Las claves
El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz denunció ante el Senado la falta de responsabilidad asumida tras el accidente que costó la vida a 46 personas.
En una sesión, las víctimas solicitaron la renuncia del ministro Óscar Puente, quien replicó: «Yo no he soldado el raíl», dejando a los afectados desconcertados.
Las víctimas criticaron la opacidad durante la investigación y el retraso en la provisión de ayudas e indemnizaciones, destacando las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren.
Indicaron que la Oficina de Atención a las Víctimas no opera correctamente y que la ayuda recibida proviene principalmente de particulares, no del ministerio.
El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, compareció ante la comisión de investigación del Senado, en donde denunció que, a pesar de la muerte de 46 personas, nadie ha asumido “responsabilidades”.
“No comprendemos cómo a estas alturas aún no se ha hecho”, afirmó Samper, quien enfatizó que la culpa no recae en “una sola persona”, sino que existió “una cadena de errores”, y que aceptar responsabilidades “aportaría algo de tranquilidad” a las víctimas.
En particular, señaló como “responsables finales” al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Samper recordó la reunión de tres horas que mantuvieron con Óscar Puente.
“Asentía y movía la cabeza”. La asociación incluso exigió en ese encuentro su dimisión, hasta que un asesor le susurró algo y el ministro replicó: «Yo no he soldado el raíl».
Una respuesta que, según admitió Samper, les dejó «atónitos». Aunque la CIAF ha señalado que el accidente pudo haberse debido a la soldadura, por ahora el Gobierno mantiene en secreto el acta de la soldadura.
Las víctimas también reprocharon “la falta de transparencia” del organismo encargado de la investigación de accidentes ferroviarios. “Solicitamos ese borrador de informes y nos fue negado”, lamentaron.
Además, señalaron que las ayudas anunciadas por el Gobierno están “llegando con retraso”. “Hay personas que permanecen en cama, tomando morfina porque no soportan el dolor. Para eso son las indemnizaciones”, añadió, aunque reconoció que solo están cubiertos en “asistencia psicológica”.
Más de cuatro meses después, “el denominador común” en todas las víctimas son “las secuelas”. “Cuando apagamos la luz por la noche, volvemos al tren, sufrimos pesadillas, y hay personas que han pasado 3 meses sin salir de su habitación. La presión psicológica es enorme”, afirmó.
También denunció que la Oficina de Atención a las Víctimas, creada en 2012 tras el accidente de Angrois, “no está funcionando adecuadamente”.
“Necesitábamos la intervención del Gobierno desde el primer instante. Nadie se ocupó de nosotros. No requeríamos que el ministro ofreciera ruedas de prensa”, añadió.
Desde el PSOE, la senadora Paula Somalo intentó reprocharle algunas afirmaciones, como cuando Samper señaló que, para él, “viajar en tren no es seguro”.
“Comprendo el impacto emocional. Siempre permanece”, subrayó la socialista, quien responsabilizó al Gobierno de Mariano Rajoy por la reducción de inversión en el sector ferroviario y defendió que el Ejecutivo actual la está incrementando.
La representante del PSOE también intentó equiparar esta tragedia con otras y destacó que “víctimas son todas, inclusive las de la Dana”, defendiendo que en este caso “todas han sido contactadas por la subdelegada del Gobierno en Huelva”.
Samper reiteró que “las ayudas están llegando tarde, las oficinas de atención están demoradas” y que todo el soporte se mantiene gracias al esfuerzo voluntario de “dos o tres personas”, ninguna vinculada al ministerio.