Las claves
El PPE, liderado por Feijóo, exige que la capacidad militar de Ucrania sea considerada como un mérito en su proceso de adhesión a la UE.
Abogan por una ‘UE militar’ con mando unificado y despliegue conjunto, semejante a la estructura de la OTAN, así como por activar el artículo 42.7 como mecanismo de defensa mutua automática.
Sugieren establecer un Consejo Europeo de Seguridad que incluya países aliados fuera de la UE para coordinar respuestas rápidas frente a crisis.
El PPE demanda un incremento del gasto militar fuera de las normas fiscales y una coordinación estrecha con EEUU frente a China, aunque el Consejo Europeo no respalda completamente estas propuestas.
Los dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE) aprovecharon este jueves la cumbre previa al Consejo Europeo para presionar en favor de una «auténtica Unión Europea de la Defensa».
En una declaración común firmada por Alberto Núñez Feijóo y los demás líderes populares europeos, solicitan que la capacidad militar de Ucrania sea valorada como «un mérito adicional» en su proceso de adhesión.
También proponen, de forma destacada, que la propia UE se dote de una «estructura militar» con mando y capacidad de despliegue coordinados.
El documento plantea de forma explícita que el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, la cláusula de asistencia mutua, se convierta en un equivalente al artículo 5 del Tratado de la OTAN, su cláusula de defensa colectiva.
Esto implica que un ataque a un Estado miembro detonaría automáticamente una respuesta conjunta, respaldada por una «planificación previa», «compromisos claros» y «capacidades militares disponibles».
Según los populares, estas medidas deberían haberse implementado «antes de que surgieran las crisis».
Una afirmación que parece reconocer la reacción tardía frente a Rusia. Pero también sirve como advertencia para los demás líderes: la arquitectura de seguridad no debe improvisarse en respuesta a invasiones, ataques con drones o acciones híbridas.
«Sistema político y militar»
En esa línea, el PPE insiste en que la activación del 42.7 no sea una medida simbólica, sino «un sistema político y militar bien organizado».
Solicitan mecanismos claros de activación y consulta, compromisos preestablecidos —que abarquen desde la ciberdefensa hasta la protección del espacio aéreo— y ejercicios conjuntos con planificación basada en escenarios.
La declaración también apuesta por la creación de un «Consejo Europeo de Seguridad» que incluya a países aliados fuera de la UE.
Buscan, en esencia, un foro político estratégico permanente capaz de coordinar respuestas rápidas ante crisis y de integrar a socios clave de la región europea. Una estructura muy parecida a la de la OTAN.
El partido popular se apoya en los avances técnicos ya existentes —SAFE, EDIP, movilidad militar, y el paquete omnibus de preparación para la defensa— para justificar este salto político.
Su planteamiento es que la base industrial, los recursos financieros y las primeras capacidades comunes ya están disponibles; ahora es necesario darles una estructura de mando y un modelo operativo propio de una alianza militar.
Consejo descafeinado
Sin embargo, las conclusiones del primer día del Consejo Europeo han suavizado esta ambición, dejando la resolución muy por detrás de lo propuesto.
Los Veintisiete volvieron a calificar la guerra de Rusia contra Ucrania como una «amenaza existencial» y solicitaron reforzar la preparación en defensa hasta 2030, pero sin conferir al 42.7 el valor simbólico y práctico que reclama el PPE con Feijóo.
El acuerdo alcanzado por los líderes europeos sí impulsa el refuerzo de la industria de defensa, las coaliciones de capacidades y proyectos concretos como la «Guardia del Flanco Oriental».
También recalca la «complementariedad» con la OTAN y el respeto a las particularidades de cada Estado miembro, desde la neutralidad hasta las competencias nacionales en la exportación de armamento. No obstante, se mantiene una retórica tradicional sin acciones claras.
Esto implica que los 11 jefes de Estado o Gobierno del PPE —junto con, al menos, dos independientes muy alineados— no han logrado convencer al Consejo a adoptar sus posiciones.
No se percibe nada que se asemeje a un avance político hacia una «OTAN interna» bajo la bandera de la UE.
La guerra como mérito
Un aspecto destacado en la declaración del PPE es la propuesta de que las «capacidades militares» de Kiev sean consideradas un activo en la evaluación para su adhesión.
Además de celebrar la apertura de los primeros capítulos para Ucrania y Moldavia, enfatizan que integrar al ejército ucraniano en el mecanismo europeo «fortalecería directamente la seguridad» del continente.
Simultáneamente, el PPE aboga por un enfoque más geopolítico que el tradicional «método basado en méritos».
Plantean que los ciudadanos de los países candidatos perciban beneficios prácticos durante el proceso, como, por ejemplo, derechos de «libre circulación».
En un corto plazo, el PPE reclama que la UE se «prepare internamente para una ampliación que alterará el equilibrio de poder».
Contra China con EEUU
La diferencia más evidente entre el PPE y el Consejo se encuentra en la combinación de política de Defensa y económica.
Los populares exigen que el gasto en defensa quede excluido de las reglas fiscales de la UE, con un modelo financiero sostenible que permita incrementar los presupuestos militares sin comprometer la credibilidad financiera.
Sin embargo, el Consejo no menciona esta propuesta en sus conclusiones, a pesar del respaldo de los líderes del PPE, quienes cuentan con mayoría en la UE.
Además, Feijóo y los jefes del PPE insisten en que la UE debe «coordinar con Estados Unidos» su estrategia frente a China, especialmente en comercio, contratación pública y defensa de la competencia justa.
Al igual que el Consejo, el PPE considera que el déficit comercial europeo con Pekín es «inaceptable». No obstante, la Unión no comparte la propuesta de la derecha europea de articular una respuesta conjunta con Washington.
Solicitan actualizar las herramientas de defensa comercial y aprovechar la futura legislación sobre contratación pública para condicionar el acceso de empresas chinas al mercado europeo basado en una reciprocidad real.
La declaración popular sirve así como una señal política dirigida tanto a Bruselas como a la Administración estadounidense de Donald Trump, en un momento en que las relaciones transatlánticas están en una etapa delicada.