El Congreso debatirá la cuestión de confianza a Sánchez mientras Armengol bloquea la discusión sobre las elecciones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Las claves

La próxima semana el Congreso votará sobre una iniciativa que insta a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza, tras una solicitud presentada por el PP.

Francina Armengol, presidentа del Congreso, ha rechazado el debate relacionado con la convocatoria electoral y la renuncia del Gobierno, excluyendo estos temas de la votación.

El PP critica las vetos impuestos por la Mesa y denuncia un trato injusto hacia sus propuestas, calificando la situación como «insostenible» para el Ejecutivo.

Solo será sometida a votación la solicitud al presidente para que valore la posibilidad de plantear una cuestión de confianza, sin efectos jurídicos, dado que esta competencia recae exclusivamente en el Gobierno.

La próxima semana, el Congreso decidirá sobre la opción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrente a una moción de confianza tras la aceptación parcial de una petición del PP por parte de la Mesa del Congreso.

En esta votación se excluye la opción de convocar elecciones, dado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, vetó esta y otras partes de la propuesta presentada por los populares.

Originalmente, la petición de Feijóo instaba a Sánchez a convocar elecciones, pero después de su rechazo por la Mesa, el texto fue modificado.

Según informan fuentes del PP, este órgano también rechazó otras cuestiones, entre ellas la dimisión del Gobierno.

Lo que sí fue aprobado es una versión que solicita al presidente que, si no convoca elecciones, pueda «considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».

Esta misma posición ya formaba parte de una moción de Junts, que la Mesa del Congreso admitió a trámite en febrero de 2025.

Una situación «insostenible»

El documento surge en respuesta a la «insostenible situación» del Gobierno de España y las responsabilidades que en ella tiene el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres.

Por ello, aunque los populares valoran haber logrado llevar su propuesta al Congreso, también consideran que los vetos impuestos por la Mesa representan un «atropello».

Desde el PP, «no se puede aceptar ni entender» que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue ajustado para cumplir con sus criterios y el segundo reproduce «de manera exacta» una iniciativa de Vox que sí fue admitida.

El partido afirma que esta situación es un «suma y sigue» en el «largo historial de arbitrariedades» del que el PP ha sido objeto desde el inicio de la presidencia de Armengol.

Los vetos

El primer punto rechazado expresaba el «deseo mayoritario» del Congreso de convocar elecciones generales para eliminar la «parálisis política que vive la actual legislatura».

Mientras tanto, el segundo exigía la dimisión colectiva del Gobierno y la celebración de elecciones generales, tal y como se había pedido en la proposición no de ley admitida por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

El único punto que podrá someterse a votación es el que señala al presidente del Gobierno y solicita su renuncia por «la acumulación de investigaciones por casos de corrupción en los que están implicados responsables políticos nombrados y apoyados directamente» por Sánchez.

El jueves, el Congreso aprobó, con los votos de PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin exigir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo proponían fueron vetadas esta semana por la Mesa de la Cámara Baja.

El pasado martes, PP y Junts presentaron dos enmiendas a la moción de los populares para instar al Congreso a pronunciarse sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas más tarde, la Mesa del Congreso rechazó estas enmiendas alegando que la prerrogativa de solicitar una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo.

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