Las claves
Aumenta la inquietud en el Gobierno y el PSOE debido al impacto que generan los escándalos judiciales relacionados con Zapatero y otros dirigentes, temiendo que prolongar la legislatura pueda empeorar la situación.
La caída de Zapatero golpea de manera significativa la moral del PSOE y sus aliados, provocando sensaciones de fin de ciclo y ansiedad ante la imposibilidad de retomar la iniciativa política.
El informe de la UDEF junto con las resoluciones judiciales han debilitado la defensa del Gobierno, que ahora duda sobre su capacidad para resistir el constante flujo de noticias y procesos legales.
La táctica de Sánchez de mantenerse hasta 2027 para mejorar sus resultados electorales pierde apoyo, ya que en el partido crece la idea de que el paso del tiempo solo agravará el panorama electoral y político.
La noche del domingo 17 de mayo, tras el cierre de las urnas en Andalucía, comenzó quizá la semana más crítica para Pedro Sánchez.
Los comienzos fueron negativos porque la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno no ocultaba el desastre del PSOE en su propio bastión, otro más en las recientes elecciones autonómicas.
En esa velada aún desconocían que el duelo por la esperada caída política de María Jesús Montero quedaría eclipsado por el golpe mayor: la caída de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una pérdida que podría arrastrar a Sánchez, al Gobierno, a la legislatura, a buena parte de la izquierda y a candidatos socialistas en autonomías y municipios por un tiempo, según admiten preocupados desde el PSOE y sus socios parlamentarios.
Se vuelve a percibir una sensación de fin de ciclo, con una pérdida prolongada que algunos ya consideran irreparable, acompañada de sentimientos de temor y desánimo.
Dirigentes socialistas manifiestan que esperan alguna señal de Sánchez en esta semana que comienza, aunque consideran que la situación es tan compleja que esta vez no les vale, como en ocasiones anteriores, anuncios de medidas legales, la asunción vaga de responsabilidades políticas o promesas de colaboración con la Justicia.
Por ahora, la versión oficial se sustenta en la ausencia de mensajes directos de Zapatero y en la falta de hechos ilegales o reprobables por parte de altos cargos del Gobierno o del partido.
El presidente del Gobierno comunica su intención de continuar adelante, aunque algunos ministros confiesan no saber cómo lo logrará, cómo piensa resistir hasta el verano de 2027 y cómo podrá soportar la sucesión de informaciones, declaraciones, autos, citaciones, sentencias e informes policiales que se avecinan.
A los procesos ya previstos contra Ábalos, Koldo —hermano del presidente— y su esposa, se suman ahora las actividades de Zapatero, relacionadas con millones de euros, sociedades en paraísos fiscales y gestiones más allá del lobby. La llamada «semana negra» parece interminable.
De hecho, se ha producido un cambio notable en el Gobierno y el PSOE: antes todos creían que era necesario resistir para intentar volver a las encuestas en 2027 movilizando al electorado de izquierdas, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas.
Actualmente, la sensación creciente es que el paso del tiempo no mejorará la situación, sino que la complicará, según el calendario judicial. Ese es el principal dilema y drama.
La versión oficial de Moncloa asegura que los informes de la UDEF no modifican la postura de Sánchez respecto a Zapatero. “Al contrario. Los informes confirman que no hay prueba ni indicio de delito por parte del presidente Zapatero. No existe nada anómalo o sin explicación”, aseguran, transmitiendo la posición de Sánchez.
El presidente ya ha enfrentado varias semanas difíciles desde que ocupa Moncloa, pero esta ha superado todas las anteriores por la acumulación, dado que sucede tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el impacto personal provocado por los avances en los casos de su esposa y hermano.
Además, esta vez afecta a quien era símbolo del llamado sanchismo, referente para todos los partidos que lo apoyan y, sobre todo, la figura más valorada por socialistas y votantes de izquierda.
Por ello, miembros del Gobierno reconocen que lo conocido hasta ahora sobre el caso Zapatero ya les ha hecho perder más de lo que recuperaron en los últimos meses gracias al No a la guerra, el antitrumpismo y su postura firme contra el genocidio en Gaza.
Con ese impulso habían superado el desastre derivado de la prisión de Cerdán. Sin embargo, la imputación del expresidente les ha dejado sin agenda y ha socavado la moral necesaria para la movilización esperada ante las generales. Sánchez ya usó esa carta y está quedándose sin recursos para aguantar.
El auto del juez José Luis Calama, conocido el martes, junto al informe de la UDEF (Policía Nacional) revelado el sábado, son de una «crudeza insoportable», según reconocen.
Los detalles revelados han superado todas las barreras que intentaron levantar apresuradamente durante la semana: las atribuciones a la ultraderecha, el lawfare, la falta de indicios o la conspiración estadounidense…
El lunes, el PSOE pretendía iniciar el camino hacia las generales con una estrategia basada en la interpretación de los resultados autonómicos que mostraba alguna posibilidad de recuperar votos. Para ello, debían unificar el voto útil que se dirigía a opciones de izquierda territorial.
El ‘tour’ judicial
Todo eso se ha desvanecido y, lo que resulta más grave, será complejo recuperarlo porque las pruebas judiciales intermedias serán auténticos retos especiales en el calendario.
Por ejemplo, el próximo jueves comienza el juicio contra el hermano del presidente y, en breve, estará la sentencia contra Ábalos, que el Gobierno da por segura como condenatoria y probablemente severa. Será aún más contundente si los magistrados del Tribunal Supremo logran dictar una sentencia unánime, sin votos particulares.
Gobierno y PSOE están estos días atravesando las cinco fases clásicas del duelo: negación o rechazo a aceptar la realidad, ira o enfado hacia terceros, negociación o búsqueda de atenuantes, tristeza o sufrimiento emocional y, finalmente, aceptación o integración para continuar. Todo ello en el transcurso de una semana.
Comenzaron con la negación el primer día, cuando desde Moncloa afirmaron erróneamente que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero derivaba de una denuncia errónea y con apenas unas ligas a publicaciones del grupo ultraderechista Manos Limpias.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantuvo esa versión el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, aunque los periodistas le señalaron que se trataba de un bulo y que la información era falsa.
Oficialmente desde el PSOE también se argumentó que se trataba de un caso de uso político de la Justicia: lawfare.
Pero esa explicación cayó rápidamente al conocerse el auto del juez José Luis Calama.
Con la revelación del informe policial el sábado, la defensa tendría que haber recurrido a la conspiración de las Fuerzas de Seguridad del Estado para sostener esa hipótesis que ya nadie defiende en público.
En el segundo día llegó la ira, con un argumento fabricado y difundido por el Gobierno para sembrar sospechas sobre dirigentes del PP, incluidos Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, asegurando que hablaron semanas antes de la investigación a Zapatero.
Pero el PP no reveló nada desconocido. Los socialistas omitieron que para entonces ya se habían publicado noticias sobre Zapatero, la empresa Análisis Relevante, su socio Julito Martínez y la actividad de las hijas del expresidente.
Negación y depresión
En el tercer día, la negación los llevó a buscar responsables externos: incluso se habló de la posibilidad de que Donald Trump intentara desestabilizar al Gobierno por el rechazo de Sánchez a la guerra en Irán.
Se insinuó que la colaboración de autoridades estadounidenses en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción tenía mala intención. Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, apoyó esta teoría conspirativa.
Esto a pesar de que las intervenciones telefónicas que motivaron la ayuda estadounidense e inicio del proceso en España se realizaron bajo la presidencia de Joe Biden, según detalló la Cadena Ser el sábado.
También apareció el argumento de defensa que apunta a que nunca se investigaron los negocios de José María Aznar y Felipe González.
Sin embargo, este argumento coloca a Zapatero, sin querer, al mismo nivel que quienes para ellos son «enemigos políticos».
Así, se desviaron a debates secundarios como las reformas legales para regular las actividades de los expresidentes o sobre los lobbies y grupos de influencia.
Lo último parte del argumento para justificar a Zapatero, explicando sus actividades como habituales para cualquier consultor o lobista.
El problema es que esto implica acusar al expresidente de mentir y ocultar, ya que él siempre ha negado haber hecho gestiones para Plus Ultra.
Sostienen que ni el auto judicial ni el informe de la UDEF describen ninguna actuación ilegal o indebida del Gobierno ni de Sánchez mismo.
Este argumento les servirá en el futuro para distanciarse del expresidente del Gobierno, un clásico en escándalos políticos que, en este caso, parece difícil de mantener.
Es evidente que toda la semana para los socialistas ha estado marcada por la etapa de depresión, palpable en los rostros del propio Sánchez, sus ministros y diputados. Así comenzarán esta y probablemente las próximas semanas.
Nadie ha intentado ocultarlo. Por lo que significa y porque, aunque siguen sin aceptar que el auto judicial incluya indicios de delito, han visto cómo su símbolo moral y ético se asocia a personas no recomendables, con manejos sospechosos de dinero e incluso con el uso para negocios de sus hijas, quienes gestionan una empresa con ingresos elevados.
Es decir, algo se ha roto para ellos, porque desde la ética creen que nada será igual, incluso si el proceso judicial concluye sin consecuencias. El mito ético se ha desplomado, aunque saben que deben seguir defendiéndolo o, al menos, intentarlo, conscientes de que nada será como antes.
También han alcanzado la fase de aceptación para integrar la desgracia y continuar con la legislatura hasta el próximo año, aun sabiendo que todo será más complejo y admitiendo que no podrán imponer su agenda debido a los escándalos.
Reconocen que el Parlamento está bloqueado y observan cómo sus aliados se resguardan y ya piensan en distanciarse de cara a las generales. También les preocupa que la inquietud en el PSOE andaluz tras la derrota del domingo pueda derivar en consecuencias.
¿Confesará Julito Martínez?
Se preparan para resistir en un ambiente de incertidumbre porque creen que puede haber más sorpresas en el sumario y, como suele ocurrir en estos casos, no descartan que alguno de los implicados «cambie de bando», confiese y colabore. Por ejemplo, Julito Martínez, el amigo de Zapatero, considerado por algunos socialistas como el punto más débil.
Desde Moncloa no creen que los socios terminen la legislatura, pues Vox sigue siendo su salvavidas. Ningún aliado puede permitirse votar una moción de censura con Santiago Abascal, aunque en privado algunos admiten que existen motivos.
El problema para Sánchez es que algunos están atrapados entre esa realidad y el miedo a ser arrastrados por los escándalos.
Vox vuelve a ser el apoyo del Gobierno debido al rechazo que provoca en Junts y PNV. Resulta tóxico para los dos partidos que podrían respaldar la moción.
Por ello, Moncloa y el PSOE centran la atención en el PP y la presunta moción de censura. De hecho, explican que les gustaría que Feijóo la presentara sin apoyos, ya que eso les permitiría fortalecerse y atraer la atención sobre el PP en lugar de sobre Zapatero.
Respecto al sumario, el Gobierno mantiene que no hay indicios contra Zapatero porque no existen conversaciones directas suyas, ni referencias a cargos específicos supuestamente presionados, ni pruebas de que Julito Martínez actuara coordinadamente con el expresidente. Intentan sostener esta posición incluso tras conocer el informe de la UDEF.
De acuerdo con su abogado, el Gobierno ha solicitado a Zapatero que suspenda sus declaraciones públicas antes de acudir a declarar ante el juez el 2 de junio.
El presidente ha aceptado mantener silencio por ahora, similar a lo ocurrido con Santos Cerdán, quien anunció una rueda de prensa tras conocerse el informe incriminatorio de la Guardia Civil y aún no la ha realizado un año después.
El duelo continuará con la llegada del sumario, con la declaración de Zapatero el 2 de junio y cada nuevo sobresalto judicial. Un año de duelo, recorriendo todas sus fases.