Las claves
Leire Díez, colaboradora del PSOE, respaldó en Ferraz la postergación de los intereses del rescate público a Tubos Reunidos debido a riesgos como la política de Trump y la intervención de fondos buitre.
Tubos Reunidos recibió un rescate de 112,8 millones de euros en 2021 y recientemente se declaró en concurso de acreedores, dejando incierto el pago a la SEPI.
En las anotaciones de Leire Díez se refleja que en la reunión se defendió la viabilidad de la empresa y la dependencia del mercado estadounidense como razones para el aplazamiento.
El juez Pedraz investiga a Leire Díez y otros implicados por supuestas operaciones corruptas vinculadas al rescate de Tubos Reunidos y la influencia en expedientes oficiales.
Las agendas de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, aportan información adicional sobre la reunión realizada en la sede central del partido, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, a favor de la empresa Tubos Reunidos.
Esta compañía obtuvo en julio de 2021 un rescate público de 112,8 millones de euros para mitigar los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19. Recientemente, entró en concurso voluntario de acreedores.
Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el registro policial en su sede, situada en Bilbao.
Como informó EL ESPAÑOL, antes de la declaración de quiebra —el 13 de noviembre de 2024, más de tres años tras recibir dicha ayuda—, dos representantes de la empresa se reunieron en Ferraz para negociar una amortización parcial de los intereses del rescate.
Este encuentro tuvo lugar en el despacho de Santos Cerdán, quien era secretario de Organización del PSOE en ese momento. También participó Leire Díez.
La fontanera dejó registradas en sus agendas varias de las razones a favor de Tubos Reunidos mencionadas durante la reunión. EL ESPAÑOL ha accedido a ese documento.
«Reunión Tubos Reunidos», tituló Díez en aquella página de su cuaderno Campus azul. «95% empleo fijo. Contingencia Trump. 100 años de compañía. Cíclica. Dependencia del mercado americano», detalló.
Anotó también: «Reducción de deuda. Fondos buitres ocupando posiciones de bancos». «Único tubo 0% emisiones. Empresa viable, cíclica, que siempre eleva», concluyó.
Estas anotaciones reflejan que en aquella reunión se argumentó a favor del aplazamiento de los intereses del rescate de Tubos Reunidos basándose en la viabilidad de la compañía —actualmente en quiebra— y la situación geopolítica, destacando de forma explícita al presidente estadounidense, Donald Trump.
De hecho, este último fue reelegido para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2024, tras vencer a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Es decir, solo una semana antes de la reunión en Ferraz.
Puesto que Tubos Reunidos exporta en gran medida a Estados Unidos y depende de ese mercado, la política arancelaria de Trump constituía un aspecto relevante, lo que coincide con que haya sido tratado en ese encuentro.
El ‘caso Leire’
De manera confidencial, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga a Leire Díez por, entre otros cargos, estar implicada en una presunta red criminal enfocada en obtener beneficios económicos mediante su influencia en la Administración.
Junto a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y del constructor Antxon Alonso, socio y amigo de Santos Cerdán, se le atribuye participación en amaños por un valor aproximado de 132 millones de euros.
La SEPI fue la entidad que concedió el rescate a Tubos Reunidos, y supuestamente, esta red habría recibido 114.950 euros a través de facturas fraudulentas emitidas por una empresa utilizada para canalizar sobornos.
Por otro lado, en la parte del caso que no está bajo secreto, Pedraz también investiga a Leire Díez y Santos Cerdán por supuestamente organizar, a costa de fondos del PSOE, una operación dirigida a obstruir a jueces, fiscales y guardias civiles incómodos para Ferraz y el Gobierno.
La reunión en el despacho del ex número tres del partido se efectuó siete meses antes de que salieran a la luz las primeras investigaciones que relacionaban a Cerdán con actividades corruptas.
Actualmente, está siendo investigado por otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por supuestos amaños en contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.
Por su parte, según consta en el sumario del caso Leire, instruido por Pedraz, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos por las presuntas gestiones de esta red en favor de la empresa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones del caso Leire, no especifica en sus informes si finalmente se concedió el aplazamiento solicitado por la compañía.
Asimismo, la SEPI no publica los detalles de los pagos periódicos que las empresas rescatadas deben realizar.