Las claves
Óscar Puente censura a la UDEF por su falta de precisión y por introducir conjeturas infundadas en sus informes relacionados con la causa que involucra a Zapatero.
El ministro rechaza cualquier interferencia en el contrato otorgado a un proveedor español para el suministro de equipamiento Huawei a Adif.
El Ejecutivo refuerza su táctica de desacreditar tanto a la Policía judicial como a los magistrados implicados en pesquisas de presunta corrupción vinculadas al PSOE.
Óscar López, ministro de Transformación Digital, también cuestiona la imparcialidad del sistema judicial y critica la coincidencia de varios procesos legales contra miembros del PSOE.
Después de sembrar incertidumbre respecto al proceder de los jueces, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue un paso más allá este viernes, lanzándose a criticar duramente el trabajo de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos.
Puente publicó un vídeo de casi 10 minutos donde acusa a la UDEF de mostrar «falta de rigor», de «complicar todo» y de añadir «conjeturas absurdas y ridículas» en sus documentos.
De este modo, el Gobierno sigue aplicando su estrategia para minar la credibilidad de los jueces y la Policía judicial, con el propósito de restar peso a la causa donde el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura imputado por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
En uno de sus informes enviados al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la UDEF destacó una anotación encontrada en la agenda de Julito Martínez, identificado como «testaferro» de Zapatero.
La anotación del empresario dice textualmente «Huawei 100 fin de mes«, seguida de «400 contrato«.
Sobre esto, la UDEF indica en su informe que Adif (dependiente del Ministerio de Transportes) adjudicó el pasado marzo un contrato valorado en 400.000 euros para el «suministro de equipamiento Huawei» para su red de datos.
Al detallar estos hechos, la UDEF solo sugiere una posible línea de indagación.
En un vídeo subido a sus redes sociales, el ministro Óscar Puente negó cualquier tipo de influencia en ese contrato, aunque lo hizo de manera contundente, acusando a la UDEF de usar «falacias» y «conjeturas absurdas».
Explicó que al concurso convocado por Adif se presentaron tres propuestas, y el contrato se otorgó a la oferta más económica, con una reducción del 40% respecto al precio inicial, ya que los términos no contemplaban la evaluación de otros criterios técnicos.
Específicamente, el contrato fue adjudicado a un proveedor español encargado de suministrar material del fabricante chino Huawei, prohibido por la UE y EEUU.
«Relacionar este contrato con alguna trama resulta tan absurdo y ridículo«, afirmó Puente en su vídeo, «que no entiendo cómo un informe policial puede considerarlo en sus conjeturas».
Continuó en la misma línea, cuestionando toda la investigación de la UDEF sobre Zapatero: «Si todo el informe es de esta naturaleza, no me creo nada. Esta total falta de rigor, esta situación tan lamentable…»
En su opinión, el informe elaborado por la UDEF no aporta ninguna «conclusión útil más que complicarlo todo».
Poco antes de publicar el vídeo, Puente había anunciado que haría una reflexión acerca de «las falacias presentes en un informe policial«.
Para defender al expresidente Zapatero, el Gobierno desacredita el trabajo de una unidad especializada de la Policía, que actúa bajo la supervisión de los jueces para esclarecer casos de corrupción.
El jueves anterior, el ministro Puente ya había puesto en tela de juicio la labor de los jueces, señalando sospechosas «coincidencias» en la dispar velocidad de avance de los distintos procesos.
Apoyando esta postura, Puente listó varios casos: la causa abierta a Begoña Gómez, el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez que comenzó ese jueves en Badajoz, la «condena al fiscal general del Estado por cuestionar un bulo» y el procedimiento vinculado a Zapatero. «Estoy algo sorprendido», admitió.
El ministro de Transportes consideró injustificada la investigación encabezada por el juez José Luis Calama, diciendo que «Zapatero se dedica aproximadamente a lo que se dedican otros expresidentes de España y del mundo».
Recordó además que, desde que Zapatero dejó la Presidencia en 2011, «es un ciudadano privado, exento de las obligaciones propias de los cargos públicos».
Puente afirmó que entre los militantes socialistas hay «una profunda frustración» y cansancio por los procesos judiciales, las «coincidencias» en los calendarios y la «instrumentalización política» de algunas causas.
«No creo en las casualidades y no me dejo engañar«, sentenció.
En un acto de las Juventudes Socialistas, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, se sumó este viernes a la escalada de críticas del Gobierno hacia la Justicia.
«He visto condenar a un fiscal general del Estado sin pruebas«, declaró, «he observado cómo coinciden cuatro, cinco o seis juicios, y cómo se filtran a la prensa antes de controles o comparecencias presidenciales».
Óscar López siguió menospreciando a los jueces: «He sido testigo de cómo se redactan sumarios que podrían competir por el Premio Planeta a la mejor obra literaria«.
«En este partido», concluyó, «la corrupción está prohibida y por eso actuamos siempre. Pero también está prohibido rendirse y dejarse engañar».
Después de la imputación de Zapatero, en el PSOE causó conmoción la entrada este miércoles de la UDEF en la sede socialista de la calle Ferraz, solo una hora antes de la sesión de control al Gobierno, vinculada al caso de Leire Díez.
La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE, opacó el viaje del presidente Pedro Sánchez al Vaticano, donde fue recibido por el Papa León XIV.
Desde Roma y tras conocer los hechos, Sánchez afirmó que no adelantará las elecciones generales porque, según él, debe priorizar el «interés general» de los españoles y no los «intereses partidistas» del PSOE.
Esta semana, varios han pedido a Sánchez convocar elecciones para poner fin al descrédito generado por la corrupción, incluyendo a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, así como al presidente de Castilla y León, el socialista Emiliano García-Page.
También dos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en noviembre de 2023: el PNV y, este viernes, Junts.
Sin embargo, en lugar de ofrecer explicaciones sobre la multiplicidad de casos de corrupción que involucran a figuras destacadas del partido, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha optado nuevamente por lanzar una ofensiva para desacreditar el trabajo de los jueces.