España, Italia y Grecia han cuestionado las salvaguardas a las importaciones de arroz incluidas en la medida por considerarlas insuficientes
Comercio condicionado al control migratorio. Esa es la reforma que los ministros de Comercio de la Unión Europea impulsaron este viernes, estableciendo que las preferencias comerciales que permiten a los países en desarrollo exportar a la UE con aranceles bajos o nulos dependerán de la cooperación en el control migratorio y la readmisión de personas deportadas a partir de enero de 2027.
El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2025 por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo y, tras la aprobación de los Estados miembros, se activará un procedimiento que asegura su vigencia oportuna. En 2023 se frustró un intento previo del acuerdo debido a la oposición de varios eurodiputados, pero con la renovación del Parlamento, la propuesta se reactivó con “criterios más rigurosos”.
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Así, la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) permitirá a la UE retirar las ventajas arancelarias a un país concreto que no colabore con la Unión Europea en la “readmisión de sus nacionales”. Además, la Comisión Europea supervisará el cumplimiento de dichas obligaciones y será la autoridad encargada de actuar, aunque deberá informar con transparencia al Parlamento y al Consejo sobre las posibles decisiones adoptadas.
La Comisión ha adelantado algunos criterios que señala la normativa para congelar las reducciones arancelarias, entre ellos que debe iniciarse un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero “de al menos doce meses” antes de aplicar cualquier medida. También está previsto un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la “condicionalidad de readmisión” aplique a los países menos desarrollados.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destaca la importancia de la regularización migratoria, haciendo hincapié en la demanda de distintos sectores. Señala que la migración resulta fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.
La revisión del marco comercial con los países en desarrollo impondrá requisitos más estrictos en materia de Derechos Humanos y medio ambiente, además de conferir al programa una mayor supervisión y transparencia. En este sentido, Bruselas ampliará la lista de convenios internacionales relacionados con Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán respetar los participantes en el programa, y establecerá un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de incumplimiento.
Salvaguardas para el arroz, textil y etanol
El nuevo marco de preferencias comerciales —aún pendiente de aprobación— presenta otras modificaciones, como salvaguardas específicas para las importaciones de arroz, textiles y etanol. En el sector textil, considerado “sensible”, el mecanismo se activará automáticamente si se supera el umbral de importaciones establecido para un determinado país exportador.
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Grecia, Italia y España, que representan el 85% de la producción de arroz en la UE, han expresado críticas ante este mecanismo, calificándolo de insuficiente para proteger eficazmente este cultivo: “Se ha mostrado flexibilidad en la búsqueda de un acuerdo, pero la combinación entre una revisión anual de los umbrales y un aumento del 45% haría prácticamente inviable la activación de esta salvaguardia”.
Respecto a las importaciones de textiles y etanol, el acuerdo establece salvaguardas dirigidas a los países del Sistema de Preferencias Generalizadas, que solo se aplicarán si el valor de las importaciones de ese país supera el 6% del total de las importaciones de dicho producto en la UE y el 47% de las importaciones procedentes de todos los beneficiarios del SPG.
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