La Guardia Civil ha remitido un informe al juez Peinado en el que señala que fue la apertura de la investigación penal contra la esposa de Pedro Sánchez lo que provocó que la sociedad dejara de operar comercialmente
La UCO ha presentado al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre las actividades de Begoña Gómez en su Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense, así como la posible utilización de esta para su beneficio personal. La investigación de la Guardia Civil contradice varias afirmaciones hechas por la esposa del presidente del Gobierno ante el magistrado. Entre ellas, el hecho de que la empresa que fundó con el mismo nombre de la cátedra, Transforma TSC SL, no desarrolló actividad comercial, o que la plataforma digital creada dentro de la cátedra nunca llegó a ponerse en marcha. Con esas declaraciones, Gómez defendía que nunca intentó obtener beneficio económico a partir de su labor en la universidad pública ni cometió el delito de apropiación indebida que se le atribuye.
«A pesar de la corta duración de la mercantil, más allá de las intenciones o planes comerciales con la creación de la misma y que aparentemente se frustraron pronto, se indica que esta efectivamente llegó a ejercer actividad comercial», señala la UCO sobre la sociedad, antes de destacar dos facturas localizadas por un importe superior a los 6.000 euros.
En sus recursos para solicitar el cierre del caso, Gómez afirma que Transforma TSC SL «no realizó ningún tipo de actividad». Sin embargo, los investigadores sostienen que sí la llevó a cabo y apuntan que fue la apertura de la investigación penal en Plaza 41 de Madrid en abril de 2024 lo que provocó que la empresa se declarara inactiva.
La unidad especializada de la Guardia Civil también desmiente que el software desarrollado dentro de la cátedra no llegara a activarse. En el apartado denominado «Acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual», la UCO señala que «el desarrollo de la Plataforma fue concluido -sujeto a modificaciones derivadas de incidencias posteriores-» y que «se sometió a un proceso de pruebas funcionales».
«Finalmente, la herramienta fue facilitada a grupos de pymes mediante talleres promocionales y al público general a través del portal web www.transformatsc.org, tal como estaba previsto desde el inicio», recoge el informe.
Los investigadores detallan que la gestión de la cátedra impidió que el software obtuviera la protección correspondiente bajo la Ley de Propiedad Intelectual, derecho que habría correspondido a la Complutense. Esto no ocurrió porque el departamento responsable de la UCM «no pudo gestionar adecuadamente los derechos de propiedad de la Plataforma debido a la falta de comunicación previa por parte de la unidad encargada del proyecto, en este caso la Cátedra».
De hecho, Gómez actuó en sentido contrario. «Por el contrario, desde la Cátedra, como responsables del proyecto, no solo se omitió el proceso estipulado por la titular de los derechos, la UCM, sino que se llevaron a cabo acciones de difusión que habrían comprometido la propiedad intelectual de la Plataforma».
«Dudas razonables»
Otro segmento del informe examina las «vinculaciones y semejanzas de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Begoña Gómez». Una rama del caso se ha centrado en determinar si la actuación de Gómez en la UCM perseguía obtener réditos, utilizando elementos que, como la plataforma digital, debían pertenecer al centro universitario.
La UCO concluye que «por las semejanzas en la denominación, el objeto y la figura visible [Begoña Gómez] de ambas, junto con la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique claramente a las entidades responsables detrás de la Plataforma, surgen dudas razonables sobre si Transforma TSC SL está implicada».
A esta confusión entre lo público y lo privado, el informe añade otro aspecto. Gómez ha manifestado que sufragó el registro de la marca y el dominio de internet vinculados a la cátedra con la intención de evitar el uso por terceros. Sin embargo, cubrió ambos gastos con fondos privados propios, no de la cátedra, a diferencia de lo que ocurría con otros gastos relacionados con su trabajo en la UCM.
Como ejemplo, el registro de la marca le costó 206,57 euros, que pagó desde una cuenta «de la que son titulares Begoña Gómez y su cónyuge». También costeó 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org.
«Estos pagos contrastan con otros de importe similar o mayor, relacionados con diversos asuntos de la Cátedra o la Plataforma, que, a diferencia de los anteriores, son sufragados con fondos de la UCM».
«Adjudicaciones premeditadas»
Respecto al desarrollo tecnológico del software, el informe destaca irregularidades en los contratos financiados por la Complutense, en particular los relacionados con Deloitte. «De la sucesión de hechos se deduce que las adjudicaciones a Deloitte no sólo fueron premeditadas sino que: (i) la consultora inició sus funciones antes de la adjudicación del primer contrato; (ii) la prestación real de sus servicios no se ajustó a los plazos formales de ejecución de ambos contratos; (iii) los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en la invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— estaban adaptados a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio».
La UCO añade que, tras analizar los hechos, se concluye que «las solicitudes de ofertas fueron simuladas o realizadas bajo condiciones que limitaron la concurrencia de otros licitadores en favor de Deloitte».
Cabe recordar que el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO destaca que estas irregularidades con Deloitte se suman a otras detectadas previamente por la UCM en la contratación de Making Science, también para el desarrollo del software. Esta contratación se hizo «sin tramitar expediente administrativo alguno», incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público que regula a la Complutense.
Camino del juicio
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Esta última acusación está relacionada con la implicación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, en las tareas profesionales privadas de la esposa del presidente, especialmente en la gestión de la cátedra y su máster.
Aunque el informe no se centra específicamente en la asesora —ya se realizó otro documento al respecto—, menciona en varias ocasiones su actividad. La conclusión desvincula la versión de las defensas de Gómez y Álvarez, imputada también, que la relaciona únicamente con un apoyo puntual.
Después de señalar su «convocatoria y/o participación en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC y gestiones burocráticas relacionadas», la UCO afirma que Álvarez «cumple íntegramente funciones de gestión y apoyo a la Dirección de la Cátedra de la UCM». «A pesar de no existir una relación formal con la Universidad, para efectos analíticos se considera a Cristina Álvarez como parte del equipo de trabajo de la Cátedra».
El juez instructor estima que existen indicios suficientes para sentar a la esposa del presidente en el banquillo y que el juicio debe celebrarse con jurado. La realización de la vista oral dependerá de la respuesta de la Audiencia de Madrid a los recursos de Gómez. Por otro lado, la Fiscalía también solicita el archivo del procedimiento, mientras que las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, reclaman para ella una condena de 24 años de prisión.