Las claves
PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para modificar el Código Penal con el fin de eliminar los delitos específicos de injurias y calumnias contra la Corona, el Ejército, la Policía y los tribunales.
La propuesta suprime la protección penal agravada que disfrutaban las altas instituciones del Estado, igualando su amparo legal al de cualquier ciudadano.
También desaparecen del Código Penal los delitos relacionados con las ofensas a los símbolos nacionales y a los sentimientos religiosos.
Sumar acepta mantener sin cambios el delito de enaltecimiento del terrorismo, que continuará vigente tras la presión del PSOE.
El PSOE y Sumar han acordado modificar el Código Penal respecto a los delitos de opinión y expresión, eliminando las figuras penales específicas de injurias y calumnias dirigidas a las altas instituciones del Estado.
Este cambio incluye instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Igualmente, la iniciativa elimina la protección especial otorgada a la Corona al abolir el régimen penal agravado para estos delitos. De aprobarse, esta reforma implicaría que el Rey, la Reina o la Princesa de Asturias ya no tendrían una protección penal reforzada frente a injurias o calumnias.
El Gobierno señala que esta reforma busca «fortalecer la libertad de expresión y ajustar la legislación a la evolución de la jurisprudencia constitucional y europea«, desbloqueando una propuesta presentada por Sumar al inicio de la legislatura y que permanecía «congelada» en la Comisión de Justicia desde diciembre de 2023.
El anuncio del acuerdo tuvo lugar el lunes, coincidiendo con la asistencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a la audiencia preliminar en la sede judicial de Plaza de Castilla.
Además, este acuerdo se produce en un contexto de desgaste del Gobierno debido a los 15 sumarios y procesos judiciales y a más de 90 personas investigadas vinculadas al PSOE, apenas días después de que su portavoz, Montse Mínguez, criticara a los jueces por tener «prisa para derribar al Gobierno antes del verano».
Según el pacto al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, PSOE y Sumar pactan reformar el artículo 504 del Código Penal, que establece multas de 12 a 18 meses para quienes calumnien, injurien o amenacen gravemente al CGPJ, al TC, al TS, al Consejo de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de una Comunidad Autónoma, a las Fuerzas Armadas, a las Clases o Cuerpos y a las Fuerzas de Seguridad, así como al Gobierno de la Nación.
Esta reforma suprime integralmente las referencias a las calumnias y injurias, dejando vigente únicamente la parte que sanciona las amenazas graves.
El texto prevé también la despenalización relativa a la Corona, proponiendo la derogación del apartado 3 del artículo 490, que contempla «penas de prisión de seis meses a dos años si las calumnias o injurias son graves» contra el Rey, la Reina o sus ascendientes o descendientes, además de la eliminación completa del artículo 491, que sanciona el uso de imágenes del Rey o de la Reina con intención de perjudicar su prestigio.
Del mismo modo, se deroga el artículo 543 que castiga las ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales, incluyendo a España, las Comunidades Autónomas y sus símbolos y emblemas.
También se elimina el artículo 525, referido al delito de ofensa a los sentimientos religiosos, con lo que se despenalizan los insultos, vejaciones o humillaciones hacia cualquier confesión religiosa.
Los socios de Gobierno establecieron que la mesa del Congreso clausure este martes el plazo para la presentación de enmiendas al texto. Posteriormente se convocará una ponencia para debatir estas enmiendas y promover la aprobación de la propuesta de ley.
Fuentes del sector judicial consultadas por EL ESPAÑOL consideran que «es un paso relevante porque en el Código Penal se incluyen las conductas consideradas más graves».
Añaden que «es, esencialmente, la Constitución en negativo: se refiere a los ataques más peligrosos contra esos sistemas y derechos. Suprimir estos delitos supone enviar un mensaje político: no se pretende que estas instituciones disfruten de protección reforzada. Es una decisión con motivación política para generar polémica. Un mensaje con carga ideológica».
Según las fuentes, las instituciones continuarán protegidas, aunque «como injurias y calumnias normales», lo que implica que «las penas serán atenuadas«.
En el caso de las ofensas a los sentimientos religiosos, la situación es más delicada, dado que «no tiene equivalente en los delitos generales».
Algunos interpretan la flexibilización respecto a los insultos contra el Rey, los tribunales y la Policía como una estrategia del Gobierno para influir tanto en las redes sociales como en la opinión pública, reduciendo la protección de quienes tienen como función principal garantizar el orden constitucional.
A partir de esta semana, la Mesa del Congreso cerrará el plazo para convocar la ponencia y debatir el texto.
Dado que se trata de una reforma del Código Penal, que posee rango de ley orgánica, será necesaria la aprobación por mayoría absoluta en el pleno. Esto requiere el voto favorable de Bildu, Junts, ERC y PNV.
Uno de los principales desafíos de la negociación durante estos años ha sido que Sumar desistiera de modificar o eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo.
Esta formación pretendía reformular el delito para evitar condenas que, en su opinión, vulneran la libertad de expresión de artistas y cantantes, como en los casos de Pablo Hasél o Valtònyc.
Su propuesta consistía en reemplazarlo por una agravante relativa a las vejaciones a víctimas, recordando que grupos como ETA o los GRAPO ya han desaparecido.
No obstante, ante la presión del PSOE, Sumar ha cedido y dicho artículo permanecerá sin cambios en el Código Penal.
Los responsables de la reforma insisten en que eliminar los artículos relacionados con la Corona o las altas instituciones del Estado, como el CGPJ o el Tribunal Constitucional, no significa dejar a estos órganos sin protección frente a ataques.
Sostienen que el propósito es suprimir lo que consideran un «privilegio» penal incompatible con los criterios del Consejo de Europa y de Naciones Unidas.
Tras la entrada en vigor de la reforma, el Rey, el Gobierno y los tribunales contarán con la misma protección legal que cualquier ciudadano, pudiendo valerse de los delitos comunes de injurias, calumnias y de la tutela del derecho al honor.