La asociación de consumidores acusa a Española de Telefonía de publicidad engañosa, falta de información contractual, incumplimientos en protección de datos y atención al cliente no gratuita
La nueva compañía de Bertín Osborne, Española de Telefonía, ha irrumpido en el mercado marcada por la controversia. La empresa, asociada a la figura del cantante y presentador, ha sido denunciada por Facua-Consumidores en Acción debido a una serie de presuntas irregularidades que podrían infringir hasta cinco normativas diferentes vinculadas a los derechos de los consumidores.
La asociación ha presentado denuncias ante diversas entidades públicas, incluyendo la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Digitalización y la Agencia Española de Protección de Datos.
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De acuerdo con Facua, las posibles infracciones abarcan áreas tan variadas como la publicidad, la contratación de servicios, la protección de datos personales y la información obligatoria que las empresas deben ofrecer en sus plataformas digitales.
La campaña publicitaria de la empresa ha contado con Bertín Osborne como imagen y el eslogan Las cosas bien hechas, las cosas a derechas. Sin embargo, según la organización de consumidores, la realidad difiere notablemente, opinando que la empresa ha comenzado sus operaciones con incumplimientos fundamentales que impactan directamente a los usuarios.
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Publicidad bajo sospecha
Una de las principales razones de la denuncia se relaciona con la promoción de la llamada tarifa España. La empresa anuncia una oferta que incluye llamadas nacionales ilimitadas y 25 GB de datos móviles por 7,50 euros al mes, calificándola como un “precio imbatible”.
Facua señala que esta descripción podría inducir a error a los consumidores, dado que en el mercado existen operadoras que ofrecen prestaciones iguales o superiores por un precio inferior. Según la asociación, existen tarifas similares disponibles desde cinco euros mensuales, lo que posicionaría la oferta de Española de Telefonía como una de las más caras en ese segmento.
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Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)
Por esta razón, la asociación entiende que la empresa podría estar incurriendo en publicidad engañosa y competencia desleal, al difundir un mensaje comercial que no se ajusta a la realidad del mercado.
Falta de transparencia contractual
Otra inquietud relevante para los defensores de los consumidores es la carencia de información contractual en el sitio web de la empresa. Facua señala que los usuarios no disponen de acceso a las condiciones completas del servicio antes de realizar la contratación.
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Además, la organización denuncia la ausencia de datos claros sobre el derecho de desistimiento, una garantía legal que permite la cancelación de ciertos contratos dentro de un plazo de 14 días desde su formalización. Esta información es obligatoria en contratos celebrados a distancia y constituye uno de los pilares en la protección a los consumidores en entornos digitales.
Según la asociación, esta deficiencia impide a los potenciales clientes conocer con precisión las condiciones de la oferta y limita su capacidad para tomar decisiones fundamentadas antes de contratar un servicio.
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Atención al cliente en el punto de mira
Las críticas también alcanzan el sistema de atención al cliente implantado por la operadora. Según Facua, los números de contacto disponibles en la web no son gratuitos, ya que corresponden a un número móvil y a una línea fija con prefijo de La Rioja.
La normativa vigente en telecomunicaciones establece que las compañías deben ofrecer canales gratuitos para gestionar consultas, incidencias o reclamaciones relacionadas con sus servicios. La asociación interpreta que la empresa estaría incumpliendo esta obligación legal.
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Un detalle llamativo denunciado es que al atender la llamada, una inteligencia artificial recibe al usuario con la frase “viva España”, característica que ha originado numerosos comentarios en redes sociales desde la salida al mercado de la empresa.
Protección de datos y privacidad
La asociación ha puesto también la atención en la gestión de datos personales de los usuarios. De acuerdo con sus observaciones, el sitio web solicita datos personales para tramitar consultas comerciales, pero remite a una supuesta política de privacidad que no se puede consultar debidamente.
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Al hacer clic en el enlace correspondiente, los usuarios no acceden a ningún documento informativo, lo que impide conocer elementos clave como la finalidad del tratamiento de datos, los derechos de acceso, rectificación o cancelación, así como los procedimientos para ejercerlos.
La organización considera que esta situación podría vulnerar tanto la legislación española en protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por lo cual ha remitido el caso a la Agencia Española de Protección de Datos para su análisis.
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Una web sin aviso legal
Entre las irregularidades señaladas figura también la falta de un aviso legal completo. Aunque la web identifica la sociedad mercantil responsable de la marca e incluye su número de identificación fiscal, omite informar sobre su domicilio social.
Este dato es obligatorio para cualquiera que preste servicios a través de internet y facilita a los usuarios saber quién está detrás de la actividad comercial y dónde pueden dirigirse en caso de conflicto.
Facua considera que esta omisión representa otra violación a la normativa sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Mientras las reclamaciones siguen su trámite, la organización informa que continúa examinando la actividad de la empresa y advierte que podría revelar nuevas irregularidades próximamente. El caso amenaza con convertirse en uno de los lanzamientos empresariales más polémicos en los últimos años dentro del sector español de telecomunicaciones.