El Gobierno tiene previsto aprobar un real decreto ley con medidas fiscales y económicas en el último Consejo de Ministros ordinario del mes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que en el último Consejo de Ministros de junio se aprobará un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas destinadas a mitigar las consecuencias derivadas de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)
El próximo 30 de junio, el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo real decreto ley con medidas de apoyo económico para salvaguardar a la población y al sector productivo frente al impacto de la guerra en Irán. Ese día se celebrará el último Consejo de Ministros ordinario de junio, durante el cual el Ejecutivo presentará un paquete de ayudas fiscales y económicas condicionado a la evolución del alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Pedro Sánchez realizó este anuncio durante la sesión de control en el Congreso, en un debate con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez detalló que el Ejecutivo busca “evaluar con precisión el desarrollo de este alto el fuego” y solicitó al principal partido de la oposición que facilite la convalidación del decreto cuando se someta a votación en la Cámara Baja. El Gobierno confirmó que está en diálogo con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para preparar la normativa.
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Esta declaración se produce mientras aún se está ajustando parte de las medidas que se aprobaron en marzo debido a la misma crisis. Aquel real decreto ley redujo temporalmente impuestos sobre carburantes, electricidad y gas, además de poner en marcha ayudas para mitigar el impacto en hogares, autónomos y empresas.
El Gobierno prepara nuevas medidas
El decreto aprobado en marzo movilizó más de 5.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Entre las medidas clave se encontraban la reducción del IVA aplicado a combustibles, electricidad y gas del 21% al 10%, la disminución del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo establecido por la normativa europea y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para ciertos colectivos, incluidos trabajadores del sector agrario.
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El plan anterior también introdujo bonificaciones y exenciones vinculadas a la rehabilitación energética, la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En el ámbito empresarial, el real decreto ley contempló mecanismos de apoyo para sectores particularmente afectados por el aumento de los costes energéticos, como la industria electrointensiva, y medidas temporales para flexibilizar contratos de suministro eléctrico y de gas.
El nuevo paquete se está elaborando en un escenario que aún no está cerrado. Por ahora, el Ejecutivo no ha especificado qué medidas contendrá el real decreto ley previsto para aprobar el 30 de junio. Sánchez vinculó su contenido con la evolución de la tregua y el impacto que la situación en Oriente Medio pueda generar en la economía española. La prioridad, según expuso en el Congreso, será proteger a los hogares y al tejido productivo en caso de que continúen las tensiones relacionadas con los precios energéticos, el transporte o las cadenas de suministro.
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La agenda oficial de La Moncloa para este miércoles incluye una reunión entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario para analizar las medidas frente al impacto de la guerra en Irán. Este encuentro forma parte de los contactos del Gobierno con los sectores afectados antes de definir el contenido final del decreto.
La aprobación en el Consejo de Ministros no será el paso final. Al tratarse de un real decreto ley, la norma deberá ser posteriormente convalidada por el Congreso de los Diputados. Por ello, Sánchez aprovechó la sesión de control para solicitar el apoyo del PP y reprochar a Feijóo que su partido haya votado en contra de medidas anteriores. “Esto es lo que hace este Gobierno, gobernar para la gente”, afirmó el presidente.
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El nuevo decreto llegará justo cuando expiren varias de las medidas aprobadas en marzo. El Gobierno tendrá que decidir si mantiene algunas de esas ayudas, recupera ciertas que ya se retiraron o aprueba nuevas medidas conforme avance la guerra en Irán y su impacto en los precios.