Morant sugiere que la pesquisa contra el ex presidente representa una represalia de Trump hacia Sánchez por «plantarse ante él», una hipótesis que no comparte el resto de ministros ni la cúpula del PSOE.

Después de 29 días de tensión contenida, tanto en el Gobierno como en el PSOE respiraron con cierto «alivio» tras la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional este miércoles. Las aclaraciones realizadas en sede judicial por el ex presidente –que había guardado silencio desde su imputación el 19 de mayo por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la operación de rescate de Plus Ultra– atenuaron el peso emocional sobre su entorno. Y ello pese a no responder sobre las joyas valoradas inicialmente en más de 1,3 millones de euros que aparecieron en la caja fuerte de su oficina, por las que también se le acusa de fraude fiscal y contrabando.
Desde La Moncloa destacaron que haya «permitido acceso total a todas sus cuentas y propiedades para demostrar que no posee dinero fuera del país, ni sociedades en Dubái, ni minas de oro, como aseguran Vox y el PP, ni nada parecido». «Es una muestra de transparencia que refuerza la confianza en su inocencia, y reafirma su versión de que ha actuado correctamente, sin negocios opacos ni cuestiones semejantes», afirmaron.
Esta misma sensación de alivio parcial se extendió en la dirección de Ferraz tras la decisión del juez José Luis Calama de no imponer medidas cautelares contra Zapatero, aunque reconoció que no se habían «desvirtuado los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre él. Fuentes de la cúpula socialista subrayaron su «apoyo» al ex presidente y confiaron en que ofrezca «una explicación coherente» respecto a las joyas. «Ha superado la primera prueba», resumía un dirigente al ser consultado por este medio.
En público, la defensa más enfática la expresó este miércoles la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Aunque habitualmente se ajusta al discurso oficial, ante periodistas en los pasillos del Congreso insinuó que existen «numerosas sospechas» sobre que «EEUU clonara el móvil a un ciudadano venezolano en un aeropuerto en 2011» –de donde se extrajeron los whatsapps que incriminan a Zapatero– y que sea «justo ahora» cuando Pedro Sánchez «se enfrenta a [Donald] Trump» con el No a la guerra y su acercamiento a China cuando se reactivó el caso Plus Ultra. También sostuvo que «nadie en una democracia tiene derecho a registrar la casa de alguien de manera preventiva para ver qué encuentra», en alusión a la inspección en la oficina del ex presidente.
Ni desde Moncloa ni desde Ferraz respaldaron explícitamente la postura de la también líder socialista en la Comunidad Valenciana, aunque tampoco la rechazaron. Indicaron que no es la versión oficial pero dieron a entender que la consideran plausible. «No entraremos en detalles, pero no significa que esto no encaje en un determinado contexto», señalaron fuentes gubernamentales. «Existen intereses muy potentes y numerosos…», añadía un miembro de la Ejecutiva Federal del partido.

Con una postura menos contundente que Morant, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comentó tras la declaración de Zapatero que confiaba en que demostraría su inocencia y que el Ejecutivo mantiene «la misma convicción». Más comedidas fueron las ministras de Vivienda e Igualdad, Isabel Rodríguez y Ana Redondo, quienes recurrieron a la expresión genérica de que «la Justicia debe actuar conforme a derecho», mientras que ni Sánchez ni otros miembros de su gabinete –como Carlos Cuerpo, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska– realizaron declaraciones tras ser abordados en el Congreso.
Con particular precaución se manifestó también Óscar Puente, que se encontraba en una misión oficial en República Checa, aunque ha defendido durante toda la semana a la esposa del presidente, Begoña Gómez, tras la solicitud de retirada de su pasaporte por parte de la acusación popular en un procedimiento judicial dirigido por el juez Juan Carlos Peinado. El titular de Transportes se limitó a compartir en su cuenta de X un mensaje que recogía la noticia sobre la «autorización universal voluntaria» presentada por Zapatero para que inspeccionen sus cuentas y propiedades, añadiendo el comentario: «Ahora Aznar, venga».
Regalo de Arabia Saudí
Respecto al controvertido tema de las joyas cuya procedencia no ha sido aclarada por el ex líder socialista, tanto en el Gobierno como en el partido se apoyaron este miércoles en la versión divulgada por su entorno, que indica que fueron un regalo entregado hace 19 años por el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Desde Moncloa señalaron que se ha dado una explicación «totalmente razonable», al tratarse de un obsequio de 2007, que nunca se tasó y del que Zapatero «jamás pudo sospechar un valor elevado, lo que explicaría por qué estaban en el lugar en que se hallaron».
Fuentes oficiales insistieron en que «en ese momento posiblemente era algo habitual», y que rechazarlo «se habría entendido como una ofensa». «Probablemente ni recordaba que las tenía guardadas en esa caja fuerte», aseguró un miembro de la dirección del PSOE, que defendió además que Zapatero fue «el presidente que más regalos declaró a Patrimonio Nacional«.
Asimismo, tanto en el complejo presidencial como en la sede del partido se remitieron al comunicado difundido por el ex presidente tras su declaración, en el que negó haber cometido los delitos «muy graves» que se le atribuyen –sin mencionar las joyas– y manifestó su disposición a «seguir facilitando todas las aclaraciones necesarias» con «absoluta transparencia». «Debe ser muy difícil tener la conciencia tranquila y tener que demostrarlo», señaló un dirigente.

