Las claves
El Tribunal Supremo ha denegado la suspensión de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno central.
Únicamente la Comunidad de Madrid y Vox han sido reconocidos con legitimación activa para interponer recurso, aunque el Supremo rechazó sus solicitudes.
Más de 550.000 inmigrantes irregulares ya han solicitado esta regularización, y aproximadamente 91.000 peticiones han sido tramitadas con permisos temporales de trabajo otorgados.
Vox y la Comunidad de Madrid expusieron posibles impactos en los servicios públicos y el gasto social, pero el Supremo decidió no suspender la medida.
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión cautelar de la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno central impulsó mediante decreto.
Así fue anunciado esta tarde en un comunicado por el TS, tras haber celebrado esta misma mañana una vista sobre medidas cautelares.
Varias organizaciones recurrieron al Supremo solicitando la suspensión provisional de esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, una petición que reiteraron apenas horas antes.
La Sala Tercera respondió rápidamente: reconoció legitimación activa sólo a dos recurrentes —la Comunidad de Madrid (CAM) y el partido político Vox—, y en ambos casos desestimó sus demandas.
También pidieron la suspensión cautelar del decreto las organizaciones Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia.
El Supremo no les concedió legitimación activa para recurrir a ninguna de las tres, considerando que, en atención a su naturaleza y función, no están habilitadas para impugnar el decreto del Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes irregulares.
Por ello, el Supremo ni siquiera analizó las solicitudes de estas tres entidades, aunque sus argumentos eran similares; sí se pronunció respecto a Vox y la CAM, rechazando sus pretensiones.
La decisión representa una victoria para la Abogacía del Estado, que afirmó hoy ante el tribunal que 550.000 inmigrantes irregulares ya han solicitado la regularización, cuando aún faltan más de 30 días para que finalice el plazo, el 30 de junio.
De estas solicitudes, alrededor de 91.000 ya fueron procesadas y las personas que las presentaron recibieron un permiso temporal de trabajo.
Esta mañana, el abogado de la Comunidad de Madrid solicitó al Supremo suspender provisionalmente el decreto, argumentando que «una vez concedida la residencia a los beneficiarios», una eventual sentencia que anulara la medida no podría revertir los efectos ya generados.
El letrado de la CAM pidió además «esperar» a que se analice en profundidad el plan gubernamental para evitar un potencial «colapso» en la administración si la medida se aplica de inmediato, y advirtió de las dificultades que esto ocasionaría en la gestión de la sanidad pública y los servicios sociales.
«En la Comunidad de Madrid se regularizarán, como mínimo, 255.000 personas…«, señaló el abogado.
También calificó de «irreal» la estimación del Ejecutivo de que la medida tendrá escaso impacto en los presupuestos de las Comunidades Autónomas. «La CAM no busca perjudicar a estas personas [beneficiarios de la regularización], sino garantizar certeza jurídica», concluyó.
Poco antes, en representación de Vox, intervino el eurodiputado Jorge Buxadé.
El dirigente —quien además fue abogado del Estado en excedencia— subrayó que los partidos políticos sí poseen legitimación para recurrir una decisión administrativa cuando defienden un «interés específico» propio.
En esta ocasión, Vox alegó la «incorporación de un millón de residentes legales» según sus cálculos, a las estadísticas oficiales, indicando que afectará, en el futuro, «al derecho al voto, tanto activo como pasivo» y a la composición de «todos los Parlamentos autonómicos».
«Nuestro partido ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un eje central de su programa; es un compromiso propio», defendió el eurodiputado, que también mencionó el «aumento significativo del gasto social» que supondría esta regularización masiva.
«Con la residencia legal adquirida, se obtienen los mismos derechos en salud que un ciudadano nacido en España. El Gobierno no ha hecho esfuerzos para cuantificar esto; carece de Presupuestos desde hace tres años…», criticó.
Jorge Buxadé alertó también sobre el «déficit de 700.000 viviendas existente hoy en España». «Si se regularizan un millón de personas, ¿cuál será entonces ese déficit?», cuestionó. «¿Cuál es la urgencia de esta medida? Para esquivar el Pacto Europeo de Migración», concluyó, en contraposición a los argumentos de la Abogacía del Estado, que sostiene que la regularización masiva no viola la normativa de la UE.