Un integrante del Gobierno admitió este miércoles que el Plan de Acción por la Democracia no es únicamente una iniciativa para «equipararnos a Europa y generar política mediática seria», sino que también representa «una oportunidad» para extender la legislatura mediante concesiones a los socios. El inconveniente radica en que esas concesiones no siempre coinciden con las intenciones reales de quienes forman parte del Consejo de Ministros.
De hecho, en ocasiones ni siquiera los ministros están de acuerdo entre sí, y menos cuando el tema es el Código Penal, y casi nunca si se trata de la Corona. Esto ocurrió con Unidas Podemos en la legislatura anterior para el PSOE, y sucede actualmente con Sumar.
Durante todo el verano, y especialmente en julio, los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun mantuvieron reuniones con los grupos parlamentarios para preparar el lanzamiento del Plan. Casi todos, incluyendo Sumar, solicitaron tres puntos: la derogación de la ley mordaza; la reforma de la ley de secretos oficiales; y la eliminación de las injurias contra la Monarquía y los sentimientos religiosos del marco jurídico.
Este lunes por la noche, apenas horas antes de presentar el borrador del Plan de Acción en el Consejo de Ministros, ambas partes consiguieron un acuerdo inicial con medidas poco concretas y sin garantías, pero fácilmente aceptables para los socios parlamentarios. Otro representante de Sumar, Enrique Santiago, pidió limitar el ámbito penal de las injurias a las instituciones del Estado, argumentando que afecta la libertad de expresión y no se ajusta a la normativa europea.
El texto definitivo, en su segundo capítulo, quedó redactado así: «Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión y la creación artística […] cuando se refiera a las instituciones del Estado, a delitos contra los sentimientos religiosos o al escarnio público u otros casos.» No se menciona explícitamente a la Monarquía.
La controversia entre PSOE y Sumar sobre esta redacción —impuesta por los socialistas— radica en si la Corona es o no considerada parte de las «instituciones del Estado», o si el borrador lo implica. En Moncloa sostienen que no, dado que la Corona está regulada en artículos distintos del Código Penal: el 491 para la Casa Real y a partir del 492 para las demás instituciones.
«No es aceptable que las injurias a la Corona eclipsen todo el plan», afirmó este miércoles un dirigente destacado del sector socialista en el Gobierno.
En cambio, un miembro de Sumar señaló que el texto «hace referencia a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España», las cuales, entre otras cosas, se han pronunciado en contra de las condenas españolas por injurias a la Corona. Recordaron especialmente las sentencias contra músicos y usuarios de Twitter.
Tres años más
El Plan de Acción por la Democracia incluye medidas recuperadas de propuestas anteriores del Gobierno, presenta numerosas vaguedades y propuestas generales, además de múltiples referencias a directivas europeas.
Asimismo, su avance en la tramitación parlamentaria presenta escasas garantías debido a las complejidades de las reformas legales que contempla. El Gobierno argumenta que las 32 medidas constituyen sólo “una hoja de ruta” que se desarrollará durante tres años adicionales de legislatura y, por ello, deben ser necesariamente generales para facilitar su negociación y debate entre los grupos parlamentarios.
La controversia surge sobre si es factible mantener esta situación durante tres años, sobre todo con un Congreso tan fragmentado. Al respecto, un ministro puntualiza que el Plan es precisamente «una oportunidad» para mantener cohesionados a los socios.
No obstante, el futuro incierto de este plan queda reflejado en la dificultad de sacar adelante algunas de sus iniciativas en el Parlamento, particularmente considerando la mayoría tan ajustada, intereses opuestos y falta de concreción con que han sido planteadas.