Solicita a la Fiscalía información acerca de los encuentros realizados entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, empresarios y abogados relacionados con la presunta red de las cloacas del PSOE
Se impulsa nuevamente la investigación judicial sobre la causa relacionada con las cloacas del PSOE que intentaban obstaculizar los procesos judiciales vinculados al partido, al Gobierno o a la familia del presidente, Pedro Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado este lunes indagar sobre las posibles reuniones que tuvieron lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado con la red liderada por Santos Cerdán, en la que participaba la fontanera Leire Díez.
En un auto al que tuvo acceso EL MUNDO, el magistrado emite un oficio dirigido a la institución encabezada por Teresa Peramato para que detalle las reuniones que se habrían desarrollado entre abril de 2024 y junio de 2025 en la sede de la Fiscalía General con Díez, el abogado del comisario Villarejo, Antonio Cabrera; el empresario imputado Javier Pérez Dolset, así como los abogados implicados en esta causa, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
Pedraz solicita confirmar si tales encuentros efectivamente tuvieron lugar, como fue afirmado por la fontanera, y si están registrados en el libro de visitas de la sede Fortuny. Asimismo, pide constancia de la fecha, hora y participantes en esas citas.
En esa época, quien ejercía como fiscal general del Estado era el condenado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz. Esta diligencia fue solicitada previamente por la Fiscalía Anticorrupción.
Además, en la resolución, Pedraz convoca como testigo para el próximo 10 de julio a la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, tras la incautación por parte de la UCO de una conversación entre Leire Díez y ella en la que se habla de «reencauzar» los ataques al presidente, brindar «ayuda cualificada» y darle la vuelta al asunto «como un calcetín». Narbona responde a la fontanera que «eso se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día». El mismo día en que se produjo la conversación, Santos Cerdán ordenó a Leire Díez viajar a Madrid para mantener una reunión tras la imputación de Begoña Gómez.
Por otro lado, el juez ha decidido imputar en la causa a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, por presuntamente intentar comprar el silencio de la empresaria Carmen Pano, quien admitió haber llevado bolsas con 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. De la Hoz está citada a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 14 de julio.
En total, Pedraz ha convocado a 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio, incluyendo al general jefe del Estado Mayor y tres agentes de la Guardia Civil, los abogados José Aníbal Álvarez y Antonio García Cabrera, los empresarios Carmen Pano, Claudio Rivas y Joaquín Parra, además del agente de la Benemérita Rubén Villalba.
Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Pedraz, ha acordado dirigirse a la Fiscalía Superior de Extremadura para solicitar información sobre el destino dado a la denuncia y, en su caso, el testimonio completo de las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada el 27.11.2024 por Luis José Sáenz de Tejada contra la magistrada Biedma, recibida en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado el 29.11.2024 y remitida a dicha Fiscalía Superior de Extremadura. Esta diligencia forma parte del intento de profundizar en las maniobras de las cloacas del PSOE para desacreditar a la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez, la jueza Beatriz Biedma.
Asimismo, el instructor ha ordenado enviar un oficio a la UCO para que entregue un «informe, actas y documentos recopilados durante el requerimiento realizado en la Dirección General de la Guardia Civil el pasado 26 de mayo».
En esa jornada, la unidad de élite del Instituto Armado interrogó a dos generales sobre las informaciones confidenciales que habían tramitado, por instrucción de la directora general Mercedes González y el DAO, contra la UCO para investigar presuntas filtraciones. Pedraz pretende así incorporar al caso los resultados de estos interrogatorios realizados en la Dirección General de la Guardia Civil.