Las claves
El Ejecutivo ha bloqueado en el Congreso la votación de una iniciativa que proponía a Pedro Sánchez convocar elecciones generales, aunque contaba con mayoría en el parlamento.
La Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, ha aplicado el reglamento para declarar inadmisibles las enmiendas presentadas por PP y Junts que solicitaban elecciones inmediatas.
Esta medida impide mostrar la situación de aislamiento parlamentario de Sánchez y ha suscitado críticas por el uso restrictivo de la Mesa para frenar propuestas de la oposición.
Existen precedentes recientes que permitieron debates similares, lo que intensifica la controversia sobre el veto instaurado en esta ocasión.
Una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados apoya la finalización de la legislatura y la convocatoria de elecciones, pero la solicitud directa al presidente del Gobierno no será sometida a votación porque Pedro Sánchez ha impuesto un veto en la Cámara.
Para evitar la apariencia de estar solo en una votación sin efectos prácticos, Sánchez optó por demostrar vulnerabilidad ante el riesgo de que se evidencie su determinación de mantenerse en el cargo contra la voluntad mayoritaria del Parlamento. Asimismo, queda claro que Junts está dispuesto a emprender acciones políticas contra el Ejecutivo, alineándose con PP y Vox.
Sánchez lo ha detenido mediante la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, utilizando un artículo del reglamento que les autoriza a «declarar la admisibilidad o inadmisibilidad» de las iniciativas, es decir, a vetarlas.
Esta facultad genera siempre controversia y debe usarse de forma restrictiva, para no interferir en el derecho constitucional de los grupos del Congreso a ejercer su iniciativa legislativa y participar en la actividad parlamentaria.
Las resoluciones de la Mesa pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, pero suelen resolverse años después, cuando ya carecen de significado práctico. Así, el recurso es principalmente simbólico.
Existe doctrina que establece que esta potestad debe ser ejercida con moderación, de modo que el trámite en la Mesa se limite a una decisión automática, tras verificar que cumple los requisitos formales.
Históricamente, esta atribución de la Mesa ha sido empleada por PSOE y PP para bloquear iniciativas de la izquierda relacionadas con la monarquía o resoluciones judiciales, temas propios de otros poderes del Estado no controlados por el legislativo.
En este caso, se trata de dos enmiendas del PP y de Junts a una moción del PP que instan al presidente del Gobierno a convocar elecciones de inmediato.
En su recurso de reconsideración ante la Mesa del Congreso, el PP denunció este mismo martes que las enmiendas que pedían la convocatoria electoral fueron vetadas sin siquiera consultar a los letrados de la Cámara.
Indican que la decisión se tomó mediante «una simple ronda telemática» sin que se realizara una reunión presencial.
La iniciativa sería votada el jueves con amplias posibilidades de salir adelante gracias a los votos de Junts, PP y Vox, y posiblemente del PNV, que también apoyan la convocatoria inmediata de elecciones, aunque los nacionalistas vascos están molestos por no haber sido informados previamente por el partido de Carles Puigdemont.
Estas mociones son simbólicas, ya que únicamente instan al Gobierno a actuar sin contener reproches ni mecanismos de control para asegurar su cumplimiento. De hecho, hay cientos de mociones aprobadas y no ejecutadas en todas las legislaturas.
Esta moción habría representado la evidencia política del aislamiento parlamentario de Sánchez, pero Moncloa aclaró desde el principio que, aun si se aprobara, no modificaría los planes de Sánchez para celebrar elecciones en 2027.
El Gobierno sostiene que la Constitución establece cuatro modos de concluir una legislatura y ninguno es a través de una votación como esta: la finalización automática tras cuatro años, la disolución decretada por el presidente del Gobierno, la cuestión de confianza presentada por el jefe del Ejecutivo o la moción de censura. Es decir, la convocatoria electoral es competencia exclusiva de Sánchez.
Sin embargo, fuentes opositoras afirman que en este caso se trata sólo de instar al presidente a actuar, sin imponerle obligación alguna.
Además, desde hace años, se han votado y aprobado decenas de reprobaciones a ministros, aunque su nombramiento o cese corresponde únicamente al presidente del Gobierno, y estas nunca han sido bloqueadas en la Mesa. Tampoco se han vetado iniciativas que instan al Ejecutivo a tomar decisiones propias, como enviar los Presupuestos al Parlamento o modificar la política exterior.
Numerosos precedentes
Existen precedentes también en esta misma legislatura, y en derecho constitucional la costumbre funciona como fuente de derecho.
Por ejemplo, el 29 de octubre de 2024, la Mesa aprobó por unanimidad una proposición no de ley de Vox que, en su primer punto, solicitaba «la inmediata dimisión colectiva del Gobierno» y «la convocatoria de elecciones anticipadas».
La Mesa del Congreso también avaló en febrero del año pasado una iniciativa de Junts que pedía a Sánchez presentar una cuestión de confianza. Sin embargo, durante dos meses la congeló y puso obstáculos, alegando que esa facultad es exclusiva del presidente del Gobierno, un argumento similar al actual.
Finalmente, Junts moderó el texto y añadió que se instaba a plantear una cuestión de confianza «de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, considerando el carácter político, sin vinculación jurídica con esta iniciativa». Una expresión que ahora han replicado en su enmienda, pero que la Mesa ha rechazado.
La Mesa dio su aprobación tras la inclusión de estas palabras y la reducción del texto a «instar a valorar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza«.
Pocas semanas después, se evidenció el acuerdo entre PSOE y Junts al presentar conjuntamente una propuesta para delegar competencias en materia de inmigración a Cataluña, aunque finalmente no prosperó debido a que Podemos se apartó, calificándola de «racista».
Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha autorizado en esta legislatura varias iniciativas que instaban al Gobierno a convocar elecciones, similares a las enmiendas presentadas por PP y Junts que ahora bloquea para proteger a Sánchez.
La más semejante fue una moción que Vox presentó en junio de 2025 tras una interpelación al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Esa estrategia ha sido retomada ahora por Junts y el PP, aprovechando una pregunta relacionada con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
El texto registrado insta al Gobierno a «ejercer de inmediato la facultad exclusiva que le otorga la Constitución para disolver las Cortes y convocar elecciones generales», aunque la votación final pedía adoptar «todas las medidas necesarias para asumir plenamente su responsabilidad política ante la situación».
Retrocediendo más en el tiempo, existe un precedente más claro en el otoño de 1995. Coalición Canaria consiguió que se llevara a pleno una iniciativa que instaba al presidente a que, «ante la grave crisis política, hiciera uso de sus prerrogativas constitucionales y convocara urgentemente elecciones generales».
En aquel entonces, la Mesa no puso objeción alguna; sin embargo, no se llegó a votar porque Felipe González anunció el adelanto de las elecciones a marzo de 1996.