290 directores han presentado su renuncia, pero las recientes elecciones autonómicas han dejado a la escuela fuera de sus prioridades
Durante las últimas décadas, la educación se ha convertido en uno de los temas sociales más explotados por los políticos, sirviendo como una herramienta fundamental para construir sus discursos. Sin embargo, en los últimos años ha perdido protagonismo en la pugna ideológica. En España hay más de 10 millones de alumnos y cerca de un millón de docentes, pero los partidos no los sitúan como una prioridad, tal y como demuestra el escaso peso que la educación tuvo en las pasadas elecciones en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
Durante las cuatro campañas autonómicas se debatieron temas como inmigración, vivienda, sanidad y juventud, que actualmente concentran la discusión social, mientras que las cuestiones educativas, tanto escolares como universitarias, apenas recibieron atención, a pesar de que esta competencia está transferida a las comunidades.
Solo en Aragón se registró cierta polémica relacionada con el concierto público del Bachillerato en colegios privados, provocando un mayor debate al respecto. Sin embargo, la candidata del PSOE, que fue exministra de Educación, Pilar Alegría, evidenció la baja relevancia del tema al referirse a la «Universidad de Teruel», una institución que en realidad no existe.
La educación resulta incómoda para todos los actores políticos porque nadie parece tener claro cómo mejorar los indicadores existentes. Cuando el PP gobernaba en La Moncloa con mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de actuar, pero su Lomce fue rechazada incluso por miembros del propio partido. Tampoco lograron coordinar a sus comunidades autónomas para implementar la prometida Selectividad «común».
Alberto Núñez Feijóo ha mantenido una postura deliberadamente discreta sobre este tema, como demuestra el hecho de que en su discurso de objetivos para 2026 no mencionara ni una sola vez a la escuela o a las universidades. Tampoco Vox, Sumar o los nacionalistas contemplan la educación dentro de sus prioridades. Más allá de reiterar la cuestión del idioma de enseñanza en las aulas, han presentado pocas propuestas concretas para mejorar la situación educativa.
En la realidad cotidiana, la situación se vive de manera distinta. Mientras la escuela española registra sus peores resultados históricos en los rankings internacionales, un número creciente de familias denuncia que los alumnos concluyen la educación obligatoria sin dominar adecuadamente la lectura y la escritura, y los docentes manifiestan mayor descontento que nunca. El malestar crece y se avizora un septiembre conflictivo.
Después de la masiva huelga de docentes en Asturias el año pasado, el final de este curso está marcado por protestas en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, además de manifestaciones en toda España en el primer ciclo de Infantil, constituyendo la primera huelga educativa contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que este viernes culmina con una manifestación unitaria en Madrid.
La marea verde originada en Madrid en defensa de la escuela pública ha resurgido con fuerza 15 años después, ahora también teñida de amarillo, el color que simboliza la reivindicación en Cataluña, donde tras la huelga de febrero se disputan en mayo y junio un total de 17 días de paros, divididos por territorios y niveles educativos.
Las demandas comunes de los docentes en todas las comunidades autónomas incluyen el aumento salarial, el refuerzo de profesionales que trabajan en la inclusión de estudiantes con necesidades especiales y la reducción de la burocracia intensificada por la Lomloe. En Aragón, las protestas se centran específicamente en la financiación pública del Bachillerato privado, mientras que en Madrid, donde los docentes de todos los ciclos se movilizaron el 19 de abril, la atención se concentra en el ciclo de 0 a 3 años, que lleva más de un mes en huelga indefinida.
Dimisiones masivas
La protesta más fuerte, sin embargo, ocurre en los centros escolares de la Comunidad Valenciana, donde las quejas vienen desde hace tiempo, incluso cuando gobernaba el PSOE, a pesar de que los docentes llevan ya 10 días en huelga indefinida. Algunos profesores han señalado que pondrán un 10 generalizado a sus estudiantes de 2º de Bachillerato si no se alcanza un acuerdo con el Govern, al tiempo que 290 integrantes de equipos directivos de 157 colegios e institutos han anunciado su renuncia colectiva.
Hasta el cierre de esta edición, ya se habían sumado 138 directores, 77 jefes de estudios, 56 secretarios y 19 cargos diversos. Las dimisiones no serán efectivas hasta que sean presentadas la próxima semana ante la Consejería, que puede aprobarlas o rechazarlas, aunque los firmantes reconocen estar «conscientes del riesgo que implica» esta medida.
«Cuando decidimos dimitir no es por agotamiento ni por estrategia. Se debe a que ha llegado un momento en que la dignidad, la coherencia y la defensa de la escuela pública pesan más que el puesto», señala Jaume Olmos, portavoz del grupo de equipos directivos críticos de la Comunidad Valenciana.
«Hoy en día es más complicado ser docente que nunca», añade Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. «La escuela acumula más funciones y requerimos más recursos porque no damos abasto. Además, hay maestros compartiendo piso con desconocidos porque los salarios no alcanzan para pagar un alquiler. Todo ese malestar está presente. En los debates electorales de las últimas cuatro autonomías no se habló de educación, pero estas movilizaciones ponen sobre la mesa que la educación debe ser prioridad».
Las causas
¿Por qué, si la situación escolar es tan crítica, los políticos evitan hablar del tema? La falta de Presupuestos ha sumido al país en un estancamiento legislativo. Sin embargo, existen otras razones.
«Está relacionado con la pérdida de rentabilidad electoral», explica el politólogo Javier A. Herreros. «No es que la educación haya dejado de ser importante, sino que en un contexto dominado por la inmediatez, la polarización emocional y los problemas percibidos como urgentes, ha dejado de ser útil políticamente», añade este experto en comunicación política que ha diseñados campañas electorales en Andalucía.
«Durante años, la educación fue un tema central porque representaba un campo de confrontación ideológica claramente definido que activaba identidades políticas profundas y fácilmente reconocibles: lo público frente a lo concertado o privado, lo laico frente a lo religioso, diferentes modelos culturales y territoriales… Los beneficios políticos eran inmediatos, aunque los resultados no».
Herreros añade que «ese marco se ha agotado. Las posiciones están consolidadas, el electorado conoce qué defiende cada partido y la educación ya no genera movilización ni cambio de voto. Desde la perspectiva de campaña, es un asunto que no suma votos, e incluso puede generar más riesgos que beneficios».
¿A qué riesgos se refiere? «Primero, puede provocar conflictos con colectivos muy organizados que activen protestas o críticas que eclipsen el mensaje principal de la campaña. Segundo, obliga a abordar matices técnicos difíciles de simplificar en términos electorales, lo que diluye el discurso político general. Tercero, puede generar un desgaste ideológico sin retorno: reabrir debates clásicos moviliza a quienes ya están convencidos, pero rara vez amplía la base electoral. Estratégicamente, supone gastar energía en un terreno donde no se incrementa el voto. Por eso, muchos partidos evitan hacer de la educación un eje central en el debate electoral», explica.
«Otras prioridades sociales»
Además, en los últimos años se ha producido un cambio sociológico. Los jóvenes, antes relegados en la agenda política, han ganado un mayor protagonismo en el ámbito electoral. Este «factor generacional», señala Herreros, «ha desplazado la atención hacia otras urgencias sociales»: vivienda, precariedad laboral y salud mental son ahora las cuestiones prioritarias para los jóvenes y sus familias.
«El problema ya no es tanto la formación, sino qué sucede tras obtenerla», destaca el politólogo, quien insiste en que «para muchos jóvenes, la educación ha perdido su capacidad como promesa clara de movilidad social».
El «factor inmediatez», impulsado por el auge de las redes sociales, también es reciente. Fernando Jiménez, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, observa que «la educación requiere tiempo, mientras que las elecciones se enfocan en el corto plazo». Las leyes educativas tardan varios años en mostrar resultados, pero en España no se han podido evaluar los efectos de ninguna, ya que cada gobierno ha derogado la normativa precedente. «En las decisiones estratégicas se ha perdido por completo el sentido de Estado», concluye.
Ayuda observar los datos para comprobar que la educación tampoco es una preocupación central para la mayoría de los ciudadanos. Actualmente, se encuentra en uno de sus puntos más bajos junto al período del Covid, cuando había otras urgencias, y a los pacíficos años de Ángel Gabilondo, cuando PSOE y PP estuvieron más cerca de lograr un pacto de Estado por la educación.
Escaso interés
El último barómetro del CIS de abril muestra que solo el 5,1% de los encuestados considera la educación como uno de los tres principales problemas de España. Es la preocupación número 14 de medio centenar, muy por detrás de vivienda, crisis económica, inmigración, desempleo, corrupción o falta de oportunidades para jóvenes. Sin embargo, supera a temas como desinformación, pensiones, cambio climático o la okupación.
«La educación moviliza voto porque activa a familias, jóvenes y profesores, un grupo potente en sí mismo, pero no puedo cuantificar cuánto influye en la decisión final», comenta Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, con una década en política educativa, primero como portavoz de Universidades del PSOE en el Congreso y después como portavoz educativo en las Cortes de Aragón.
Este exalcalde de Alcañiz (Teruel) opina que «la educación interesa cada vez menos por razones demográficas, ya que afecta principalmente a niños y sus padres, y cada vez hay menos niños y padres». No obstante, lamenta la ausencia de propuestas educativas en las recientes elecciones.
«La educación solo moviliza voto cuando toca aspectos directos, como el idioma, las familias con hijos, la convivencia o las becas, o cuando se convierte en una batalla cultural o un instrumento de imposición o dominación», señala por su parte Marta Martín, catedrática de Comunicación en la Universidad de Alicante y crítica destacada de los ministros Íñigo Méndez de Vigo (PP) e Isabel Celaá (PSOE) durante su etapa como portavoz de Educación en el Congreso para Ciudadanos.
Perfil discreto intencionado
Fue entre 2015 y 2021, junto con el periodo de gobierno de José Ignacio Wert (2011-2015), cuando la educación tuvo más debate político, con la aprobación de la Lomce y de la Lomloe. Durante el Covid, la escuela concertada y la educación especial salieron a manifestarse por las restricciones que esta última ley imponía a estos modelos educativos. Este revuelo llevó a Pedro Sánchez a reemplazar a Celaá por Pilar Alegría para apaciguar la situación y dar un perfil bajo al asunto educativo. Tras la pandemia, según Martín, «la educación fue excluida de la agenda por la urgencia institucional, social y la polarización», así como por «problemas graves inmediatos que afectan el bolsillo, como la vivienda o la inflación».
Los expertos consultados coinciden en que tampoco ha favorecido poner la educación en el centro del debate que Méndez de Vigo, Celaá y Alegría hayan sido portavoces del Gobierno simultáneamente. «Los dos partidos principales que gobernaron han permitido ministros a tiempo parcial que descuidaron el área que más atención necesitaba», comenta Xavier Gisbert, exdirector general en el Ministerio de Educación durante la época de José Ignacio Wert. Reconoce, sin embargo, que la actual ministra, Milagros Tolón, tampoco impulsa el debate a pesar de que cuenta solo con competencias educativas.
Gisbert observa también una tendencia creciente a la pasividad en la última generación de representantes públicos: «Antes, la política era un servicio temporal para los mejores, pero ahora se ha profesionalizado hasta convertirse en un medio de vida para la mayoría que accede a ella, muchos sin la preparación y formación adecuadas. Los menos preparados, para mantenerse, evitan liderar iniciativas por miedo a equivocarse, dado que su futuro depende de ello».