El abogado Miguel Palomero presumió ante el dueño de la aerolínea de conocer a la fiscal jefa, argumentando que “es necesario proteger a jueces, policías y funcionarios”
El reporte elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que Infobae ha tenido acceso, reconstruye el proceso mediante el cual los directivos de Plus Ultra lograron obtener ayudas públicas destinadas a mitigar los daños ocasionados por la covid en las aerolíneas debido al confinamiento. La empresa, investigada por la Audiencia Nacional, recibió estas ayudas “al margen de los procedimientos legales establecidos” en dos desembolsos separados: una primera asignación de 19 millones de euros y otra de 34 millones, sumando un total de 53 millones. No obstante, el segundo pago fue suspendido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en el curso de la investigación.
El informe revela una charla entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y su abogado Miguel Palomero, donde discutían “crear un Kitchen Gabinet” para entorpecer la investigación judicial. Según el documento, el 20 de mayo de 2021, Palomero le comunicó a Reyes que al día siguiente indagaría para saber “cómo es la juez del 15”, ya que “la instrucción resulta crucial”, y enfatizó que “la fiscal jefa es amiga” y que “hay que detener esto”.
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“Exactamente”, respondió Reyes, agregando que el accionista de Plus Ultra recomendó conversar con Julio Martínez —presidente de la aerolínea— para paralizar el proceso. “Hay que formar un Kitchen Gabinet”, concluyó Palomero.
Estas dos figuras claves, según consta en el informe, fueron los artífices de establecer contacto con el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con el fin de acelerar el rescate de la empresa. En marzo de 2020, Rodolfo Reyes consultó a Palomero sobre posibles estrategias “a nivel político” para obtener acceso a las ayudas públicas. “Tocamos a Ábalos”, respondió el abogado. En diciembre de ese mismo año, Palomero reiteró el valor de manejar la Justicia: “Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionario jeje”.
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El trasfondo de las conversaciones se complicó en mayo de 2021, cuando la segunda partida de ayuda pública, de 34 millones de euros, fue congelada. “Hay que detener esto”, afirmó rotundamente Palomero a Reyes. En ese momento intervino Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra, a quien se le consultó sobre la manera de proceder ante la Justicia.
Cómo se convirtieron Zapatero y sus hijas en los principales beneficiarios del caso ‘Plus Ultra’
La UDEF expone en su informe una estructura de empresas offshore y filiales internacionales diseñada para dificultar el rastreo de los fondos, que finalmente beneficiaron a José Luis Rodríguez Zapatero y su familia cercana. El documento señala que se realizaron incautaciones de comunicaciones, análisis de correos electrónicos y movimientos bancarios que evidencian la conexión de la red con diversas entidades políticas y financieras.
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Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, aparece como administrador en varias sociedades ubicadas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. De acuerdo con el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Martínez manejó un total de 39 empresas entre 2020 y 2024, de las cuales 20 están inactivas, ya sea por baja o por no presentar declaración de Impuesto de Sociedades ni actividad económica. En todos estos casos, la policía detectó que las cuentas en el extranjero recibían ingresos asociados al núcleo comercial investigado.
No obstante, las pesquisas policiales señalan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el principal líder. “Esta red organizada estaría encabezada y sostenida en los vínculos de José Luis Rodríguez Zapatero”, indica el informe. Las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, figuran como administradoras de WhaTheFav, entidad que recibió al menos 239.755 euros de Análisis Relevante S.L., además de transferencias superiores a 561.000 euros provenientes de Inteligencia Prospectiva y otros importes enviados directamente por Gate Center y Thinking Heads.
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La Policía Nacional intervino una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el contexto del ‘caso Plus Ultra’, con la presencia de su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)
La documentación presentada ante Hacienda y en el ámbito bancario se basaba únicamente en contratos y facturas generadas por la red, sin evidencia de contraprestaciones reales en cada caso. Asimismo, el informe examina expedientes que revelan métodos recurrentes para lavar fondos: contratos falsos, facturación simulada, triangulación de pagos y modificaciones en los conceptos de las facturas durante su trámite. Además, la red utilizaba administradores formales que solo figuraban para dar apariencia de legalidad a la estructura financiera, actuando en realidad como testaferros.