El pacto migratorio ya está en vigor. Todos los estados de la UE deben aplicar la solidaridad al acoger a migrantes. Explicamos qué implica esto para Polonia y desmentimos mitos.
El problema de la migración no regulada hacia la Unión Europea persiste desde hace tiempo.
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Esta problemática se intensificó tras 2015, luego de unas declaraciones de la entonces canciller alemana Angela Merkel, las cuales fueron interpretadas ampliamente como una invitación abierta para venir a la UE.
La Unión Europea y sus instituciones continúan trabajando en soluciones conjuntas y en la construcción de una política migratoria coherente. Gran parte de este esfuerzo responde a la presión ejercida por los países más afectados, como Grecia, España, Chipre e Italia: la vigilancia de las fronteras marítimas es más complicada, por lo que la mayoría de migrantes irregulares acceden a la Unión a través de estos territorios.
La Comisión de Jean-Claude Juncker, en particular el comisionado europeo para migración de entonces, propuso que todos los Estados miembros compartieran la responsabilidad de acoger migrantes mediante un mecanismo de reubicación. A los países que se negaran a participar se les aplicarían sanciones económicas; incluso se sugirió una multa de 200,000 euros por cada migrante no aceptado.
En 2018, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Austria rechazaron la reubicación obligatoria en una cumbre europea. Sin embargo, ni la problemática ni la iniciativa desaparecieron.
Desde hace dos años, se está trabajando en un pacto migratorio destinado a modificar la política actual.
A continuación, los puntos clave del pacto migratorio:
Normas comunes
Por primera vez, los 27 Estados miembros deberán aplicar un conjunto unificado de reglas sobre controles fronterizos, procedimientos de asilo, condiciones de acogida y el mecanismo de solidaridad para la reubicación de solicitantes de asilo entre países.
Fin de la regla del ‘primer país’
Hasta ahora, regía el sistema de Dublín, que asignaba la responsabilidad de un migrante al país europeo donde éste ingresaba por primera vez.
Por ejemplo, si un migrante llegaba por mar a Grecia, era Atenas quien asumía la responsabilidad. Cuando un migrante irregular era deportado desde países como Alemania o Bélgica, se le devolvía a Grecia. Esta normativa dejará de aplicarse.
Principio de ‘solidaridad obligatoria’
Esto establece que todos los países de la UE compartirán la responsabilidad sobre los migrantes que accedan a la Unión.
Cada Estado deberá recibir a un número proporcional de migrantes (calculado según factores como población, PIB y situación general del país) o contribuir económicamente: bien pagando una suma equivalente si rechaza acoger migrantes, o mediante financiación para infraestructuras, por ejemplo.
Clasificación de los países de la UE en tres grupos:
Países beneficiarios del Pacto: Chipre, Grecia y España.
Los migrantes que permanezcan en estas naciones serán parcialmente redistribuidos a otros Estados miembros, además de que Chipre, Grecia y España recibirán apoyo financiero.
Países bajo presión: este grupo incluye, entre otros, a Polonia, Croacia, Austria, Estonia y Chequia.
Algunos Estados miembros se encuentran en una situación excepcional. En el caso de Polonia, dada la gran afluencia de refugiados ucranianos y la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia, queda temporalmente exenta del mecanismo de solidaridad.
Países asistentes: todos los demás miembros que deberán contribuir a paliar la crisis migratoria aceptando migrantes o mediante aportes económicos.
En diciembre de 2025, se estimó que la cuota de reubicación para 2026 sería de 21,000 personas según un informe.
Hasta ahora, Eslovaquia y Hungría han declarado que no aceptarán a nadie.
El pacto funcionará como un mecanismo permanente. Cada año, la Comisión Europea elaborará un informe sobre la situación migratoria en cada país miembro.
Los Estados podrán solicitar exenciones por emergencias, pero la decisión final corresponderá a la Comisión.
A mitad de año, la Comisión también evaluará la aplicación práctica del pacto.
Lo que no incluye el Pacto
Contrario a lo que se piensa, el pacto migratorio no contempla la creación de centros de retorno fuera de la UE. Esa propuesta aparece en otro documento europeo, la regulación sobre un sistema común para el retorno de migrantes. Dicha normativa prevé ampliar hasta dos años el periodo máximo de detención y establecer una prohibición de entrada doble. Mediante este esquema, los países de la UE podrían firmar acuerdos con terceros para crear centros de migrantes en esos territorios.
El gobierno de Giorgia Meloni fue pionero en aplicar este modelo, firmando acuerdos con Albania, entre otros. Sin embargo, surgieron problemas legales: tribunales italianos lo declararon ilegal y el Tribunal de Justicia de la UE también expresó objeciones. En última instancia, la regulación aclararía el marco jurídico.
El desafío restante será convencer a terceros países de suscribir acuerdos, normalmente a cambio de incentivos económicos.
La regulación será votada en el Parlamento Europeo la próxima semana durante la sesión plenaria.
Implicaciones para Polonia
Debido a la guerra en Ucrania y la crisis en la frontera con Bielorrusia, Polonia ha recibido una exención temporal de la obligación de reubicar migrantes en 2026. Sin embargo, esta excepción no es indefinida.
La situación será revisada a mitad de año durante la evaluación del funcionamiento del Pacto y nuevamente en diciembre, cuando la Comisión publique su informe.
Si la Comisión considera que Polonia continúa en emergencia, la exención se prolongará un año más. En caso contrario, la obligación de reubicación también será aplicable en Polonia.