El ex presidente declarará el miércoles y jueves respecto al rescate de Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho de Ferraz, valoradas en más de un millón de euros.

Para José Luis Rodríguez Zapatero, hoy representa un momento decisivo. Este ex presidente del Gobierno comparece ante el Juez Calama como acusado formal, siendo el primer jefe de Gobierno español que enfrenta cargos por corrupción desde la transición democrática.

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La audiencia, que comienza hoy a las 09:00 y se extenderá hasta mañana, tiene por objetivo esclarecer dos asuntos simultáneamente. Por un lado, el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Por otro, la incautación de joyas de alta gama durante el registro de su oficina en Ferraz, lo que ha llevado al juez a abrir un procedimiento separado debido a su valor. Las piezas han sido valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros y la investigación apunta a que su procedencia no ha sido justificada.

El auto judicial que sustenta la causa también menciona la empresa propiedad de las hijas del expresidente, What The Fav, la cual habría recibido cerca de 2 millones de euros por servicios de “consultoría” y maquetación, posiblemente utilizados para encubrir el pago de supuestos sobornos. El magistrado instructor, que califica a Zapatero como el jefe de una “red organizada”, escuchará hoy las explicaciones del exmandatario a puerta cerrada.

Una semana ‘horribilis’ para el Gobierno

No se trata únicamente de un ex primer ministro en el banquillo; Zapatero ha sido durante años uno de los activos más importantes del PSOE. Su participación en actos públicos, cierres de campaña y la buena sintonía con Pedro Sánchez desde que este llegó a La Moncloa en 2018, convierten este caso en uno de los golpes más duros para el PSOE y el propio Ejecutivo.

A pesar de que la defensa del expresidente, encabezada por Víctor Moreno Catena, ha intentado limitar el alcance del interrogatorio solicitando excluir las joyas de la sesión inicial, el juez desestimó esta petición al argumentar que no existe un “verdadero perjuicio al derecho de defensa.”