Nervis Villalobos, ex viceministro chavista, facilitó a los conspiradores el contacto con una denunciante del fiscal, a quien pretendían neutralizar, y a cambio solicitaba nacionalizarse español para evitar una posible extradición a EEUU por blanqueo de capitales.
Santos Cerdán solicitó asistencia a «Félix», supuestamente Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, para lograr la nacionalización española del ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, imputado en varias investigaciones por blanqueo de fondos presuntamente sustraídos por la dictadura de ese país, y figura fundamental en la extorsión diseñada por los acusados en el ‘Caso Leire’ contra el fiscal anticorrupción José Grinda.
El 19 de diciembre de 2024, según consta en las pesquisas de la Guardia Civil, Leire Díez mantuvo un intercambio vía WhatsApp con Ismael Oliver, abogado de Villalobos, donde le aseguró que había intentado contactar «con Félix» para tratar el expediente de nacionalización española del venezolano, aunque «se me ha escapado», informó. Al día siguiente, Leire Díez informó a Ismael Oliver: «Ayer me dijo Santos que Félix le había explicado que la razón era por la causa en la AN en la que le piden 9 años». Esta causa era ‘Duro Felguera’: el blanqueo de fondos del chavismo ligado al rescate de la empresa asturiana.
La nacionalización de Villalobos, que finalmente se le concedió según ha reconocido el Gobierno esta semana, podría resultar clave para impedir su extradición en caso de ser reclamado por Estados Unidos por las acusaciones de blanqueo, situación similar a la de otros implicados en el desfalco de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Al mismo tiempo, Nervis resultaba esencial para la organización porque había logrado establecer contacto con una joven de Jaén que mantenía abierto un litigio contra José Grinda, fiscal anticorrupción. Incluso el grupo conformado por Díez, Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de SEPI, y Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, empresa receptora de presuntas comisiones por contratos públicos, planificó hacer negocios con él, según sostiene la Guardia Civil, para lo cual intentaron concertar una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, sin conseguirlo supuestamente.
Ahora se revela que Cerdán y la red acudieron a «Félix», presumiblemente Bolaños, para intentar proteger a Villalobos con la nacionalidad española. Precisamente, el ministro de Presidencia y Justicia reconoció este martes que finalmente se le otorgó bajo la Ley de Memoria Histórica. Esto ocurrió luego de que la UCO solicitara al Ministerio ese expediente para examinar las condiciones en las que se obtuvo la nacionalidad.
Villalobos afirma, consultado por este medio, que en el proceso en el que se solicitó intervención a Bolaños la nacionalidad le fue nuevamente denegada por estar imputado en el ‘caso Duro Felguera’, pero que para obtenerla mediante la Ley de Memoria Histórica bastaba con tener antepasados españoles y cumplir los requisitos.
El origen de toda esta historia es, en cualquier caso, extenso y tortuoso. El 23 de enero de 2025, Leire Díez escribía al empresario, ex presidente del FC Barcelona y recluido dos años antes de ser absuelto Sandro Rosell: «Ayer hablando con Santos [Cerdán] le comenté que, además de eliminar lo negativo al presidente [Pedro Sánchez], hay que ayudarle a crear ecosistemas de apoyo«.
Desde entonces, Díez llevaba ya ocho meses, desde la «Carta a la ciudadanía» y los cinco días «de reflexión», intentando combatir desde las sombras a los «enemigos» del Gobierno, y una de sus estrategias, según destapó la misma Unidad Central Operativa (UCO) a la que pretendía perjudicar, consistía en lograr la colaboración del ex comisario José Villarejo.
Lo que debía facilitar Villarejo consistía en información sobre la llamada «policía patriótica», asuntos comprometedores del PP o cualquier dato útil para el Gobierno del PSOE. Leire lo dejó plasmado en un documento interceptado llamado ‘Acuerdo V’.
Para rubricarlo, tanto Villarejo como su abogado serían convocados «para acudir a un despacho donde se encontrarán con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)«, redactó ella misma, con un tono megalómano habitual en numerosas conversaciones suyas.
Villarejo, según ese documento, debía aceptar penas de prisión en los procesos pendientes, «pero estas no implicarían vuelta al encierro». Sin embargo, «el pilar fundamental de la colaboración» consistía, según el texto, en proporcionar toda la información relacionada con, literalmente: «Rajoy. Cospedal. Ignacio López del Hierro [esposo de la ex política del PP]», y así hasta cerca de veinte objetivos. También «todos los asuntos relacionados con el PSOE, especialmente Andalucía», y «todos los temas vinculados a Podemos».
Para negociar con la Fiscalía esta propuesta que Villarejo facilitaba a cambio de suministrar información contra los opositores de Sánchez, Leire Díez comunicó a uno de los implicados que había visitado la Fiscalía General del Estado el 8 de abril de 2025.
Sin embargo, Villarejo también demandaba algo a cambio, una de sus obsesiones desde años atrás: el fiscal anticorrupción con quien había coincidido en varios procedimientos y a quien profesaba un odio intenso: José Grinda.
El comisario retirado dejó constancia en otro documento incautado por la UCO, fechado el 26 de agosto de 2024 y titulado «Planteamientos». En él, entre los objetivos a seguir, Villarejo escribe a Leire: «Fiscales, especialmente Grinda».
Así, el 4 de octubre de 2024, poco después de entrar en la negociación con Villarejo, Leire Díez le dice a la periodista fallecida Patricia López, que habría recibido decenas de miles de euros de los conspiradores para distribuir información manipulada: «A mí me hace mucha falta atacar a Grinda».
Ambas compartían otro contacto, presente desde los inicios de la red, que también mantenía cuentas pendientes con Grinda: se trata de Javier Pérez Dolset, empresario imputado durante más de 10 años por la presunta estafa de ZED, la empresa que poseía, caso en el que Grinda participa como representante de la Fiscalía Anticorrupción.
Por eso, Leire comenzó a buscar datos comprometedores sobre Grinda para intentar neutralizarlo, por dos caminos: sobornándolo con dinero o una mejora dentro de la Fiscalía, o extorsionándolo.
Lo primero, promovido por Díez y López, fue ejecutado materialmente, según la investigación de la Guardia Civil, por el periodista Pere Rusiñol, ex colaborador de ‘El País’ y ‘Público’. Rusiñol habría presentado las ofertas a Grinda mediante un documento escrito, y al recibir rechazo, informó a Díez.
Para la segunda vía fue esencial, según la UCO, la intervención de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007, imputado tras establecerse en España por presunto blanqueo de fondos provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Imputado, concretamente, por el juez de Plaza de Castilla Juan Carlos Peinado —a quien Díez intentaría neutralizar posteriormente por dirigir la causa de Begoña Gómez, esposa de Sánchez— y acusado por Grinda como fiscal.
El 30 de mayo de 2024 ya consta que Leire conocía al abogado de Nervis, Ismael Oliver. La UCO prueba que Leire y Nervis contactaron 12 días antes. Todo se sabe porque Leire elimina algunos chats de WhatsApp, pero no los que comparte con su pareja de entonces: Vicente Fernández, ex presidente de SEPI y miembro junto a Leire y al empresario Antxon Alonso de Servinabar, la red creada por Santos Cerdán en 2022, reflejada en el chat de WhatsApp ‘Hirurok’, que significa ‘Nosotros tres’ en euskera.
Nervis ya había entablado contacto con Miriam Serrano, militante socialista de Alcalá La Real (Jaén), quien había denunciado a Grinda por un altercado ocurrido en un foro de internet. El caso fue archivado penalmente, pero Serrano había interpuesto una demanda civil contra Grinda, lo cual ofrecía margen para la presunta extorsión.
El venezolano, por tanto, ya había establecido relación con Serrano, probablemente para presionar a Grinda usando ese recurso, y fue quien facilitó el acercamiento a Leire. El 10 de octubre de 2024, Nervis comunicó a la ‘fontanera’ que había logrado que la «chica de Jaén» viajara a Madrid para reunirse con Díez.
El 22 de octubre Leire le informa a Nervis que «la va a ver [a Serrano] el número 3 del partido». Efectivamente, según las comunicaciones, Santos Cerdán recibe a la mujer con quien la trama pretende extorsionar a un fiscal anticorrupción. La reunión se llevó a cabo tres días después, luego del encuentro entre Serrano y Leire en el Hotel Radisson Red de Madrid. Además de Santos, Serrano fue recibida en Ferraz por una persona apodada «Juan», a quien la Guardia Civil no logra identificar, aunque podría tratarse de Juanfran Serrano, segundo de Santos en la Secretaría de Organización.
En esa ocasión, con tintes melodramáticos y algo narcisistas, Leire escribe a Vicente Fernández: «Hoy Santos le ha dicho a la chica de Jaén cosas bonitas sobre mí».
Un mes más tarde, Leire retoma contacto con Miriam Serrano, con quien mantendrá varias conversaciones para ayudarle a conseguir empleo, presionando a altos cargos del PSOE. Díez pregunta a la «chica de Jaén» cómo está y le dice que está «preparando cosas contra el tiparraco», aludiendo a Grinda.
La oferta a Grinda se concreta el 27 de febrero de 2025 mediante Rusiñol, quien se reúne con el fiscal en el mercado madrileño de Barceló aprovechando la «amistad» previa. Se le solicita información que conduzca a lograr la «destitución» del fiscal anticorrupción jefe, Alejandro Luzón, actualmente acusador de la trama, así como el archivo de casos como el de los Pujol (en el que Grinda no participó, curiosamente), Duro Felguera, BPA (ambos afectaban a Nervis) y ZED (relacionado con Pérez Dolset), admitiendo el propio fiscal su consideración como «abusivos».
A cambio, le ofrecen tres destinos en el extranjero y pagar a Miriam Serrano el triple de lo reclamado en la demanda civil, es decir, un soborno.
Grinda no solo se negó de manera verbal a cualquier propuesta, sino que acto seguido informó a Luzón, y horas más tarde remitió un escrito detallando todo lo ocurrido.
Rusiñol comunicó a Leire una hora tras la reunión: «No hubo acuerdo, al menos por ahora», y añadió que Grinda se declaró «un funcionario público que cumple la ley». En las anotaciones de Leire aparecerá luego la cifra supuestamente ofrecida: «300.000 euros». A pesar de ello, la red persistió en su intento de doblegar al fiscal y asegurar la permanencia de Nervis en España, para lo cual Cerdán habría recurrido incluso a Félix Bolaños.