García Andrés complicaba, según la investigación, la concesión de una ayuda de 112,8 millones al grupo vasco, aunque finalmente la aprobó.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interrogado al que fuera segundo al mando en el Ministerio de Economía durante el mandato de Nadia Calviño, después de haber cuestionado y más tarde autorizado el polémico rescate de Tubos Reunidos (TR) por un importe de 112,8 millones.
Se trata de quien fuera secretario de Estado de Economía en 2021, Gonzalo García Andrés, que actualmente ocupa el cargo de consejero comercial de España en Reino Unido.
Aunque el caso sobre un posible pago de comisiones a la red de Santos Cerdán a través de TR continúa bajo secreto, EL MUNDO ha confirmado que la declaración de García Andrés se tomó en calidad de testigo el pasado enero, en relación con su intervención —con resistencia inicial— en el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas (FASEE) del 13 de julio de 2021, que finalmente aprobó la ayuda.
De acuerdo con fuentes investigativas, existen mensajes internos entre integrantes de la red de Santos Cerdán que reflejan cómo García Andrés mostraba oposición en las semanas previas a autorizar el rescate. Así lo comunicó el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, a Antxón Alonso, socio de Cerdán y administrador de Servinabar. Ambos apostaban a obtener una comisión que la UCO ha estimado inicialmente en 114.954 euros y estaban molestos por la actitud del secretario de Estado de Economía.
Fernández contaba con información privilegiada sobre los debates en dicho Consejo Gestor, un órgano interministerial encargado de administrar las ayudas durante la pandemia y en el que participaba, representando al Ministerio de Calviño, el mencionado García Andrés.
Su antecesora en la secretaría de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ya se había distanciado meses antes de su participación en la decisión del rescate de Plus Ultra por 53 millones, atribuyendo la responsabilidad a la Sepi.
Tras aquel escándalo, el sucesor García Andrés manifestó objeciones a nuevas operaciones. Tubos Reunidos compartía una característica con Plus Ultra: ambas empresas presentaban pérdidas previas a la pandemia, lo que contravenía la norma europea que permitía ayudas únicamente a compañías fuera de crisis en 2019.
Este diario ha verificado en el acta confidencial elaborada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que García Andrés, finalmente, participó en la aprobación definitiva de la inyección financiera al grupo vasco, aunque las condiciones impuestas a TR fueron más exhaustivas que las establecidas para Plus Ultra y otros rescates anteriores. Por consiguiente, y pese a las objeciones iniciales, García Andrés otorgó el visto bueno, ya que el acta refleja, como en casos previos, que la decisión se tomó «por unanimidad». El consejero comercial no contestó a las solicitudes de este diario para obtener su versión antes del cierre de esta edición.
En esa sesión del Consejo Gestor también estuvo presente el actual subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, quien, según el acta, respaldó el informe favorable de su departamento para el rescate. No obstante, el UCO no le ha citado a declarar, según fuentes del Departamento de la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en un marcado contraste con la situación de García Andrés. Aagesen, miembro titular, delegó en González Suela ese día.
Otros altos cargos que asistieron fueron la entonces subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el ex director general de Industria, Galo Gutiérrez, quien sustituyó temporalmente al secretario general de su Ministerio, Raül Blanco.
La sesión fue presidida por la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, que, según la red, apoyó la aprobación anticipada del rescate.
Gamarra reclama investigación interna
La vicesecretaria de Justicia del PP, Cuca Gamarra, solicitó el pasado miércoles en el Congreso al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, una investigación interna sobre la gestión del Ministerio de Economía en este y otros rescates, como Plus Ultra y Air Europa. La diputada riojana acusó al vicepresidente de actuar como «blanqueador» del Ejecutivo al no pronunciarse sobre indicios de corrupción en rescates autorizados por su ministerio. Recordó que las ayudas a Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, todas sujetas a investigación judicial, suman más de 650 millones de fondos públicos. Plus Ultra y TR presentan, además, serias dificultades para reembolsar y están incumpliendo las condiciones iniciales del rescate.
«Está convencida de que el entonces secretario de Estado de Economía tuvo que informar al vicepresidente sobre lo sucedido», afirmó Gamarra en referencia a García Andrés, subordinado del actual vicepresidente primero. Cuerpo no ofreció respuesta.