Los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta y planean usarla para frenar los «trueques» del PSOE de Pedro Sánchez.

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El PP solicita un informe jurídico sobre la cesión de escaños del PSOE y Sumar a Junts y ERC
PSOE y Sumar transferirán diputados a Junts y ERC para que formen grupo propio en el Congreso

Se avecina un enfrentamiento institucional de gran calibre constitucional. Las dos cámaras del Parlamento español se preparan para un conflicto jurídico cuando los letrados del Senado elaboren el informe solicitado por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán. Pronto, la Mesa del Senado contará con un informe jurídico vinculante sobre la «legalidad» o no de los préstamos de diputados destinados a que los independentistas formen grupo propio en el Congreso.

El PP sostiene firmemente que estas cesiones del PSOE a Junts y de Sumar a ERC para «facilitarles» la creación de un grupo parlamentario propio carecen de legalidad. Consideran que constituyen un «manipulamiento» del reglamento por parte de la Mesa de la Cámara Baja, usada para beneficiar a un aspirante a candidato sin nombramiento real con la intención de lograr la investidura, el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Por ese motivo, los populares aprovecharán su mayoría absoluta y el control del órgano de gobierno de la Cámara para impedirlo. «Lo que aprueba Francina Armengol podría no ser del agrado de Rollán«, señalan fuentes de Génova.

¿Cuál sería el alcance de este conflicto? Algunos expertos consultados por este medio advierten que podría darse la posibilidad de que una Cámara denuncie a la otra ante los tribunales.

Falta un mes para el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno y las reuniones, negociaciones y disputas entre partidos se intensifican a diario. El horizonte para alcanzar La Moncloa es limitado —al PP le faltan solo cuatro apoyos—, lo que convierte cada movimiento en decisivo.

Este panorama queda reflejado en la cesión de diputados para que Junts y ERC tengan grupos propios en el Congreso, una práctica que PSOE y Sumar han confirmado para fortalecer sus alianzas rumbo a una posible investidura de Pedro Sánchez.

El PP planea impedir esta estrategia usando su mayoría absoluta en el Senado. Su planteamiento implica un enfrentamiento frontal y de gran magnitud, arriesgando un choque institucional entre ambas cámaras que, en caso de una reelección de Sánchez, podría marcar una etapa de desgaste en el Estado de derecho.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, fue contundente este viernes en Marbella. «Desde el Senado se encargará un informe jurídico para evaluar la legalidad y validez del trueque del PSOE con otros grupos con el fin de constituir grupos parlamentarios, y esperamos tenerlo pronto».

Son las Mesas del Congreso y del Senado las encargadas de aprobar o rechazar la creación de grupos parlamentarios. Ambas están dominadas por fuerzas políticas contrapuestas, aunque deben ajustarse al reglamento vigente o promover una reforma del mismo. En el Congreso gobierna la mayoría conjunta de PSOE y Sumar, con la socialista Armengol como presidenta, mientras que el Senado está bajo mayoría del PP liderado por Rollán.

Se presupone que Armengol autorizará la cesión de diputados del PSOE y Sumar a Junts y ERC para que tengan grupos parlamentarios propios, pese a no cumplir inicialmente los criterios del Reglamento del Congreso. Génova teme que la expresidenta balear — bien recibida por los independentistas — facilite la investidura de Sánchez respaldando esta medida.

Antecedentes

La tensión es máxima y el conflicto institucional resulta inevitable, pues tanto PP como PSOE luchan por la presidencia del Gobierno. Los populares acusan la posible ilegalidad en la cesión de diputados, aunque reconocen que esta práctica no es inédita y que el Tribunal Constitucional la ha avalado en ocasiones anteriores.

El PP, que ahora cuestiona la «validez y legalidad» de estas cesiones, empleó la misma estrategia en julio de 2016, cuando Mariano Rajoy necesitaba el apoyo del PNV y, para asegurarlo, cedió senadores para que el partido vasco pudiese constituir grupo propio en el Senado.

Meses antes, en enero de 2015, tras las elecciones de diciembre, fueron los socialistas quienes buscaron el favor de ERC y Democràcia i Llibertat — sucesora de CiU — prestándoles senadores para formar grupos propios en la Cámara Alta. En 2019, el PSOE facilitó cinco senadores a Unidas Podemos con idéntico propósito, mientras ERC cedió cuatro a Junts.

A lo largo del tiempo ha habido numerosos casos, usualmente con partidos pequeños que, a cambio de apoyo a los grandes, reciben el beneficio de tener grupo parlamentario propio. Esto conlleva ventajas económicas, así como mayor capacidad para proponer iniciativas parlamentarias e incluso mayor tiempo en los debates.

Coalición Canaria, ERC y UPyD son algunos de los partidos que han aprovechado esta práctica… Sin embargo, también ha habido rechazos, por ejemplo, cuando el Partido Popular y Ciudadanos — controlando la Mesa — negaron en 2016 la creación de un grupo con diputados de ERC, Bildu e IU. Igualmente, en 2011 los populares rechazaron uno para Amaiur.

Manipulación del reglamento

Los líderes políticos admiten que prestar diputados carece de ética porque distorsiona el resultado electoral, pero lo hacen como moneda de cambio cuando les conviene, sin reparos. En esencia, es una práctica ‘alegal’, ya que el reglamento de las Cámaras no la prohíbe explícitamente.

El artículo 23 del reglamento del Congreso de los Diputados establece tres criterios para formar grupo parlamentario: tener al menos 15 escaños; contar con cinco escaños y alcanzar un 5% de votos en el territorio; o lograr el 15% en las circunscripciones donde se presentaron. Actualmente, Junts y ERC disponen de siete escaños pero no alcanzan ese 15% de votos, por lo que requieren el apoyo temporal del PSOE y Sumar.

El punto 2 del mismo artículo especifica que «en ningún caso podrán formar Grupo Parlamentario separado diputados del mismo partido», lo que sugiere que no pueden estar en dos grupos simultáneamente, aunque la cesión es temporal, ya que una vez creado el grupo, los diputados regresan a sus formaciones originales.

Esto se interpreta con flexibilidad, ya que existe un vacío legal notable del que todos los partidos han echado mano en las últimas dos décadas.

El reglamento del Senado, en su artículo 27, indica que «cada grupo parlamentario debe contar con al menos diez senadores. Ningún senador puede pertenecer a más de un grupo parlamentario». Sin embargo, señala que un grupo no se disuelve si alcanza al menos seis senadores.

¿Por qué es crucial contar con un grupo parlamentario propio? La respuesta es afirmativa. Aunque parece una cuestión formal, disponer de grupo propio implica, entre otros beneficios, recibir una subvención mayor — 42.500 euros mensuales para Junts y ERC —, algo fundamental para la supervivencia de partidos medianos y pequeños. Además, estar en un grupo propio en vez de en el mixto otorga mayor presencia política y más tiempo para exponer propuestas en la Cámara, entre otros aspectos técnicos.