La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, afirmó durante su intervención en el Congreso que el fracaso en su ciudad se debió al Plan de Inundaciones implementado por su predecesor de Compromís, Joan Ribó.
José María Ángel Batalla, quien fuera comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños causados por la Dana, solicitó la aprobación «por consenso» de una normativa que establezca «un marco administrativo unificado» que involucre a municipios, comunidades autónomas y el Estado para «responder con mayor rapidez y eficacia» ante emergencias. Además, indicó que «debe fomentarse una cultura de emergencias y prevención desde la educación escolar».
Ángel Batalla, que no ocupaba ningún cargo el 29 de octubre de 2024 –fecha de la tragedia– a pesar de ser un especialista en gestión de emergencias y haber dirigido durante ocho años la Agencia de Respuesta a las Emergencias de la Comunidad Valenciana, expresó sentirse «como un observador pasivo» mientras se desarrollaban los hechos. Tras la inundación, fue designado comisionado del Gobierno para la reconstrucción, pero tuvo que renunciar luego de que se revelara que había incluido un título universitario falso en su currículum.
Cristina Moreno, representante del PSOE, dedicó gran parte de su intervención a afirmar que la comparecencia de Ángel buscaba únicamente generar «ruido» coincidiendo con la convocatoria en comisión del Congreso a la misma hora que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Moreno acusó a Catalá de haberse «desentendido» de la Dana y haberse mantenido distante para no perjudicar sus aspiraciones políticas. Por su parte, Catalá, en la comisión de la Cámara Baja, sostuvo que el fallo en su municipio el 29-O se debió al Plan de Actuación ante Inundaciones aprobado por el equipo municipal anterior, liderado por el alcalde de Compromís, Joan Ribó.
La alcaldesa defendió las medidas preventivas que, según explicó, ajustaron conforme a las alertas meteorológicas e hidrológicas, reiterando que el Plan de Inundaciones nunca contempló que un desbordamiento del Barranco del Poyo pudiera afectar alguna área de la ciudad, y descartaba las inundaciones que finalmente sí se produjeron.
Catalá enfatizó que el Ayuntamiento no contaba con competencias ni era responsable de vigilar lo que ocurría «aguas arriba» y que, además, no recibieron ningún aviso sobre la inminencia de una riada.
Por su parte, Ángel Batalla señaló que, durante su etapa como comisionado, desde el momento de su nombramiento hasta la renuncia, contó con un equipo «muy capacitado» y que la colaboración con las Administraciones fue «muy fructífera». El compareciente evitó emitir juicios o opiniones sobre las causas de la tragedia, las fallas existentes o lo que debía haberse previsto, aunque adelantó que, transcurrido un tiempo, planea publicar un libro al respecto.
Curso homologado para emergencias
Según su criterio, «debería implementarse un curso homologado en todo el Estado para quienes dirijan emergencias y fortalecer la comunicación con los alcaldes, quienes poseen un conocimiento profundo de la orografía y morfología territorial de sus municipios».
Al ser preguntado por el representante de Compromís acerca de los mensajes intercambiados en el grupo de WhatsApp del Consell durante el día de la tragedia –en los que Mazón comentaba «hay que inundar de datos a los medios de comunicación» y «de confinar, nada»–, el compareciente se negó a dar su opinión al respecto. El senador de Compromís criticó duramente a Carlos Mazón; a Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Generalitat; y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificando la actuación de todos ellos como un «castigo bíblico».
No obstante, Ángel Batalla alabó la «rapidez» con que Pérez Llorca acudió a La Moncloa tras tomar posesión para «fomentar la coordinación». También expresó elogios hacia la gestión del Ministerio de Agricultura.
El compareciente insistió en que la coordinación entre los técnicos fue ágil, a diferencia de la política, la cual estuvo marcada, dijo, «por una notable crispación». En este sentido, opinó que la iniciativa de Llorca de dialogar con Pedro Sánchez contribuyó a aliviar la tensión dentro de la comisión mixta, constituida más de 400 días después de la riada.