90 en el municipio de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia, región donde Uribe ejercía como gobernador en ese momento.
La imputación contra el expresidente fue anunciada a solo tres días de la segunda vuelta electoral presidencial, en la que competirán el conservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda.
El propio Uribe, quien gobernó Colombia durante dos mandatos consecutivos entre 2002 y 2010, comunicó en sus redes sociales la noticia sobre la investigación: "De parte de mis abogados: la Fiscalía Tercera nos notificó hace un momento que está siendo llamado a indagatoria por los hechos relacionados con El Aro, La Granja, José María Valle (sic) y Guacharacas. Enfrentando esta situación a pocas horas de las elecciones".
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de derechos humanos que señaló la complicidad de fuerzas militares y grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por paramilitares.
En un comunicado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que los delitos por los cuales presuntamente está involucrado el expresidente "son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida".
De acuerdo con el documento, Uribe habría facilitado y promovido "las operaciones de esa estructura armada ilegal que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en ese tiempo".
La extensa hacienda Las Guacharacas, situada en el municipio de San Roque, perteneció a la familia del expresidente desde 1978 y, según la Fiscalía, sirvió como sede para grupos paramilitares.
El hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, fue condenado a 28 años de prisión a inicios de este mes por "concierto para delinquir agravado y homicidio agravado", luego de comprobarse que lideró el grupo paramilitar conocido como "Los 12 apóstoles".
En el caso que afecta al exmandatario, la Fiscalía menciona "la probable implicación del exgobernador en los ataques paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro, municipio de Ituango, cometidos entre 1996 y 1997, durante los cuales ocurrieron homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado".
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Detalles de las masacres
El 11 de junio de 1996, integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá torturaron y dieron muerte a cinco personas frente a sus vecinos y familiares en el corregimiento de La Granja, acusándolos de colaborar con la guerrilla.
Un año después, el 22 de octubre de 1996, ese mismo grupo paramilitar ingresó al corregimiento de El Aro, donde ejecutaron a 17 personas.
La milicia permaneció durante siete días en el municipio torturando a sus víctimas, incendiaron numerosas viviendas y provocaron el desplazamiento forzado de más de 700 habitantes.
Los grupos paramilitares que actuaron en esa región en ese periodo estaban compuestos principalmente por ganaderos, empresarios y miembros de la policía, funcionando en alianza con las fuerzas armadas para frenar la expansión de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía también busca investigar al expresidente por su "supuesta responsabilidad en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, sucedido en 1998", para lo cual será "citado próximamente a rendir indagatoria".
En 2025, Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno de testigos en un prolongado juicio relacionado con la supuesta manipulación de testimonios.
Posteriormente fue absuelto en segunda instancia, aunque actualmente su caso está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia.
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En ese juicio, se acusó al expresidente de ordenar a un abogado que ofreciera sobornos a paramilitares presos con el fin de desacreditar las denuncias que lo relacionaban con estos grupos.
Uribe ha mantenido siempre su inocencia, argumentando ser víctima de una persecución política.
La Comisión de la Verdad de Colombia, fruto de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, concluyó que los paramilitares son responsables de al menos la mitad de las más de 450.000 muertes ocurridas durante el conflicto colombiano entre 1985 y 2018.
El paramilitarismo marcará la vida de Uribe para siempre
Análisis de José Carlos Cueto, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
Uribe tiene 73 años y el sistema judicial colombiano es extremadamente garantista.
En términos legales, esto significa que la justicia se enfoca en proteger los derechos y libertades tanto de inocentes como de acusados, respetando el debido proceso.
En Colombia, esto se traduce en procesos judiciales que parecen no tener fin.
El propio expresidente lleva 13 años enfrentando un caso por soborno de testigos, que lo ha llevado a arrestos domiciliarios, condenas en primera instancia y posteriores absoluciones; ahora, el caso está en manos de la Corte Suprema.
Por su edad y las garantías del sistema, muchos opinan en Colombia que Uribe difícilmente cumpliría condena en prisión, incluso si fuera sentenciado de forma definitiva.
Sin embargo, una nueva indagatoria, esta vez por supuestos vínculos con paramilitares, agrava aún más la sombra que ha perseguido a Uribe durante décadas.
Independientemente de una condena o esclarecimiento, esta carga acompañará al expresidente por el resto de su vida.