Las claves
El Gobierno de Navarra, bajo la presidencia de María Chivite, continúa sosteniendo y financiando los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, a pesar de que en Álava están prohibidos debido a denuncias por comportamientos inapropiados.
La Diputación de Álava decidió vetar estos campamentos por un periodo de tres años, tras imponer una sanción a los responsables por infracción grave de la normativa y tras recibir quejas de padres acerca de monitores que se duchaban desnudos junto a los menores.
En Navarra, estas colonias siguen desarrollándose en localidades como Goñi y Abáigar y continúan obteniendo recursos públicos, a pesar de que la Ertzaintza está investigando al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos espacios.
Las subvenciones, canalizadas mediante Euskarabidea y organismos locales, permiten a las familias recuperar parte del costo de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.
El Gobierno de María Chivite seguirá apoyando y financiando este verano las colonias en euskera que organiza la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, a pesar de que han sido prohibidas en el País Vasco y no podrán celebrarse allí.
Se trata de los controvertidos campamentos Euskal Udalekuak, que anteriormente se celebraban en Bernedo (Álava) y que, por ahora, permanecen programados en los municipios navarros de Goñi y Abáigar.
En esas colonias, varios progenitores han denunciado que los monitores se duchaban desnudos junto a menores.
La Diputación de Álava acaba de prohibir estos campamentos tras imponer una sanción a los organizadores el pasado 4 de junio.
Dicha medida los inhabilita durante tres años para organizar actividades de ocio con menores e incluye además una multa de 9.000 euros y la suspensión del acceso a subvenciones públicas en ese territorio.
¿Cuál es el motivo? La Diputación determina en el expediente que la asociación violó gravemente la normativa y no colaboró con la administración después de las denuncias de los padres.
Por estas razones, considera que la asociación no debe continuar gestionando estas actividades.
Además, los organizadores intentaron sortear la prohibición registrándose bajo otras siglas. Bajo el nombre Dorrekoa, presentaron un nuevo campamento en Bernedo con las mismas fechas y tipo de actividades.
La Diputación de Álava constató que, en la práctica, Dorrekoa y Sarrea eran idénticos: compartían el mismo equipo, se coordinaban mediante los mismos canales y usaban las mismas instalaciones.
Sin embargo, esta prohibición solo aplica en territorio alavés, por lo que los campamentos previstos para este verano en Navarra pueden continuar salvo que el Gobierno de Chivite los impida. Por el momento, no ha emitido declaración alguna.
La resolución de la Diputación ya fue enviada al Ejecutivo navarro, pero la decisión sobre estos campamentos recae en el departamento de Juventud del propio Gobierno foral.
Y no se limita a su autorización: el Gobierno de Chivite también los financia.
Así, el Instituto Navarro del Euskera, Euskarabidea, ha iniciado la convocatoria de ayudas de 2026 mediante la cual varias entidades locales han vuelto a subvencionar estos campamentos.
Aunque esas entidades formalizan la ayuda, la financiación la suministra Euskarabidea, que depende del Gobierno de Navarra.
Por ejemplo, la Mancomunidad de la Sakana, gobernada por EH Bildu, ha continuado promoviendo estas colonias como una «oportunidad ideal para disfrutar de un verano activo: hacer amistades nuevas y disfrutar de la naturaleza, todo ello en euskera y en un ambiente amistoso».
Denuncias
La controversia en torno a estos campamentos estalló después de varias denuncias por comportamientos graves de monitores con menores. La Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual, tanto en Abáigar como en Bernedo.
Una madre, según testimonios recogidos por El Diario Vasco, relató que su hija —una adolescente de entre 13 y 15 años— fue forzada en el campamento de Bernedo a ducharse desnuda en duchas mixtas, acompañada por jóvenes y monitores que también estaban desnudos.
Aunque ella se resistía, la obligaban a repetir esta situación en varias ocasiones. En algunos momentos, un monitor se desplazaba «con los genitales expuestos», según su denuncia.
Otras familias aportaron testimonios sobre monitores que habitualmente cocinaban desnudos, con apenas un mandil, o paseaban en topless por las instalaciones y la piscina municipal. También se realizaban juegos de rol que incluían tocamientos inapropiados.
En Abáigar, los relatos describen también duchas mixtas, monitores desnudos frente a menores y comentarios sexuales inapropiados hacia adolescentes.
Estas conductas se habrían repetido en 2021 y 2022, según cartas de los propios niños y denuncias presentadas por sus familias.
Sistema de ayudas
Las ayudas como las ofrecidas por la Sakana permiten a las familias recuperar cerca de 125 euros por hijo inscrito en una lista oficial de campamentos, incluidos los organizados por Euskal Udalekuak.
¿Cuál es el mecanismo de financiación? Euskarabidea transfiere anualmente fondos a la Mancomunidad de la Sakana, que recibe aproximadamente 30.000 euros al año.
El Gobierno foral lleva años subvencionando estas colonias, tanto en la etapa actual, con María Chivite, como durante el mandato anterior de Uxue Barkos.
Como adelantó este periódico, este sistema de ayudas está vigente desde 2015. En ese año se asignaron unos 5.400 euros; en 2016, 14.000; en 2017, más de 27.000; en 2018, 23.000; y en 2021 volvieron a aumentar hasta los 30.000.
En 2022, las subvenciones llegaron a los 32.000 euros y en 2023 superaron los 31.000. La tendencia ha sido ascendente hasta situarse en torno a los actuales 33.000 euros.
Los padres pagan primero el coste total del campamento —entre 200 y 350 euros, según la duración— y luego presentan el comprobante de pago. La Mancomunidad reembolsa hasta 125 euros por niño, siempre que el campamento esté incluido en la lista oficial.
Tras la revelación de esta red de ayudas, el caso llegó al Parlamento de Navarra, donde Vox exigió la dimisión de Ana Ollo, la consejera responsable de estas subvenciones.
«Se está financiando con dinero público la perversión de menores. Quienes hayan colaborado en esta iniciativa deben responder ante la justicia», denunció el partido de Santiago Abascal.
Ahora, tras el veto en Álava, Vox ha solicitado al Gobierno navarro toda la documentación que la Diputación le ha remitido acerca de la sanción.
Vox también ha llevado el caso a los tribunales, presentando una denuncia en el Juzgado número 3 de Vitoria, que ya está investigando lo ocurrido, así como otra en el juzgado de Estella.
Desde la formación de Abascal consideran que estos hechos podrían constituir delitos relacionados con la protección de menores y la posible responsabilidad de quienes organizan o financian estas actividades.