La investigación policial señala al expresidente y su familia como principales beneficiarios económicos, utilizando documentación falsa y estructuras societarias en el extranjero
El reporte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, al que tuvo acceso Infobae, identifica al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el cabecilla de una red que gestionó ayudas públicas destinadas a Plus Ultra y otros clientes. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción ha constatado la existencia de una organización liderada por Zapatero, especializada en ejercer influencias ilegítimas para la obtención de fondos públicos para la aerolínea.
Según el informe, la estructura jerárquica detectada ubica a Zapatero en la cabeza, apoyado por Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo García, quienes supervisaban la labor de diversos gestores administrativos. La red habría enfocado su actividad en asegurar ayudas públicas para Plus Ultra por un monto superior a 53 millones de euros. Las vías de influencia, conforme a la UDEF, habrían sido dos: la primera, mediante el abogado Miguel Palomero de Juan y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, con intermediación de Koldo García Izaguirre. La segunda conecta a los responsables de la aerolínea con Zapatero a través de Fajardo García y Martínez Martínez.
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El centro de la operativa giraba en torno a la formalización de contratos de asesoría ad hoc y la utilización de intermediarios cuya función era trasladar la influencia a los niveles ministeriales y a la dirección de la SEPI. La red mantenía comunicaciones privilegiadas y contacto directo tanto con funcionarios públicos como con ejecutivos bancarios desde marzo de 2020 hasta la concesión favorable de la ayuda.
Las transferencias de fondos desde Plus Ultra hacia el entorno de la red se efectuaban por medio de un entramado de sociedades pantalla. Según el informe de la UDEF, Julio Martínez Martínez gestionaba la recepción de pagos directos de Plus Ultra (por un mínimo de 598.910 euros), además de pagos que se canalizaban mediante empresas interpuestas. Sin embargo, la pesquisa no ha encontrado personal ni pruebas materiales que respalden la prestación efectiva de los servicios afirmados.
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La investigación policial identifica a Zapatero y su familia como principales beneficiarios
De acuerdo con la documentación recopilada por la UDEF, el esquema contemplaba la creación y puesta en funcionamiento de sociedades offshore y filiales en el extranjero como método para dificultar el rastreo de los fondos hacia Zapatero. La información detallada en el informe de la UDEF se obtuvo mediante la intervención de numerosas conversaciones que evidencian las gestiones empresariales con varias instituciones políticas y bancarias, junto con el análisis de correos electrónicos y movimientos bancarios.
El amigo personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez, figuraba como administrador de varias sociedades y fondos establecidos en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. En la orden de imputación contra el expresidente, difundida por la Agencia EFE, se indica que Martínez controló un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024. De estas, 20 se encuentran inactivas, ya sea porque fueron dadas de baja o porque no presentan declaración del Impuesto de Sociedades, o el importe neto de su facturación es cero.
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En todos los casos, la Policía detecta movimientos en cuentas bancarias en el extranjero financiadas con fondos generados por la misma actividad comercial, según el documento revisado por este medio. No obstante, la investigación señala como principales beneficiarios económicos a José Luis Rodríguez Zapatero y a su núcleo familiar directo.
La empresa WhaTheFav, gestionada por las hijas del expresidente (Laura y Alba Rodríguez Espinosa), recibió al menos 239.755 euros provenientes de Análisis Relevante S.L.; además de transferencias adicionales que superan los 561.000 euros originadas en Inteligencia Prospectiva, junto con montos directos de Gate Center y Thinking Heads. La justificación de dichos movimientos ante Hacienda y las entidades bancarias se sustentaba exclusivamente en un conjunto de contratos y facturas generadas por la propia red, sin registro de actividad real que ampare los pagos efectuados.
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La ayuda de 53 millones a Plus Ultra esquivó la deuda que la empresa tenía con la Seguridad Social
Los documentos analizados revelan la canalización sistemática de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura de la red, blanqueando ingresos mediante contratos ficticios y adoptando una facturación creada expresamente para este fin. La UDEF describe métodos como la triangulación de pagos o la modificación de conceptos en las facturas, ajustándolos “sobre la marcha”, además de la utilización de administradores formales que cumplían exclusivamente la función de prestatarios o testaferros.
Por otra parte, el informe detalla cómo Plus Ultra logró la ayuda pública a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, presentando certificaciones y documentación contradictoria respecto a su deuda con la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) certificó la existencia de una deuda significativa en el momento de la solicitud y emisión de los certificados, en contraposición con los documentos presentados ante la SEPI. La investigación confirma la posible alteración material en los expedientes, con carpetas vacías, incoherencias documentales, discrepancias entre archivos provenientes de distintos organismos y el uso de datos falsos para cumplir criterios esenciales.
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Todo esto se desarrolló en un contexto en el que Plus Ultra habría recibido negativas previas de diversas entidades financieras para la concesión de créditos ICO, lo que motivó la intervención de la red de influencia para revertir la evaluación adversa ante los órganos públicos, indica el informe.
La actividad de la red no se limitaba a Plus Ultra. Extendió sus métodos de influencia y mecanismos de retorno a otras compañías sin relación operativa aparente con la aerolínea, procesando transferencias de varios cientos de miles de euros sin que existiera justificación documental o un volumen de operaciones acorde a dichos movimientos.
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