Las claves
El juez tomará pronto una decisión sobre si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asistente y un empresario deben enfrentar un juicio por las imputaciones que pesan contra ellos.
Las acusaciones populares solicitan la aplicación de medidas cautelares para Gómez y su asistente, incluyendo la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
La defensa de Begoña Gómez argumenta que no existen pruebas en su contra y denuncia que el procedimiento judicial está siendo utilizado con fines políticos.
Según la defensa, la cátedra de la Universidad Complutense fue concedida a Gómez por su trayectoria profesional, sin evidencias de tráfico de influencias ni apropiación indebida.
Una extensa comparecencia de casi tres horas celebrada ayer por la tarde en los Juzgados de Plaza de Castilla constituyó el último paso antes de que el juez Juan Carlos Peinado tome, casi con certeza, la decisión de llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La audiencia, a la que Peinado obligó a acudir a los tres acusados, sirvió también para que las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, solicitaran la imposición de medidas cautelares para Gómez y Álvarez.
Peinado no resolvió ayer ni sobre esta solicitud ni sobre la continuidad del proceso, que -a menos que la Audiencia Provincial de Madrid decida lo contrario- se dirige hacia un juicio ante el Tribunal del Jurado.
Las acusaciones populares reclamaron la retirada del pasaporte para Begoña Gómez, quien en ocasiones acompaña a su esposo en viajes oficiales.
También solicitaron que se le impida salir del país, que deba comparecer cada 15 días en sede judicial y que no pueda vender las participaciones de su empresa Transforma TSC SL.
En relación con Cristina Álvarez, las acusaciones populares pidieron la retirada de su pasaporte y la obligación de presentarse quincenalmente en un juzgado.
Hazte Oír no solicitó ninguna medida cautelar contra Juan Carlos Barrabés.
Los acusados, en silencio
Ninguno de los tres acusados tomó la palabra durante la comparecencia. Sin embargo, escucharon las intervenciones de las partes: las del fiscal y las defensas, que abogaron por el archivo del caso, y las de las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid, que piden que el proceso continúe y se celebre el juicio.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, declaró que “se está politizando un procedimiento fantasma como método para desacreditar a un gobierno con el que no comulgan”.
Unas decenas de personas se reunieron, de hecho, frente a los juzgados, exhibiendo pancartas críticas con el PSOE y Pedro Sánchez.
“Nadie debería permitir que un proceso penal sea usado como instrumento político”, añadió Camacho.
“Si el sistema no consigue filtrar este tipo de procedimientos judiciales con motivaciones políticas, se presenta un grave problema para el Estado de derecho”, afirmó.
“Begoña Gómez tiene un problema”, admitió. “Pero también existe un serio problema en la Administración de Justicia, que afrontará un desgaste considerable si este proceso concluye siendo un mecanismo para perseguir a alguien por su vínculo con una autoridad y no por los hechos”.
“Si Begoña Gómez estuviera casada con otra persona, no estaría enfrentando un juicio como sucede ahora”, aseguró.
El defensor manifestó su “firme convicción” de que “no existe ninguna prueba” contra la esposa del presidente del Gobierno.
Reprochó la “prisa” que Peinado ha impuesto en los últimos meses al proceso —considerando que el juez se jubilará en septiembre— y el rechazo a diligencias que la defensa considera esenciales, como la declaración del codirector de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, José Manuel Ruano.
También señaló que “carece de lógica que se haya llegado a la apertura de juicio oral cuando aún no se han resuelto los recursos presentados”.
En referencia a los delitos imputados, afirmó que “no hay evidencia de que Begoña Gómez haya cometido ninguna conducta de apropiación indebida” relacionada con el software de la cátedra.
“Este abogado presentó el correo electrónico en el que informó al vicerrector de la Universidad Complutense que la titularidad del dominio expiraba a finales de septiembre de 2024 y que Begoña Gómez no renovaría el dominio donde se alojaba el software”.
Se trata de un software que “fue diseñado para ser gratuito para pequeñas y medianas empresas”.
“¿Qué sentido tiene apropiarse de un software destinado a ser gratuito y que no generaría ingresos?”, cuestionó el defensor.
“Queda claro que ese software fue entregado a la Universidad Complutense de Madrid, nunca a Begoña Gómez en su capacidad personal. Nadie puede apropiarse de algo que nunca tuvo”.
Sobre la acusación de tráfico de influencias, Camacho dijo que Peinado “sostiene la inusual teoría de que Gómez, por ser esposa del presidente, habría presionado al rector para obtener la cátedra extraordinaria”.
Sin embargo, “no existe ninguna prueba, señal o siquiera especulación de que Begoña Gómez haya influido en su cónyuge ni que el rector se haya visto condicionado por dicha influencia”.
La cátedra “le fue otorgada por la Universidad Complutense debido a que llevaba más de 12 años trabajando para la UCM en un máster”, explicó. Una cátedra por la que Gómez no cobró y que, a su vez, “aportó beneficios a la UCM”.
Asimismo, consideró que el juez ha realizado una aplicación extensiva del delito de malversación “a situaciones no contempladas por la ley”.
“Begoña Gómez reside en la Moncloa por motivos de seguridad. Ninguna esposa de presidente ha optado por vivir en ese palacio. Por ello, cuenta con un cocinero que le prepara la comida y alguien que se la sirve en el comedor…. Según la interpretación del juez, esto implicaría investigar a decenas de personas por posibles delitos de malversación”, explicó.
En cuanto a los correos electrónicos vinculados a tareas de la cátedra firmados por Cristina Álvarez, ajenas a sus funciones en Moncloa, Camacho aclaró que “simplemente una amiga apoyaba a otra ante un incremento puntual de trabajo”.
“La única decisión jurídica justa, responsable y adecuada en el ámbito legal es el sobreseimiento de lo que no se ha demostrado porque nunca existió”, concluyó.
Por otro lado, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, solicitó la exclusión de la UCM como parte civil y reiteró la imposición de las costas del proceso a las acusaciones populares.