Las claves
El PP demanda al PSOE que suspenda la militancia de Zapatero tras su negativa a responder ante el juez sobre el origen de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho.
Zapatero está imputado por siete graves delitos, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El juez mantiene los indicios contra Zapatero, aunque ha decidido no retirarle el pasaporte ni imponer medidas cautelares adicionales.
El Gobierno relaciona la pesquisa con una supuesta venganza internacional, mientras que el PP insiste en la necesidad de asumir responsabilidades políticas.
El Partido Popular reclamó este miércoles al PSOE la suspensión de la militancia de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la negativa del expresidente del Gobierno a responder al juez sobre la procedencia de joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho.
Fuentes del PP resaltan que la comparecencia ante la Audiencia Nacional no ha modificado en absoluto su situación judicial, ya que optó por no ofrecer aclaraciones.
Desde el PP recuerdan que Zapatero salió «tal como entró» del Juzgado Central de Instrucción número 4: «Imputado por siete delitos muy graves».
Según el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, se le imputan delitos como organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal.
Por esta razón, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que el PSOE y el Gobierno no pueden continuar considerando a Zapatero como un referente moral.
Los populares apoyan su posición en el auto del juez José Luis Calama, donde se señala que la declaración del investigado «no ha conseguido desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» contenidos en la resolución de imputación.
«Ingresó esta mañana como imputado y salió tres horas después con las mismas acusaciones». Así lo subrayan fuentes del PP, que ahora demandan explicaciones públicas del expresidente más allá de la sala de vistas.
Desde Génova recuerdan que el magistrado destaca que «hasta la fecha» no se ha acreditado ni el origen ni la tributación ni la liquidación aduanera de las joyas.
Se trata de piezas valoradas en 1,3 millones de euros incautadas en la oficina de Zapatero, que ahora constituyen el foco central de la investigación y el núcleo del reproche político del PP, que denuncia un «silencio rotundo» del PSOE ante este patrimonio sin justificar.
El PP enfatiza que Zapatero se negó a contestar sobre las preguntas relacionadas con dichas joyas, aunque el juez le convocará nuevamente para aclarar su procedencia.
«Podrá viajar, pero no irse muy lejos», advierten fuentes del Partido Popular, que consideran que la previsión del instructor de nuevas comparecencias prueba que el caso está lejos de cerrarse y que el expresidente continúa bajo un intenso escrutinio judicial.
Por ello, la dirección del PP sostiene que «el PSOE ya está demorando demasiado» la retirada del carné de militante y la apertura de un expediente informativo por los graves delitos que se imputan.
De forma paralela, los populares aumentan la presión sobre Pedro Sánchez y exigen «que P.S. aclare si le suena un tal ZP o si ya ni siquiera le resulta familiar», en referencia al trato brindado en los últimos meses a varias de sus manos derechas, que hoy están encarceladas o lo estuvieron en prisión preventiva, imputadas o pendientes de juicio.
La ofensiva de Génova llega tras una jornada sin precedentes en la Audiencia Nacional: por primera vez en la historia democrática española, un expresidente del Gobierno ha declarado como imputado ante un juez.
Zapatero acudió en el marco de la causa abierta por el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, otorgado en 2021 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través del fondo de ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia.
En su declaración, el exlíder socialista negó haber influido a favor de la aerolínea y defendió la legalidad de sus actuaciones.
Reconoció haber percibido cerca de 500.000 euros por informes realizados mediante contratos verbales, pero ejerció su derecho a no responder sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho, uno de los aspectos clave de la investigación judicial.
Tras escucharle, el juez Calama concluyó que persisten los indicios que justificaron su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y los demás delitos que se le atribuyen.
No obstante, rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar todos sus pasaportes y de imponer comparecencias periódicas, al descartar un riesgo suficiente de fuga. Por ello, Zapatero seguirá libre, con su pasaporte diplomático, pero con la imputación vigente.
Mientras tanto, en el ámbito político y mediático, el expresidente ha tratado de fortalecer su defensa. Ha insistido en su «completa inocencia», ha solicitado la confianza de la ciudadanía y se ha comprometido a demostrar que no cometió ningún delito.
«No les decepcionaré», afirmó, en un mensaje dirigido a quienes aún lo consideran un referente de la izquierda y del propio PSOE.
A su vez, el Gobierno ha optado por respaldar la teoría de la conspiración para responder ante esta causa. Desde La Moncloa y el entorno socialista se apunta a una supuesta venganza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el origen último de la investigación, enmarcándola dentro de una ofensiva internacional contra Zapatero y, por extensión, contra el Ejecutivo de Sánchez.
Esta línea argumental busca proyectar la idea de una operación política exterior más que un procedimiento judicial exclusivamente.
Frente a esta postura, el PP defiende la independencia de la Audiencia Nacional y acusa al Gobierno de «aferrarse a cualquier excusa» para evitar asumir responsabilidades políticas.
Los populares sostienen que la ciudadanía «exige conocer toda la verdad» y resumen su reclamación en un pedido único: recuperar la voz en las urnas para votar y «desterrar al Gobierno más corrupto de la democracia», según palabras de la dirección del partido.