Las claves
La puesta en acción de Leire Díez como ‘fontanera’ del PSOE ocurrió tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
El PSOE encargó a Díez y su equipo tareas para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Ejecutivo.
Las agendas decomisadas a Díez revelan encuentros entre ella y altos cargos socialistas donde se diseñaron estrategias para proteger a Begoña Gómez.
Begoña Gómez está llamada a declarar ante el juez por delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
«Sólo cuando ocurrió lo de Begoña alguien nos atendió», registró Leire Díez en una de sus reconocidas agendas, en las que describía sus planes, reflexiones y movimientos dentro de las cloacas del PSOE.
La investigación judicial sobre el caso Leire señala que el inicio de las cloacas se sitúa en abril de 2024. Pese a intentos previos realizados por Leire Díez, la cloaca se activó solo tras estallar el caso de la esposa del presidente.
Fue entonces, tras la imputación de Begoña Gómez, cuando el PSOE movilizó a Leire Díez y su equipo para intervenir en procesos judiciales incómodos para el partido, el Gobierno y Pedro Sánchez.
La anotación de Leire venía precedida de esta: «Intentamos contactar con el PSOE durante dos años«.
Estas palabras sintetizan el cambio de escenario que, de acuerdo con el auto del juez Santiago Pedraz, se produjo cuando la esposa de Pedro Sánchez pasó a estar bajo investigación.
Antes de eso, Leire Díez no había logrado que Ferraz atendiera sus propuestas.
«Sin Begoña, no habría habido fontanera», afirman fuentes del caso a EL ESPAÑOL.
Hasta ese momento, Leire Díez había estado dedicada a negocios en la Sepi. A partir de entonces, la fontanera alcanzó el poder en Ferraz que había ansiado desde su época como concejal en Cantabria.
Leire Díez, vinculada con un Pérez Dolset que poseía toda la documentación y grabaciones de Villarejo, llevaba tiempo intentando utilizar ese material en su beneficio.
No obstante, cuando estalló el caso Begoña, Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, le encargó trabajos orientados a sabotear investigaciones judiciales y policiales perjudiciales para la formación socialista y el Ejecutivo.
«Salgo urgente a Madrid […]. Me mandó Santos. Tenemos datos que ayudarán al presidente», escribió Leire Díez a Vicente Fernández.
El 26 de abril de 2021 se produjo la primera reunión de la cloaca en la sede del PSOE.
Leire sostuvo encuentros con Cerdán, Juanma Serrano (exjefe de Gabinete de Sánchez), Ion Antolín (director de comunicación del partido) y Antonio Hernando, quien entonces era director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno.
No fue una reunión cualquiera. En esa cita se congregaron las figuras clave de Sánchez tanto en Moncloa como en Ferraz. El objetivo: salvar a Begoña Gómez.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, señala que ese plan habría sido financiado «con fondos del partido».
En las agendas de Díez se menciona también una «Operación PSOE», una expresión que enmarca supuestamente la estructura activa desde el entorno socialista.
Salvar a Begoña
La activación de la fontanera coincidió con el momento político más complicado para Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa.
Tras cinco días de reflexión del presidente, la protección de Begoña Gómez se convirtió en una prioridad política.
No solo por el impacto público y personal de la imputación, sino porque la figura de la esposa del presidente estaba vinculada a varios asuntos que comprometían al Gobierno.
Begoña Gómez no era un caso aislado. Diversas investigaciones la sitúan en el centro de una red de conexiones con Globalia, Air Europa, ONU Turismo, Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid.
Esta relevancia transversal explica que el caso Begoña fuera un detonante. La investigación abarcaba no solo la carrera profesional de la esposa del presidente, sino también expedientes, contratos y decisiones del Consejo de Ministros.
Aquí encaja la anotación de Leire Díez. La frase «sólo cuando ocurrió lo de Begoña alguien nos atiende» refleja que la apertura de la causa, según el sumario, fue el momento en que Ferraz permitió el acceso a una maquinaria de difamación que había estado buscando interlocución durante tiempo.
El juez Pedraz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado que Santos Cerdán y Leire Díez llevaron a cabo al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz.
El sumario contabiliza un total de 39 encuentros entre ambos. De ellos, 22 se celebraron en la sede nacional del partido y 17 ocurrieron fuera de Ferraz o en lugares discretos.
El calendario también es significativo. Las reuniones en la sede socialista transcurrieron entre abril de 2024 y mayo de 2025. La cita inicial data del 26 de abril de 2024, justo después de la «carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez.
Esta secuencia refuerza la tesis del sumario: el caso Begoña no solo generó consecuencias judiciales, sino que también desencadenó una respuesta formal del partido, con reuniones, encargos y una estrategia para mitigar el impacto de las investigaciones.
Las agendas decomisadas a Díez aportan un dato adicional. En una página de febrero de 2025 aparece una «reunión con P. S.«, unas siglas que el propio Gobierno ha tenido que reconocer corresponden a Pedro Sánchez.
El círculo Begoña
El trasfondo de la operación se comprende mejor al entender el rol que Begoña Gómez fue asumiendo desde 2018 junto al presidente del Gobierno.
Dos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center, un organismo vinculado al Instituto de Empresa.
Desde ese momento, se estableció una red de contactos centrada en tres figuras: Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia; Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo; y Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado posteriormente a la cátedra de la Complutense.
Con la colaboración de ONU Turismo, la antigua OMT, y la consultoría de Barrabés, Javier Hidalgo lanzó en enero de 2019 Wakalua, una filial de Globalia concebida como centro de innovación turística. Un año después, Wakalua se convirtió en patrocinador del Africa Center de Begoña Gómez.
Barrabés también terminó como asesor y profesor en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la Universidad Complutense creó en 2020 para Gómez.
Según las investigaciones, los tres se beneficiaron posteriormente de decisiones o contratos vinculados al Gobierno.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre de 2020 el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Fue la ayuda económica más alta otorgada por el Ejecutivo y se completó en 70 días.
En diciembre de 2021, el Gobierno cedió gratuitamente por 75 años el antiguo Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana para establecer la nueva sede de ONU Turismo. Además, destinó 24,6 millones de euros a su acondicionamiento.
Desde 2020, las empresas de Juan Carlos Barrabés recibieron más de 16 millones de euros en contratos públicos de entidades como Red.es. En algunos procesos, las compañías del Grupo Barrabés presentaron cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez.
El caso Air Europa
La conexión con Globalia es uno de los capítulos más destacados y controvertidos de las relaciones de Begoña Gómez con el sector empresarial.
En septiembre de 2019, tuvo lugar el primer encuentro entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo en San Petersburgo, durante la Asamblea General de ONU Turismo.
Allí presentaron la Tourism Online Academy, una iniciativa impulsada junto a IE University, entidad de la que dependía el Africa Center de Begoña Gómez.
Cuatro meses después, Wakalua patrocinó el Africa Center con 40.000 euros. Según los documentos, esa cifra permitió a Gómez acceder a contactos del grupo Globalia y participar en eventos internacionales organizados por ONU Turismo.
En 2020, Begoña Gómez mantuvo dos reuniones con Javier Hidalgo en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón. También sostuvieron un encuentro por videoconferencia.
Más tarde, el Consejo de Ministros activó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi, y el Ministerio de Transportes anunció que estaban «finalizando» el rescate de Air Europa, antes de que la compañía solicitara formalmente acceder al fondo.
Según los informes de la UCO, Víctor Aldama presionó a José Luis Ábalos mediante Koldo García para divulgar esa información a los medios y tranquilizar a la familia Hidalgo.
El propio Aldama declaró después que Begoña Gómez ejerció presión desde Moncloa para aprobar el rescate de Air Europa y para que los Hidalgo apoyaran sus actividades.
EL ESPAÑOL publicó en abril de 2021 los mensajes de Koldo García a Aldama, pocos meses tras la aprobación del rescate, en los que describía una presión «insoportable» y «a nivel casi divino» para que Air Europa cumpliera con sus compromisos.
Zurab Pololikashvili
El frente de ONU Turismo también vincula a Begoña Gómez con decisiones gubernamentales bajo sospecha.
Pedro Sánchez anunció el 22 de enero de 2019 la decisión del Gobierno de ceder el antiguo Palacio de Congresos de Madrid para alojar la nueva sede del organismo. Ese mismo día, Zurab Pololikashvili y Javier Hidalgo presentaron Wakalua en el Barrabés Growth Space.
Años después, el Ejecutivo formalizó la cesión gratuita del inmueble por 75 años, autorizando además una inversión de 24,6 millones de euros para su adecuación.
Aldama aparece de nuevo como nexo. En abril de 2021 escribió a Koldo García: «Acaba de responderle Begoña y el presidente a Zurab«.
Este mensaje, parte de la investigación llamada ‘KolgoGate: los whatsapps secretos’ divulgada por EL ESPAÑOL, sitúa al empresario al tanto de los contactos entre Pedro Sánchez, su esposa y el secretario general de ONU Turismo.
Barrabés, el gran amigo
Juan Carlos Barrabés participó en la cátedra de la Complutense dirigida por Begoña Gómez. Colaboró en el diseño del programa, actuó como asesor y impartió clases. Sus empresas recibieron contratos públicos.
Barrabés es un cercano amigo del matrimonio Sánchez-Gómez. La relación empezó en 2015 en Benasque (Huesca) durante un encuentro del entonces líder de la oposición con empresarios locales.
Desde entonces, la influencia de Barrabés en Pedro Sánchez y Begoña Gómez ha crecido considerablemente.
El empresario se convirtió además en un apoyo fundamental para los proyectos profesionales de Begoña Gómez.
El juez Peinado sostiene que Barrabés pudo obtener beneficios económicos gracias a contratos públicos derivados de su relación con la esposa del presidente.
La Intervención General del Estado detectó indicios de fraude de ley y trato preferencial en dos contratos de Red.es otorgados a una UTE compuesta por Innova Next, del Grupo Barrabés, y The Valley Digital.
Ambos contratos sumaban 8,4 millones de euros y se financiaron con fondos europeos. En los procesos se presentaron cartas de recomendación firmadas por Gómez.
La vinculación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha convertido en uno de sus principales frentes judiciales.
El lazo inició con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), creada en 2020 y dirigida por Gómez.
La controversia aumentó por el software desarrollado en el entorno de la cátedra. La investigación busca aclarar si ese proyecto, ligado a una institución pública como la Complutense, fue utilizado para favorecer intereses privados o si hubo apropiación indebida de recursos universitarios.
Este frente se suma a las sospechas sobre el papel de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, por su posible implicación en tareas vinculadas a la cátedra.
Gómez afirmó que Álvarez solo le prestó «favores personales puntuales» debido a la amistad que compartían.
El juez Juan Carlos Peinado atribuye a Gómez delitos como apropiación indebida y malversación de fondos públicos, entre otros.
Por ello, el caso Complutense no se reduce a una disputa académica, sino que forma parte de la investigación sobre la utilización de recursos, contactos y medios públicos vinculados a la actividad profesional de la esposa del presidente.
Al banquillo
La maquinaria que se atribuye a Leire Díez surgió, según el sumario, cuando Begoña Gómez empezó a ser un problema judicial y político para el Gobierno.
Desde entonces, Santos Cerdán mantuvo múltiples reuniones con ella y, según el juez Pedraz, le encargó acciones contra investigaciones incómodas para el PSOE.
A pesar de los intentos de Leire Díez y su equipo, la Justicia ha ido prevaleciendo frente a las presiones, y muchos de los casos de corrupción vinculados al PSOE avanzan judicialmente.
Por ejemplo, Begoña Gómez está citada este lunes, 15 de junio, ante el juez Juan Carlos Peinado. La comparecencia será una audiencia preliminar obligatoria para la posible apertura de juicio oral con jurado popular.
El magistrado exige su presencia personal y ha advertido que, en caso de no comparecer voluntariamente, podrá ser llevada por la fuerza pública.
La sesión está programada a las 18:00 horas. En ella, las acusaciones populares podrán solicitar medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas.
El juez ha considerado concluida la instrucción y formalmente imputa a Begoña Gómez cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Junto a ella, también están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Tras el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo y el del hermano de Pedro Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz (ambos pendientes de sentencia), Begoña parece destinada a ser el tercer caso en llegar a juicio en el ámbito del PSOE.
Además, es previsible que no sea el último. Los recientes autos relacionados con el caso Leire, la SEPI, Zapatero o la instrucción aún secreta sobre la posible financiación irregular del PSOE indican que la presión judicial seguirá aumentando para el partido y su secretario general, Pedro Sánchez.