Las claves
Un análisis de EsadeEcPol señala que disminuir la ratio de estudiantes por aula implicará un coste de 28.184 millones de euros hasta 2036 y apenas mejora el rendimiento educativo.
La mayor carga financiera recaerá sobre las comunidades autónomas, con Andalucía, Cataluña y Madrid como las regiones más impactadas.
El estudio subraya que esta medida favorece especialmente a los centros con alumnado de nivel socioeconómico elevado, sin reducir la brecha de desigualdad.
Esade aconseja canalizar los recursos hacia escuelas de alta complejidad y en acciones como tutorías intensivas o incrementos salariales para docentes en zonas vulnerables.
La disminución en el número de alumnos por aula fue promovida con gran énfasis durante la gestión de la exministra Pilar Alegría y ha vuelto a ser un asunto prioritario para su sucesora, Milagros Tolón. De hecho, es uno de los pocos proyectos legislativos relevantes que el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a aprobar antes de las próximas elecciones.
Esta iniciativa responde a una demanda histórica del profesorado, que argumenta que dividir las clases es vital para mejorar la atención y los resultados de los estudiantes. No obstante, un contundente informe divulgado este martes por el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) contradice esta idea y cuestiona la factibilidad de la medida.
De acuerdo con este detallado estudio, la reducción del tamaño de las clases implicará un esfuerzo económico enorme que recaerá directamente en los gobiernos autonómicos, representando un «coste muy elevado» junto con un «impacto prácticamente nulo en el aprendizaje del alumnado». Las comunidades autónomas asumirán una factura cercana a los 28.000 millones.
El análisis financiero de EsadeEcPol especifica que la implementación de esta nueva ley supondrá un gasto presupuestario neto promedio de 2.818 millones de euros anuales durante la próxima década, totalizando una suma de 28.184 millones de euros entre 2027 y 2036.
El punto máximo de gasto se prevé para el curso 2031, cuando la reforma estará plenamente consolidada en Primaria y Secundaria. Solo en ese año, el desembolso alcanzará los 6.549 millones de euros.
La caída en la natalidad y la reducción en el número de alumnos generará un «dividendo demográfico» que permitirá ahorrar 1.380 millones, aunque dejará un sobrecoste neto de 5.169 millones en un único ejercicio.
¿Quién afrontará esta carga financiera? Según la información derivada de la puesta en marcha operativa, serán principalmente las comunidades autónomas las encargadas de cubrir este sobrecoste.
Las entidades educativas regionales tienen la competencia y responsabilidad de gestionar las nóminas, contratar el nuevo personal docente equivalente (FTE) necesario para las aulas adicionales y llevar a cabo las obras de ampliación en colegios e institutos.
Además, el impacto será sumamente desigual: Andalucía, Cataluña y Madrid acapararán el 63% del coste total a nivel nacional.
Beneficia más a los ricos
Lejos de provocar un cambio radical en el ámbito académico, el informe elaborado por especialistas como Lucas Gortazar desmonta la creencia de que reducir alumnos por aula conlleve mejores resultados. Fundado en evidencia reciente, indica que esta medida no influye significativamente en las calificaciones, no disminuye la tasa de repetición ni mejora el bienestar de los estudiantes en el entorno escolar.
Su impacto sobre la igualdad es aún peor. Al aplicarse la norma de forma indiscriminada, conocida como «café para todos y brocha gorda», la reducción de ratios termina destinando una mayor proporción de fondos públicos a centros con un nivel socioeconómico alto.
Concretamente, el 31% del gasto se dirigirá a las escuelas más acomodadas, mientras que apenas un 22% llegará a instituciones con alumnado más vulnerable.
Esta diferencia se explica por razones geográficas y de demanda: la mayoría de las aulas que exceden los límites legales nuevos (22 en Primaria y 25 en la ESO) se sitúan en áreas urbanas con alta demanda y perfiles de renta elevados.
Mejor para el profesor
El informe reconoce que reducir el número de estudiantes por aula favorece el bienestar docente, disminuyendo problemas de conducta y alteraciones, aunque advierte que el efecto es «moderado».
Si esos miles de millones no se usaran para abrir nuevas aulas y se dirigieran directamente a los salarios, el sueldo del profesorado podría aumentar un 21%, lo que generaría un bienestar para los docentes tres veces mayor al beneficio equivalente (6%) percibido al reducir la cantidad de alumnos.
Ante este panorama, Esade insta al Gobierno a reconsiderar la aplicación universal de la ley y a reorientar los fondos hacia medidas con resultados comprobados.
En lugar de disminuir la ratio para todos, los expertos sugieren limitar la medida solo a centros con alta complejidad y emplear el resto en tutorías intensivas (como PROA+), complementos salariales para maestros en colegios vulnerables y en la creación de un verdadero MIR educativo. Esta estrategia contrasta con la urgencia electoral por lograr resultados rápidos antes de los comicios.