El fallo marcará la senda para el Tribunal Constitucional, encargado de resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont en un veredicto que podría ser crucial para su retorno a España.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá el 16 de julio el veredicto sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos derivados del procés pusieron en peligro los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos relacionados con el terrorismo se ajusta a las normativas comunitarias.
El departamento de prensa del tribunal anunció este viernes que la corte, con sede en Luxemburgo, resolverá las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional referentes a la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y a la acusación de terrorismo contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.
Además, la sentencia establecerá el rumbo para el Tribunal Constitucional, que debe evaluar el recurso de amparo interpuesto por Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no conceder amnistía en el caso de malversación, fallo que podría resultar esencial para su regreso a España.
El pronunciamiento del TJUE llega luego de la opinión expresada por el abogado general Dean Spielmann el 13 de noviembre pasado, que respaldaba los puntos principales de la ley de amnistía, argumentando que no afecta negativamente a las finanzas europeas y responde al interés general.
Spielmann rechazó la interpretación del Tribunal de Cuentas —que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación— según la cual la secesión de Cataluña habría disminuido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su contribución al presupuesto comunitario.
Conforme a este criterio, el abogado general añadió que la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 también debería considerarse ilegal, puesto que afectó al presupuesto comunitario.
Igualmente, señaló que no se puede establecer «un vínculo de conexión directa» entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no presentó «ningún indicio que demuestre que se utilizaron recursos del presupuesto de la Unión» para impulsar la independencia de Cataluña.
Ley del olvido
Contrariamente a lo que sostiene la Comisión Europea, el abogado general disputó que la ley del olvido constituya una «autoamnistía», ya que no persigue «proteger a un régimen político ni a sus representantes frente a eventuales procesos judiciales», sino «responder a una situación excepcional con el objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación».
El abogado general tampoco identificó incompatibilidades entre la directiva europea que combate el terrorismo y la ley de amnistía, dado que esta última «implica únicamente una suspensión parcial y temporal de sus efectos al extinguir la responsabilidad penal por hechos específicos, limitados en el tiempo y por su naturaleza».
De acuerdo con sus argumentos, la amnistía «se ajusta a los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y excluye de los delitos perdonados aquellos que representen violaciones graves de derechos humanos, especialmente las infracciones al derecho a la vida y a la integridad física, que quedan explícitamente excluidas.
No obstante, a pesar de respaldar los aspectos centrales de la amnistía, el abogado general advirtió sobre ciertos puntos procedimentales, particularmente los dos meses que la ley concede a los jueces para decidir su aplicación, indicando que «podrían ser incompatibles» con el derecho a una tutela judicial efectiva.
Estas conclusiones no son vinculantes, si bien, estadísticamente, suelen coincidir con las sentencias que finalmente dicta el TJUE.