El empleo del aparato de Seguridad del Estado para encubrir la corrupción vincula ambos escándalos
La coincidencia, la suerte y acaso hasta la justicia poética han querido que la opinión pública española, incluida la clase política (o quizás al revés), haya contemplado en estas últimas dos semanas con asombro un fenómeno que parece un espejismo, aunque no lo sea tanto
Justamente cuando se lleva a cabo en la Audiencia Nacional el juicio de la Operación Kitchen, presunto espionaje estatal ordenado, supuestamente, por el PP durante la etapa del último presidente popular, Mariano Rajoy —un caso similar a un Watergate que está cerca de dictarse sentencia y que podría acarrear 15 años de prisión para su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz— ha emergido desde las profundidades de la corrupción política y económica españolas un leviatán, probablemente previsible dadas las circunstancias, pero igualmente perjudicial para la democracia: un caso que en muchas características resulta casi idéntico al espionaje contra Bárcenas, aunque del lado opuesto, si es que en estos asuntos existen bandos.
Por su origen en los bajos fondos del juego sucio policial y judicial —con el excomisario Villarejo y sus inevitables grabaciones, un condimento constante en ambos casos—, por el impacto que tiene sobre las instituciones del Estado —la directora general de la Guardia Civil se encuentra acorralada— y, finalmente, porque esas mismas maltrechas instituciones han reaccionado en contra de quienes las han perjudicado, parece claro que el Caso Leire, al que en la UCO denominan «cloacas», es la versión socialista de la Kitchen.
Con otro componente común nada despreciable: ese folclore propio del contexto celtibérico que, incansable, decora cada capítulo de la corrupción nacional, ya sea con las amigas licenciosas de Ábalos o con los «volquetes de putas» de la ya olvidada Operación Púnica, pérdida de importancia política.
En ese sentido, ambas tramas suman alta puntuación: un chófer sobornado infiltrado en la casa de Bárcenas en la Kitchen del PP; y en su homónima socialista, la insólita Leire Díez, que se muestra megalómana y narcisista en sus grabaciones y conversaciones, tanto propias como con interlocutores.
Con una diferencia importante, al menos por ahora. Mientras que las acciones de la llamada policía patriótica del PP acabaron provocando la caída de Mariano Rajoy y su sustitución temporal en el escaño por el bolso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, el torrente de presunta suciedad alrededor de Ferraz no parece afectar en lo más mínimo al actual presidente, quien, como se sabe, llegó con la intención de limpiar y ahora se halla rodeado por un presunto vertedero.
Si a «M. Rajoy», como Bárcenas habría anotado al ex presidente en sus listas de sobresueldos, la supuesta corrupción le costó la presidencia, a «PS», nombre que aparece al menos cuatro veces en el cuaderno de Leire, en una supuesta referencia a Sánchez, incluyendo una «reunión con PS»… A «PS», a diferencia de «M. Rajoy», la presencia en documentos comprometidos aún no le ha hecho abandonar Moncloa.
Los paralelismos constituirían un veredicto para Sánchez si se tomase en serio sus propias palabras. «Las cloacas del Estado terminaron el día de la moción», afirmó en 2019 en alusión al PP y a la Kitchen. Recientemente, el 24 de abril, con motivo del juicio de ese caso, se jactó de que al llegar el PSOE al Gobierno «todo eso desapareció». Y hace apenas un mes, refiriéndose al PP —como cualquiera hoy podría hacerlo en relación al PSOE— manifestó: «Estamos hablando de corrupción, obstrucción a la justicia y también de un intento de destruir pruebas que pudieran incriminar a esas direcciones».
Por increíble que parezca, ambas cocinas (por eso sus ejecutores llamaron Kitchen al espionaje a Bárcenas, por conseguir acceso a su vida privada) provienen, en esencia, del mismo chef: el excomisario José Manuel Villarejo, quién más si no.
El hombre que supuestamente, durante décadas, lideró operaciones negras de diversa índole bajo el manto de los poderes (tanto públicos como privados) del país, aprovechando para grabar a casi todos con el fin de obtener material para presionar o extorsionar a quien se cruzara en su camino, acumulando así más poder que aquellos a quienes oficialmente servía.
Villarejo, aquel que se reunía con periodistas en su entorno de Azca, en el corazón de Madrid, y al mínimo insultaba a conocidos comunes («tonto a las tres» era una de sus expresiones favoritas) para intentar hundir en el barro a su interlocutor, grabarlo y controlarlo completamente, para disponer de influencia sobre él cuando fuera necesario.
Este excomisario fue detenido en noviembre de 2017 con miles de audios de esta índole, en la llamada Operación Tándem. Es quien reconoció haber captado a Sergio Ríos, el chófer que espió a Bárcenas, y es el comisario cuyas grabaciones de Tándem se escucharon en Ferraz en el punto de partida casi wagneriano de la Kitchen del PSOE.
Y es que, según ha declarado el empresario Javier Pérez Dolset a la Guardia Civil, un ferviente oyente de esos audios al considerarse él mismo «perjudicado» por la Justicia, la tarde del sábado 27 de abril de 2024, justo en medio de los cinco días de reflexión en que el presidente dudaba sobre su dimisión, mientras las masas lo apoyaban en la calle Ferraz y con María Jesús Montero como inesperada regidora, en el interior del sancta sanctorum socialista varias personas escuchaban atentamente grabaciones de Villarejo. Y pensaban en cómo emplearlas para salvar al presidente, lo que Leire Díez denominó, con tintes delirantes, Operación PSOE. Ella pretendía salvarlo todo.
Entre quienes estaban ese día se encontraban Santos Cerdán, actual número dos del partido y hoy rechazado por el propio PSOE; Antonio Hernando, jefe del Gabinete de Moncloa y mano derecha evidente de Pedro Sánchez; los hermanos Serrano, Juanfran y Juanma, estrechos colaboradores de dichos líderes. También estaba presente el director de Comunicación del partido, Ion Antolín.
Y, otra vez, el folclore, la corrupción con aire churrigueresco. Leire Díez, la fontanera que poco después se presentó ante jueces, guardias civiles y abogados como una suerte de De Gaulle clandestina contra la corrupción, creyéndose un Neo enfrentado a Matrix, pero que en pocas semanas generó más ruido a su alrededor que un borracho en una iglesia. El propio Pérez Dolset, genuino representante de un frikismo empresarial surgido de las más oscuras y poco ventiladas cloacas madrileñas. Y, según él, también Patricia López, periodista fallecida que otorgó visibilidad a las operaciones del grupo en su medio Crónica Global, parcialmente financiado por el grupo, y con un papel relevante pues, según Dolset, fue ella quien convocó la primera de las dos reuniones. En Ferraz, en la sede del PSOE.
El propio Hernando, quizás la persona cuya presencia resulta más indicativa de que Pedro Sánchez estaba al tanto de lo que se tramaba allí, declaró ante el juez Arturo Zamarriego, al inicio del Caso Leire, que había estado en esa reunión, pero se defendió con un argumento que remite de nuevo a Villarejo: afirmó que acudió porque le aseguraron que había pruebas contra las maniobras de la policía patriótica del PP contra la izquierda y en torno a Bárcenas, quien amenazaba con revelar toda la contabilidad B del partido.
Ahora, gracias a las órdenes del juez Santiago Pedraz, se sabe que realmente esa era una reunión para «desestabilizar causas judiciales» contra el PSOE.
La infección de la Kitchen del PP habría alcanzado las instituciones desde Villarejo y con varios altos responsables policiales presuntamente implicados, como el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino. La Kitchen del PSOE consiguió enredar también al establishment.
Un capitán que permaneció en la UCO durante 14 años, hasta 2022, conspiró con los implicados y filtró secretos sobre la unidad a Díez. La propia directora general de la Guardia Civil, la periodista de formación y amiga cercana de Sánchez, Mercedes González, presionó para que se iniciara una investigación interna contra la propia UCO. No solo eso: mientras desde Moncloa se impulsaba a los ministerios a denunciar las investigaciones sobre el PSOE como «conspiración» —lo mismo que pretendía Leire con sus maniobras—, González negó sus relaciones con Díez, asegurando no haberla visto nunca, para luego emitir una inusual nota de prensa en democracia donde admitía haber mentido, sin ofrecer una explicación clara sobre estas reuniones ni por qué ocultó los encuentros.
Por fortuna, sin embargo, los mecanismos del Estado, por precarios que sean y a pesar de su descrédito, también jugaron un papel en ambas cocinas. En la Kitchen del PP, ese papel lo desempeñó el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera Manuel Morocho, principal investigador del Gürtel y, por tanto, en el tema Bárcenas, quien ha declarado nuevamente en el juicio que no, en ningún momento espiar al ex tesorero fue parte de un plan legal, y que si Ríos y su banda cometieron esa acción fue motivado por fines ilegales.
En la Kitchen del PSOE, ese papel lo tuvo, entre otros, el general Alfonso López Malo, otro de los funcionarios ejemplares. Tras dirigir Asuntos Internos y la UCO en la Guardia Civil, desde su posición como jefe de Policía Judicial frenó los intentos de Leire Díez de desacreditar a esa unidad élite, al darse cuenta de la maniobra y declarar que no veía justificación para investigarla internamente. López Malo, otro de esos monjes que ocupan altos cargos estatales con disciplina espartana, vetó la iniciativa y, aun así, remitió la causa al Tribunal Supremo, sugiriendo que quienes promovían la trama consultaran al magistrado Leopoldo Puente, que en ese momento investigaba los hechos. Puente, como informó EL MUNDO, tampoco admitió la conspiración, y la UCO completó el trabajo desenmascarándola.
Para finalizar, las dos presuntas kitchens llegaron a encontrarse cara a cara. Leire Díez sostuvo dos reuniones en julio de 2024 con Paco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior en la primera legislatura de Rajoy, para ofrecerle apoyo en su batalla judicial a cambio de información. Martínez, veterano experimentado, escuchó y observó más que otra cosa las bravatas de la mujer, quien repitió una y otra vez su típico discurso de justiciera: «Hay que limpiar, vine aquí para limpiar, me pusieron al frente para eso, y me da igual Begoña Gómez, Yolanda Díaz o quien sea».
Un año después fue imputada por cohecho y tráfico de influencias, y casi otro año más tarde se descubrió que actuaba, como sospechaba la Guardia Civil, bajo órdenes de las más altas instancias del PSOE. Al final, Leire Díez tenía razón: vino a «limpiar», pero no del modo que ella imaginaba.