Algunos países de la UE respaldan la propuesta de la Comisión Europea para permitir una aprobación tácita de proyectos destinados a modernizar la red eléctrica envejecida de la UE, mientras que otros han solicitado a la Presidencia chipriota que no haga obligatoria tal disposición.
La aprobación tácita de permisos para nuevos proyectos energéticos se ha convertido en uno de los asuntos políticamente más sensibles en las negociaciones de la UE sobre la renovación de sus redes eléctricas anticuadas, según un documento obtenido por Euronews.
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Según las propuestas del nuevo Paquete Europeo de Redes de la UE, ciertas fases del proceso de autorización para proyectos de infraestructuras energéticas orientados a renovar la red eléctrica de la unión podrían avanzar automáticamente si las autoridades nacionales no responden en los plazos establecidos.
La idea de un consentimiento tácito para tales proyectos genera inquietud en las capitales europeas, que temen que Bruselas busque silenciosamente transferir competencias desde las autoridades nacionales.
Los textos legislativos del Paquete de Redes «introducen un sistema de aprobación tácita para etapas intermedias de los procedimientos de concesión de permisos y decisiones administrativas. Los Estados miembros han expresado sus preocupaciones sobre esta metodología y señalaron que podría ser necesaria una mayor flexibilidad», indica el documento oficial.
Desde la Comisión Europea se defiende que las normas propuestas para acelerar la construcción de la red eléctrica y los proyectos de energías renovables buscan equilibrar la protección ambiental con los objetivos urgentes en materia climática y energética.
En su propuesta presentada en diciembre, el ejecutivo comunitario establece que los proyectos de red pueden recibir una presunción de interés público prevalente, es decir, se asume que aportan beneficios públicos importantes salvo que se demuestre lo contrario.
Esta medida tiene como objetivo superar uno de los principales obstáculos para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050: los proyectos que llevan años estancados en trámites administrativos.
La evaluación de impacto de la Comisión, publicada en diciembre junto con la propuesta legislativa, revela que los proyectos eléctricos tardan entre 3,5 y 7,5 años en redes de distribución y de 7 a 10 años en redes de transmisión, identificando la lentitud en la obtención de permisos como la causa principal de más de la mitad de las demoras.
Según la propuesta, si las autoridades nacionales no actúan en un plazo de dos o tres años, según la complejidad del proyecto, los permisos intermedios o acciones durante el proceso se considerarán automáticamente aprobados.
Los líderes de la UE han subrayado la necesidad de renovar la red eléctrica del bloque como condición esencial para alcanzar las metas climáticas. Afirman que la UE no puede electrificar su economía, eliminar los combustibles fósiles ni competir industrialmente sin construir o actualizar la infraestructura de la red a una velocidad sin precedentes.
El sector de energías renovables también se ve afectado, con parques eólicos que esperan años para conectarse a la red. Los interconectores transfronterizos continúan bloqueados en el proceso de permisos y las administraciones nacionales suelen moverse con lentitud para cumplir los objetivos climáticos europeos.
¿Transferencia de poder?
En las capitales europeas, los gobiernos ven cada vez más la propuesta no como una simplificación administrativa, sino como una transferencia silenciosa de poder desde las autoridades nacionales a Bruselas.
Durante las negociaciones a puerta cerrada, los países de la UE advirtieron que las aprobaciones automáticas podrían generar inseguridad jurídica, debilitar el control ambiental y socavar los sistemas administrativos internos.
Varias naciones solicitaron “más flexibilidad” en el diseño de las reglas de aprobación tácita, según documentos de compromiso divulgados por la presidencia chipriota de la UE, incluyendo que el consentimiento tácito no sea obligatorio.
Mientras que países como Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Eslovenia consideraron razonable la propuesta de la Comisión, Francia y Alemania se opusieron a la obligatoriedad de la aprobación tácita en la concesión de permisos y decisiones administrativas relacionadas con proyectos energéticos, según una fuente oficial de la UE.
Otros Estados miembros pidieron a la Presidencia que permita a cada país decidir si la aprobación tácita será obligatoria u opcional, una medida que la Presidencia chipriota probablemente adoptará.
«La Comisión desea que sea obligatorio para todo, mientras que la Presidencia propone que sea sólo para la decisión final (de proyectos que buscan permisos)», comentó a Euronews un segundo diplomático europeo.
La disputa se ha convertido en una de las líneas divisorias políticas clave en las negociaciones sobre el llamado Paquete de Redes de la UE. En muchos Estados miembros, las decisiones sobre permisos tocan temas políticamente complejos: derechos sobre la tierra, oposición local, litigios ambientales y competencias regionales en planificación territorial.
Los gobiernos temen ser responsabilizados en el ámbito nacional por proyectos que parecen haber sido “ratificados” bajo presión europea.
La sensibilidad es particularmente alta en países donde la planificación del uso del suelo es considerada una competencia nacional esencial, como Austria y Alemania. Al mismo tiempo, los negociadores discuten disposiciones separadas que limitarían la extensión con la que los gobiernos pueden designar zonas donde los proyectos de energías renovables están prohibidos.
Sentido de urgencia frente a soberanía nacional
En conjunto, estas medidas han provocado críticas por parte de algunas delegaciones, que acusan a Bruselas de aprovechar la transición energética para ampliar su influencia en ámbitos tradicionalmente nacionales. Esta situación deja a la Presidencia chipriota intentando mediar entre dos presiones crecientemente contradictorias: el argumento de la urgencia y la defensa de la soberanía nacional.
El Consejo ya ha solicitado un “paquete de redes ambicioso” para reforzar la resiliencia de la infraestructura europea y acelerar los trámites de autorización en todo el bloque. Funcionarios de la UE advierten que, sin una aceleración radical, los cuellos de botella en la red podrían convertirse en una de las mayores amenazas para la competitividad industrial y la descarbonización.
No obstante, los gobiernos permanecen firmes en conservar su discreción nacional sobre decisiones de infraestructuras políticamente sensibles.
La UE busca cada vez más sincronizar la coordinación para garantizar la seguridad energética y la neutralidad climática. Sin embargo, los Estados miembros se muestran reticentes a ceder el control sobre la aplicación de estos objetivos en su propio territorio.
La Presidencia chipriota de la UE aspira a cerrar un acuerdo general en la próxima reunión de ministros de energía en Bruselas el 26 de junio, estableciendo así la posición negociadora del Consejo antes de entablar negociaciones más intensas con el Parlamento Europeo a lo largo del año.