El presidente del tribunal, Fernando Andreu, recordó al abogado que únicamente los acusados tienen derecho a elegir la lengua en la que intervienen.
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional expulsó a un letrado que se negó a intervenir en castellano durante el juicio a 16 acusados de enaltecimiento del terrorismo. El presidente del tribunal, Fernando Andreu, le comunicó en múltiples ocasiones que no podía expresarse en euskera, recordándole a Santiago González Arias que ese derecho pertenece exclusivamente a los acusados.
El abogado continuó hablando en euskera, salvo cuando mencionó que en la Audiencia «existe un servicio de traducción». «¿Ah, ve que domina el castellano? Entonces, hable en ese idioma», replicó Andreu, sin obtener respuesta favorable. «No comprendo lo que dice, por lo que no tiene la palabra. […] Señor letrado, bajo apercibimiento legal, le solicito por última vez que se dirija al tribunal en castellano».
El incidente terminó con la orden de «retírese de la sala» y la asignación de un nuevo defensor al acusado.
Durante la vista oral se juzga a 16 personas para quienes el fiscal José Perals solicita penas de hasta dos años y medio de prisión, además de multas y extensas inhabilitaciones. Según el Ministerio Público, todos participaron en el acto de homenaje al etarra Ibai Aginaga —el propio homenajeado también es acusado— que acababa de salir de prisión. Entre ellos destaca José María Sagarduy, quien ostenta el récord de estancia más prolongada en prisión entre etarras. Siete de los acusados cuentan con antecedentes relacionados con terrorismo o kale borroka.
El acto tuvo lugar en marzo de 2022 en la localidad de Berango (Vizcaya), cuando la izquierda abertzale ya había decidido no realizar actos públicos de bienvenida a etarras por el impacto social negativo que generaban y el desgaste político que suponían para el Gobierno central, al que EH Bildu apoya desde sus inicios a cambio de promover la excarcelación de miembros de ETA.
Los impulsores del ongi etorri de Aginaga en el frontón de Berango fueron tres grupos «disidentes» que se apartan de la línea oficial del izquierdismo abertzale, que mantienen una postura más rígida hacia los presos y se niegan a aceptar la legalidad vigente. Así lo detallaron los agentes de las Fuerzas de Seguridad que elaboraron los atestados e informes presentados en la investigación.
El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad para impedir que resultara en un juicio como el actual. En octavillas distribuidas en los controles de acceso, se instaba a los asistentes a apagar sus móviles, no filmar ni tomar fotos y denunciar a quienes lo hicieran con expresiones como: «¡El móvil en el bolsillo! Observando la realidad diaria y para no colaborar con los txakurras. Apaga el móvil! No grabes! No saques fotos! Y si ves que alguien lo hace, denúncialo!».
Además de la Fiscalía, ejercen la acusación Dignidad y Justicia, Vox y la Fundación Villacisneros. Por su parte, los acusados han optado por no declarar en el juicio, ni siquiera ante sus defensores. La única diferencia radica en que un grupo manifestó que no tenía nada que declarar, mientras que otro respondió de manera concreta a las dos preguntas del presidente: si conocía los hechos por los que se le acusaba («sí») y si los reconocía («no»).
Durante la revisión de la investigación, el fiscal interrogó a la Guardia Civil sobre una entrevista al homenajeado etarra poco después del recibimiento. En aquella, Aginaga reafirma su disidencia y justifica los ongi etorris. «¿Menciona el regreso a la lucha armada, una pequeña chispa que podría encenderse nuevamente?», preguntó el fiscal. «Sí, menciona esa chispa, en una referencia velada a la reanudación de la lucha armada», respondieron.
Para el homenajeado, el fiscal solicita dos años y nueve meses de prisión, mientras que para otros cuatro acusados con antecedentes se piden dos años y medio. Si se aplican estas condenas, implicarían su ingreso efectivo en prisión. Para el resto sin antecedentes —incluido el etarra Sagarduy, cuyos antecedentes están cancelados— se solicita una pena de dos años, lo que permite al tribunal la opción de suspender su ejecución en caso de condena.