El desalojo, originalmente programado para este martes 26, ha sido pospuesto por un mes. El Sindicato de Inquilinas advierte que estarán más organizadas frente a cualquier nuevo intento
La movilización vecinal y el respaldo de colectivos sociales han conseguido aplazar el desahucio de Ya Amou, mujer maliense que reside con sus dos hijas y su nieta recién nacida en el barrio madrileño de Lucero. La expulsión estaba prevista para este martes 26 de mayo, pero esta mañana los tribunales notificaron tanto a Ya Amou como al Sindicato de Inquilinas que queda aplazada un mes, otorgando un alivio temporal a esta familia que llegó a España en 2009 en busca de mejores condiciones.
El fondo de inversión Mona ITG, propietario actual del inmueble, ordenó el desalojo pese a que la familia carece de alternativa habitacional y se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, dado que la hija adolescente de Ya Amou dio a luz el pasado 20 de abril.
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“Este aplazamiento se ha logrado gracias a la presión sindical ejercida en los juzgados, basada en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que concede un plazo de un mes por razones de vulnerabilidad. Sin embargo, esta medida no es suficiente, pues este fondo buitre con sede en Luxemburgo rehúsa negociar un acuerdo con Ya Amou tras meses de acoso inmobiliario”, explican desde el sindicato en un comunicado. Además, la organización añade que “existe una carencia de medidas tanto por parte del Gobierno de España como de la Comunidad de Madrid para proteger a las inquilinas”.
El Sindicato de Inquilinas exige al Gobierno central tomar acciones contundentes, “dejar de favorecer los intereses de los grandes propietarios” y suspender de forma inmediata todos los desahucios. Asimismo, solicita a Mona ITG que cese el acoso inmobiliario y “se siente a negociar de forma justa” para que Ya Amou y su familia puedan conservar su vivienda. “Nos organizaremos mejor y estaremos más preparadas si intentan desahuciar nuevamente a nuestra vecina”, advierten.
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“Estrategia de desgaste”
Según relatan desde la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por numerosos impedimentos y promesas incumplidas. En un primer momento, el fondo le propuso comprar el piso por 110.000 euros y, tras reunir esa suma con mucho esfuerzo, la empresa incrementó el precio en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente logró reunir el dinero requerido, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podría comprar su vivienda para luego ir aumentando el precio hasta negarse a vender. Se trata de una estrategia clara de desgaste para forzar su expulsión”, asegura el sindicato.
Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precariedad de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio conmovedor sobre vivir con la incertidumbre de perder el hogar y un llamado a la organización colectiva.
El proceso judicial también presentó dificultades desde sus inicios. Sin dominio del español, Ya Amou acudió a los servicios sociales tras recibir la demanda de desalojo, pero no le informaron sobre cómo solicitar justicia gratuita ni sobre la obligación de personarse en el proceso, por lo que fue declarada en rebeldía y no pudo defenderse, señala el sindicato.
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El sindicato señala que el conflicto con la vivienda comenzó en 2005, cuando el esposo de Ya Amou realizó la compra. Años después, la familia acumuló una deuda hipotecaria de 5.000 euros debido a un intermediario que no efectuó los pagos al banco mientras el marido estaba en Mali. Tras perder la propiedad en un juicio, Abanca permitió a la familia permanecer como inquilinos con un alquiler social, aunque luego el piso fue adquirido por Mona ITG.