Este año, el gasto aumentará un 5,8% respecto a 2025 debido al número de personas que se jubilan y la revalorización automática conforme al IPC
El sistema público de pensiones en España enfrenta un aumento del gasto que llevará el desembolso en pensiones contributivas a superar los 230.000 millones de euros en 2026, cifra que equivale al 13% del Producto Interior Bruto, según el informe más reciente de la consultora KPMG. Este crecimiento sitúa a España entre los países europeos con mayor carga financiera destinada a esta prestación.
Según sus estimaciones, el gasto anual anticipado para 2026 supone un incremento del 5,8% en comparación con 2025. Este aumento responde a dos factores clave: el volumen de personas que acceden a la jubilación y la política de revalorización automática de las pensiones basada en el IPC. El informe indica que en los últimos años se observa una tendencia con un aumento acumulado superior al 10% en el gasto total, una dinámica que presiona las finanzas públicas y obliga a evaluar la sostenibilidad del sistema.
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El análisis de la consultora señala que la nómina mensual abonada por la Seguridad Social en enero de 2026 supera los 14.250 millones de euros únicamente en prestaciones contributivas, con más de 10,4 millones de pensiones activas. De estas, 6,6 millones corresponden a pensiones por jubilación y el resto se distribuye entre viudedad, incapacidad permanente, orfandad y beneficios para familiares. Así, la pensión media de jubilación alcanza los 1.560 euros mensuales.
KPMG destaca que el contexto demográfico explica gran parte de la presión financiera sobre el sistema. La población mayor de 65 años en España ya representa el 20,7% del total y se proyecta que llegará al 30,3% en 2050. Este crecimiento del grupo de mayores, junto con la limitada incorporación de población activa, reduce la base de cotizantes y aumenta la carga que soporta la Seguridad Social para cubrir las prestaciones.
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Según las proyecciones, la ratio de dependencia —que mide la relación entre personas en edad laboral y pensionistas— se duplicará durante las próximas décadas. En 2025, se cuentan 39 mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar, mientras que en 2050 esa cifra se acercará a 80. Este cambio demográfico genera un contexto en el que la financiación a través de cotizaciones sociales no será suficiente para cubrir la totalidad del gasto, lo que requiere transferencias estatales y políticas fiscales que aseguren la viabilidad de las prestaciones.
Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, señala que los salarios que perciben los jóvenes son inferiores a las pensiones recibidas por los jubilados, por lo que considera necesaria la implementación de medidas que reduzcan esa desigualdad.
La “generosidad” del sistema español: las pensiones aumentan más que los salarios
El estudio de KPMG resalta que el 77% de los ingresos de la Seguridad Social procede de las cotizaciones sociales, pero advierte que la presión fiscal sobre el empleo en España es un 34% superior a la media de la Unión Europea. El peso de las cotizaciones empresariales representa el 25,8% de los ingresos fiscales nacionales, frente al 17,9% del entorno europeo, lo que eleva el coste laboral y afecta la competitividad del mercado laboral.
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La evolución del gasto en pensiones públicas en la última década ha estado caracterizada por un crecimiento acumulado de la pensión media, que entre 2011 y 2024 subió un 57,1%. En paralelo, el salario medio solo se incrementó en un 29,5%, lo que ha elevado la tasa de sustitución —la proporción entre la primera pensión y el último salario— hasta el 80,4%, la más alta de Europa. Este dato refleja la generosidad del sistema español frente a los estándares de la OCDE, donde la media es del 50,7%.
El informe de KPMG advierte que, pese a las reformas adoptadas para fortalecer la sostenibilidad, el déficit contributivo de la Seguridad Social supera el 1,9% del PIB y la deuda acumulada del sistema llega a los 136.000 millones de euros en 2025. El aumento del gasto, la indexación de las prestaciones y el crecimiento estructural del número de beneficiarios consolidan un escenario donde la sostenibilidad financiera del sistema demanda nuevas medidas, según concluyen los expertos consultados por la firma.
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Además, las previsiones para los próximos años indican que España mantendrá un esfuerzo fiscal en pensiones superior al resto de países europeos, con un gasto que continuará incrementándose en consonancia con el envejecimiento de la población y la evolución económica.