Las claves
El juez de la Audiencia Nacional ha remitiido a juicio a Francisco Granados, Javier López Madrid y David Marjaliza por presuntos arreglos de contratos públicos en el caso Púnica.
La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Granados por delitos que incluyen prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsificación documental.
La red habría favorecido a ciertas empresas mediante manipulaciones contractuales, sobrecostes y adjudicaciones irregulares en proyectos como Metro Sur, Metro Norte y Metro Ligero a Boadilla.
Granados y su entorno gastaron más de 100.000 euros en cestas navideñas pagadas con fondos públicos, además de recibir regalos y comisiones ilegales de empresarios implicados en la trama.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decidido enviar a juicio, en el marco del caso Púnica, al exconsejero madrileño Francisco Granados y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza, entre otros decenas de involucrados.
Este segmento, el número 8 de la macrocausa, se centra en las presuntas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en operaciones relacionadas con la empresa pública Arpegio y los supuestos amaños en contratos de transporte en la Comunidad de Madrid (CAM).
Durante ese período, Granados actuó como consejero de Transportes de la CAM y, después, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En esta parte de la causa, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el exfuncionario una condena de 42 años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
Similar a otras piezas juzgadas que implicaron condenas para Granados y Marjaliza, esta trama habría beneficiado a determinados negocios mediante la manipulación de contratos públicos, incluyendo sobrecostes y alteraciones en los criterios técnicos de adjudicación.
Entre los proyectos bajo investigación figuran obras relacionadas con Metro Sur, Metro Norte y el Metro Ligero a Boadilla del Monte.
En junio de 2024, el entonces instructor del caso Púnica, el juez Manuel García-Castellón, a quien reemplazó Piña, propuso procesar a Granados, López Madrid, Marjaliza y otras 40 personas en esta pieza de la macrocausa.
No obstante, la causa fue archivada para tres investigados, entre ellos, el empresario José Luis Ulibarri.
En esa resolución, García-Castellón describía un mecanismo empleado por los implicados para, supuestamente, desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes mediante el ente público Mintra-Madrid Infraestructuras del Transporte, en beneficio de la trama.
«Según la dinámica planeada, se confería a los funcionarios que redactaban los pliegos técnicos no solo la potestad de fijar precio, plazo, selección y valoración de los criterios —asegurando desde el inicio la elección del adjudicatario—, sino también la autoridad para aumentar el precio inicial y adjudicación del contrato e inclusive el plazo final, justificando las modificaciones otorgadas», resumía el juez, actualmente jubilado.
En esta misma resolución, García-Castellón señalaba que Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, destituyó a Granados del cargo de consejero de Transportes “atendiendo a la petición realizada por algunos proveedores de dicha Consejería”.
«Sin embargo, simultáneamente, le ofreció presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid», añadió el juez.
Gracias a esta «nueva organización», relataba García-Castellón, Granados «asumió nuevas funciones, ya que se trasladó a la Consejería de Presidencia la gestión de la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, que hasta entonces dependía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio».
Además, a esta compañía se le asignaron responsabilidades en la administración de parte de los Fondos Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid) y se creó la Fundación Arpegio.
«De esta forma», enfatizaba el juez, Francisco Granados recuperaba bajo su supervisión y gestión un importante patrimonio, así como «la autoridad definitiva en la adjudicación de contratos para obras civiles y actividades urbanísticas e inmobiliarias».
100.139 euros en cestas de Navidad
García-Castellón indicó en ese auto que Granados y su esposa usaron fondos públicos, a través de Arpegio, para obsequiar a amigos, conocidos e incluso a los profesores de sus hijas durante Navidad, entregando cestas navideñas en 2006 y 2007.
Estos regalos, sufragados con dinero de la empresa pública, ascendieron a un coste total de 100.139,17 euros.
El juez también detalló en la resolución de 2024 los obsequios continuos que Marjaliza entregó a Granados mientras este desempeñaba cargos públicos, entre 2004 y 2011.
Entre ellos, un apartamento en Barcelona, billetes para Ibiza, alojamientos en hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros, hallado en el altillo de la vivienda de sus suegros.
El juez García-Castellón también afirmaba en su auto que «las acciones [investigadas] también habrían generado beneficios ilícitos para el investigado Jesús Trabada, invertidos de manera encubierta en la mercantil Bustren».
«Aunque no figure nominalmente en el accionariado», para el instructor, Granados y López Madrid serían socios ocultos de esta compañía constructora.
Asimismo, el juez estimó que López Madrid obtuvo comisiones ilegales por un total de 1,2 millones de euros en esta operación y señaló que el empresario sufragaba los gastos relacionados con el uso y disfrute de un yate de recreo, propiedad formal de una sociedad de Marjaliza, pero frecuentemente utilizado por la familia de Francisco Granados.