Las claves
El abogado de David Sánchez atribuye el ‘caso Hermanísimo’ a razones políticas y a un intento de derrocar al Gobierno.
Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, enfrenta una posible condena de seis años de prisión por presunto tráfico de influencias y prevaricación en la Diputación de Badajoz.
El letrado cuestiona la declaración del teniente coronel Balas y señala la ausencia de evidencias directas contra su defendido.
Los defensores critican el sesgo de las acusaciones populares, subrayando que las pruebas aportadas son meras suposiciones y no evidencias contundentes.
Emilio Cortés, abogado del músico David Sánchez, ha atribuido la apertura del caso Hermanísimo, bajo el cual está siendo juzgado su cliente, a un intento de “derrocar al Gobierno”.
Así se expresó el letrado este lunes durante su informe final, en la sexta sesión del juicio que se celebra ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
David Sánchez es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el proceso enfrenta una posible pena de seis años de prisión por presuntas infracciones relacionadas con tráfico de influencias y prevaricación.
Durante su alegato final, Cortés pidió al tribunal que, antes de emitir sentencia, examinaran los “gestos” del teniente coronel Antonio Balas, agente de la Guardia Civil que declaró como testigo el pasado miércoles y afirmó que el cargo que David Sánchez obtuvo en la Diputación de Badajoz, en 2017, estaba “pre-asignado” a su favor.
“Este es el momento para que ustedes evalúen si lo que sostienen las acusaciones populares es mucho o poco, y si lo que decimos las defensas es poco o mucho”, se dirigió a los jueces José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano y Dolores Fernández.
“No debería ser necesario que un guardia civil les diga a ustedes qué es poco o qué es mucho. Revísen las grabaciones de [la declaración de] este señor y noten lo cómodo que estaba Balas con las acusaciones populares; parecía que nuestra presencia le molestaba”, reprochó el abogado.
“La actitud de este señor frente a las preguntas de las defensas…”, criticó. “Nos merecemos el mismo respeto que la acusación popular”, añadió.
En su testimonio del miércoles, Balas apuntó a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, como el principal impulsor de la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz, cargo que supuestamente fue diseñado para beneficiar al hermano de Pedro Sánchez.
No obstante, Cortés defendió que David Sánchez debe ser absuelto. “No existen pruebas concretas en su contra…”, aseguró.
“¿Qué se dice realmente de mi cliente? ¿Qué evidencias se presentan? Porque cualquiera podría decir que ha cometido cualquier cosa…”, reprochó Cortés.
“¿Acaso mi cliente no puede aceptar un puesto por ser hermano de quien es, y tendría que marcharse a otra parte? ¿No es legítimo que trabaje?”, añadió.
“Las acusaciones populares sólo se fijan en los apellidos. Dicen ‘debió ser’, ‘tuvo que ser’, ‘cómo no va a ser’… Pero eso no es suficiente para quebrantar la presunción de inocencia”, señaló el abogado.
“Asumen que ambos hermanos tienen buena relación, pero citando la Biblia: Caín mató a Abel”, mencionó irónicamente.
Frente a las conclusiones de las acusaciones populares, Cortés cuestionó: “¿Cómo se sostiene una acusación de tráfico de influencias sin precisar quién influye y cuál es esa influencia?”.
“¿Qué ‘fantasma’ hay aquí?”, reiteró, refiriéndose al término empleado esa misma mañana por el abogado de Hazte Oír en su informe final.
“Se habló claramente hoy que ese fantasma es Pedro Sánchez, quien no ha sido testigo en este juicio. ¿Influenció David a Pedro? ¿Pedro a David? ¿David a Gallardo? ¿Cuál fue el acto concreto de influencia?”, planteó Cortés.
El abogado también hizo referencia al correo electrónico difundido por EL ESPAÑOL, enviado por un director de conservatorio en Badajoz a una colega.
Este e-mail contenía únicamente un enlace a las bases de la convocatoria del puesto que luego resultó asignado a David Sánchez, con un asunto claro: “El hermanísimo”.
«Condenar por un chascarillo»
Este lunes, Cortés cuestionó al tribunal: “¿Se condenará a un hombre por una broma?”.
El abogado abrió su informe final señalando que la denuncia que dio origen al caso Hermanísimo, “con un poco de análisis político, resulta jugosa” para la “España cañí” y las “charlas de café”, en especial cuando subyace el deseo de “derrotar a un Gobierno”.
“[En la denuncia inicial, presentada por Manos Limpias,] se hablaba de enchufes, delitos fiscales, enriquecimiento ilícito, y que vivía en Portugal…”, recordó el letrado.
“La población general desconoce las condiciones subjetivas del enriquecimiento ilícito y del delito fiscal”, criticó Cortés, refiriéndose a dos acusaciones que figuraban en la denuncia y fueron descartadas. Seguidamente, cuestionó el “sesgo evidente” de las acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos).
“Parece que la Diputación [de Badajoz] es un centro criminal… En este juicio, los hechos deben probarse”, reprochó el letrado, quien denunció haber sido sometido a un “jaque mate” por la “maniobra procesal” con la que seis de las siete acusaciones populares modificaron sus escritos y aumentaron las penas solicitadas.
“Para todo lo que afirman en sus escuetas presentaciones, las acusaciones populares tienen explicaciones razonables”, sostuvo Cortés.
En su intervención previa, Juan José Torres, abogado de Miguel Ángel Gallardo, también objetó la declaración de Balas.
Señaló que sus “manifestaciones carecen de fundamento”.
Torres acusó al teniente coronel de basar su testimonio en un “aparente silogismo” y de señalar directamente a Gallardo, pese a que “el Área de Presidencia de la Diputación está conformada por diversos órganos y unidades”.
Asimismo, el defensor de Gallardo indicó que Balas “no es autor” de uno de los informes policiales incluidos en el expediente del caso Hermanísimo. “Y al autor de ese informe nadie lo llamó a declarar”, añadió.
Finalmente, Torres criticó que Cristina de Frutos, directora de orquesta que alegó no haber obtenido la plaza debido a una “falta de igualdad de oportunidades”, no impugnó el proceso.
“Resulta llamativo su silencio durante siete u ocho años hasta este juicio”, señaló.
“Todo lo que se presenta contra los acusados consiste en conjeturas, las cuales pueden servir para un reportaje periodístico destacado, pero no para un procedimiento judicial penal”, concluyó Torres.